El Nacional
Marcos Tarre Briceño
28 de febrero 2016
La presencia cada vez más evidente de las “megabandas” en las calles de Venezuela, expresadas a través de amenazas y paralización del comercio y las actividades normales en Maracay o Porlamar por los funerales de jefes de bandas; por la reproducción en regiones del país, muchas de ellas abandonadas por el Estado en el fallido plan de “zonas de paz”, del esquema delictivo impuesto por los “pranes” en las cárceles; que según el Observatorio de Delito Organizado 51 bandas operan en 10 estados del país, dedicadas principalmente al tráfico de drogas, al secuestro, a la extorsión, al contrabando y a la legitimación de capitales. Las “megabandas” son quizás la más reciente estructuración de delincuencia organizada, surgidas en el año 2015. La respuesta del Estado ha sido improvisada, únicamente represiva y muchas veces violatoria de derechos humanos, a través de las operaciones de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, que no han logrado realmente disminuir la criminalidad y que, según la periodista Vanessa Moreno Losada, ha generado una “guerra silenciosa entre policías y delincuentes” que ha cobrado más de 200 vidas solo en enero de 2016…
Muchos venezolanos podían creer que la delincuencia organizada es una actividad criminal que se desarrolla en ciertas esferas, en restringidos ambientes, tales como los relacionados con el lavado de dinero, macrotráfico de drogas o secuestro a personas acaudaladas y que, si no se tiene relación directa con esos ámbitos, o no reúne los perfiles cómo víctima, no le afecta mayormente. Las encuestas de percepción de delincuencia organizada destacan que la gente aún no establece una clara relación entre los altos niveles de inseguridad y violencia, los principales problemas del país para la mayoría de los ciudadanos, y la presencia de delincuencia organizada. Esta ausencia de correlación del ciudadano entre un factor determinante para la presencia del delito y el delito en sí mismo, también se evidencia con la corrupción. Muchos en nuestro continente la consideran más como una “viveza”, no genera el rechazo social adecuado y no se asocia como principal faciltador de la delincuencia organizada y multiplicador, tanto directa como indirectamente, de la inseguridad, criminalidad y violencia.
La penetración, consolidación y expansión de la delincuencia organizada ha sido incesante, engranando con las estructuras de poder, el mundo financiero, el mundo militar y el mundo criminal, afectando notablemente la gobernabilidad, a la sociedad, a la ciudad, a las comunidades, familias y personas. Para citar un solo ejemplo, en lo que va del año han sido detectados cuatro casos distintos de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana involucrados en tráfico de drogas…
En Venezuela, nación que en pocos años se ha convertido en el segundo país del mundo con mayor tasa de homicidios según las Naciones Unidas, vemos un claro paralelismo entre el fortalecimiento de la delincuencia organizada en el país, y el desmesurado incremento de violencia. Entre 34,4% y 55,1% de los 27.000 homicidios que se registran al año, estarían relacionados con delincuencia organizada.
Sin embargo, el análisis de la delincuencia organizada en Venezuela, en sus múltiples y complejas facetas es incipiente. Poco se sabe de ella, y se dificulta su estudio, en un país en el que el gobierno ha prohibido la difusión de estadísticas delictivas, imperan el secretismo y la falta de transparencia dificultan cualquier aproximación al tema; existen niveles intolerables de corrupción e impunidad, la separación de poderes es solo un formalismo y la Asamblea Nacional no cumplió con sus básicas funciones de indagación y control durante demasiados años.
Si bien el fenómeno de las “megabandas” es reciente y quizás la forma más “visible” del crimen organizado, el problema no es nuevo. Además de 14 modalidades detectadas de delincuencia organizada que ya operaban en Venezuela antes de 1999, y que no han dejado de crecer y consolidarse; a partir de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, bajo el manto de poderosas redes de corrupción y de una desmesurada impunidad, han aparecido 12 nuevas modalidades. Estas actividades ilícitas generan muchísimo dinero y sus operadores, muchos de ellos engranados con factores de poder, se opondrán frontal y quizás hasta violentamente a cualquier cambio que los afecte. Por lo pronto, pocas de esas ilícitas pero enormes cantidades de dinero se intentan legitimar sino que más bien se reinvierten en el “negocio” para hacerlo más poderoso o se abren nuevas áreas delictivas, en una especie de retroalimentación que genera más y más actividades criminales y por lo tanto mayor inseguridad.
Quizás el fenómeno de las “megabandas”, tan crudo y a flor de piel, haga cambiar la percepción de los ciudadanos y de los dirigentes políticos y sociales y se comience a evidenciar y entender que parte fundamental del auge de la criminalidad en Venezuela y la pérdida casi total de seguridad ciudadana se debe a la delincuencia organizada, permitida, tolerada y a veces hasta auspiciada por el Ejecutivo nacional; y se busque y encuentre las formas más asertivas para combatirla a corto, mediano y largo plazo. El estudio sistemático y a fondo de este fenómeno y el impacto que produce sobre el país y su gobernabilidad es urgente y prioritario para la prevalencia de la sociedad civil sobre la “incivil”.
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