Durante estos seis meses de la cuarentena extendida por el Coronavirus, uno de los delitos de tendencia en Caracas es la ocupación ilegal o invasión de edificaciones privadas, en las que participan grupos irregulares armados llamados colectivos. Desde que se decretó la contingencia en el país por la pandemia, se han perpetrado más de 32 intentos de invasiones solo en el municipio Libertador, en conjuntos residenciales, locales de oficinas, comercios y pequeñas industrias.
De acuerdo con los casos que hemos venido registrando de la prensa, y de conversaciones con voceros, se denuncia en estos hechos la acción violenta de los colectivos. Esto significa que se viene observando un incremento de los delitos de violación a la propiedad privada, acompañado por la amenaza de estos grupos irregulares armados con el objeto de ocupar y apropiarse de los espacios, y, en algunos casos, desalojar a sus propietarios o inquilinos, apoyados por concejales seguidores del régimen y funcionarios policiales.
La incursión en los inmuebles de los colectivos armados fue promovida a raíz del Plan Ubica tu Casa, en 2018, realizada por integrantes del partido oficialista, que en principio buscaban elaborar una estadística de los inmuebles desocupados por propietarios que migraron del país en busca de mejores condiciones de vida. Los propósitos de ese Plan se extienden coincidiendo con el XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico en septiembre 2019. En este sentido, el censo contó en su primera fase con un levantamiento de información inmobiliaria, que incluyó un conteo de los inmuebles de residencia, comercios o locales existentes en todo el país, realizado por grupos civiles afectos al gobierno. La información de locales y apartamentos vacíos sería manejada por estos grupos armados, que sabían dónde estaban ubicados para tramar, en consecuencia, la toma de varios inmuebles que están vacíos o cuidados por parientes, de locales comerciales y pequeñas empresas semi-paralizadas por la cuarentena. El modus operandi en la ocurrencia de estos delitos se hace, en casi todos los casos, en grupo de 30 y 40 personas, en la madrugada, rompiendo candados y cerraduras, destrozando puertas y mobiliario, algunas veces con mujeres y niños para evitar el desalojo, y la ocupación se ejecuta agrediendo a personas que se encuentran en estos edificios.
La mayor incidencia de invasiones ha sido en el centro de Caracas. En la parroquia Catedral se produjeron varios intentos que pasaron a consolidarse, entre estos dos edificios de oficinas: uno ubicado en la avenida Fuerzas Armadas y otro en la avenida Urdaneta donde funciona la emblemática sede del Centro Contable, que fueron ocupados ilegalmente por personas vinculadas a las comunas y los colectivos armados de la zona. Aunque la presión ciudadana logró que la Policía de Caracas desalojara a los ocupantes en uno de estos dos edificios, los funcionarios impidieron a los dueños acceder a sus instalaciones; la toma se hizo paulatina, hasta que el grupo se apoderó completamente de los espacios.
Los intentos de invasión se repiten en otras parroquias, como sucedió con la Mansión Forever en la Alta Florida, que fue tomada por dirigentes comunales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), apoyados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y con autorización de la alcaldesa del municipio Libertador, como ha ocurrido en otros casos. En términos de un resguardo y posible uso de esta mansión por medidas sanitarias, la toma se hizo sin que el inmueble pertenezca al Estado, ni con la autorización del propietario. En pocos casos, la acción ejercida por la ciudadanía logra ser un mecanismo de contención para evitar la ocupación de los inmuebles; esto se logró con el Hotel Cajigal en San Bernardino, donde una fuerte presión y prolongada vigilia con el forcejeo de los vecinos del sector impidió su apropiación definitiva.
Este patrón se va haciendo recurrente junto a otros delitos como la amenaza con armas, agresiones, toma violenta de los edificios e instalaciones, robo de equipos, herramientas e insumos. Uno de estos casos fue lo acaecido con las industrias que estaban activas, desde hace más de 30 años, ubicadas en un edificio de la avenida Victoria. Los grupos irregulares irrumpieron y apagaron todas las luces, cerraron con candado desde adentro y se negaron a salir cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) intentaron negociar con los tomistas, pero además a estos policías les solicitaron retirarse del lugar. Los pequeños empresarios afectados han declarado que no hay familias habitando estos espacios, que además no están acondicionados para vivir, y el grupo invasor sigue ocupando el edificio para rastrear otras edificaciones y acometer estos delitos.
Los intentos de violación a la propiedad privada persisten y los propietarios afectados buscan ejercer sus derechos y hacer presión apegados a la Constitución, exigiendo la aplicación de la normativa jurídica, pero observamos, lamentablemente, que en muchos casos pierden sus propiedades. Las denuncias de los propietarios no han tenido respuesta de las autoridades; éstos se sienten desprotegidos en su derecho y desconocen el procedimiento a seguir para recuperar el control de sus propiedades. Esta grave situación permite apreciar que existe una política de violación al derecho de propiedad privada, con acciones fuera del marco jurídico, apoyada por intereses políticos que promueven la intervención, en la mayoría de los casos, de grupos irregulares armados, para someter a los propietarios e inquilinos y apropiarse indebidamente de sus espacios e instalaciones.
Cabe destacar que la propiedad privada está protegida en nuestra Constitución actual en varios artículos. En uno de éstos se asegura este derecho, aunque dice que ésta puede estar sometida a restricciones, condiciones y obligaciones que establece la ley por causa de utilidad pública o de interés general (artículo 115), pudiendo ser expropiada solo bajo “justa indemnización” y por un “interés social”. En términos de lo que establece este artículo de la Constitución, en las denuncias de los vecinos, inquilinos y propietarios de los inmuebles ocupados ilegalmente, se insiste en la defensa del derecho a salvaguardar sus inmuebles, así como el derecho a resguardar los espacios privados que poseen en estos recintos residenciales o de trabajo, en los que tienen sus bienes y pertenencias.
Las razones declaradas en los medios para incurrir en estas tomas o invasiones de edificaciones en Caracas, han variado según las circunstancias. En las primeras invasiones, incluso antes de la pandemia, el grupo de personas señala que no tenía vivienda y esto aún se indica en algunos casos; en el actual escenario de contingencia por la pandemia, los motivos se dirigen al control social con medidas de salud. Aun así, en estos casos, lo que sigue revelándose en estas ocupaciones ilegales son las mismas formas delictivas de operar con la violencia, bajo la presencia e intervención de grupos irregulares armados apoyados por autoridades. En consecuencia, estas situaciones contribuyen a la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad y el menoscabo del Estado de Derecho en el país.
Observatorio Venezolano de Violencia en Región Capital (OVV Región Capital)