Prensa OVV Bolívar
En reiteradas oportunidades desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar), así como desde otras organizaciones de la sociedad civil, se han denunciado situaciones que se traducen en la afectación de los derechos más fundamentales de la niñez y adolescencia en el estado, y que en el contexto pandemia se han agudizado.
De acuerdo con el monitoreo e intervención de las principales agencias humanitarias y ONG´s que hacen vida en la entidad, desde marzo de 2020 se han exacerbado las condiciones de vulnerabilidad que afrontan los niños, niñas y adolescentes (NNA) de Bolívar. Temas asociados a la deserción escolar, NNA en situación de calle o al cuidado de terceros, movilidad irregular de éstos hacia estados o localidades en busca de mejoras de vida, intercambio de sexo por alimentos, prostitución y trabajo forzado, así como el aumento de la victimización -en algunos casos de violencia basada en género- son los flagelos más recurrentes que afectan a este grupo poblacional.
Respecto a este último tópico, entre los meses de marzo y abril, de los 62 casos de violencia basada en género reportados, en al menos 10 las víctimas han sido niñas y adolescentes, siendo las más frecuentes amenazas, actos lascivos, violencia física y sexual, trata de personas y el femicidio de una adolescente de 13 años.
Entre las noticias de sucesos, en Caroní destacó la aprehensión realizada por miembros de la Guardia Nacional a una adolescente de 17 años que se encontraba recolectando residuos de hierro para la reventa, y dada la cercanía del lugar con una empresa del Estado se le acusó de contrabando de material estratégico y se le trasladó a los Tribunales sin la debida asistencia legal. Ya realizado el proceso de presentación ante el órgano judicial, sus padres fueron contactados para notificarles que se “requerían dos fiadores o de lo contrario sería trasladada a la cárcel”, tal como denunció María Gómez, madre de la víctima.
Es coincidente entre los actores involucrados en la temática que, además del entorno y las condiciones innegables, existe la urgente necesidad de implementar políticas públicas para la mitigación y erradicación del problema. La actuación del Estado para exigir, garantizar y restituir es la iniciativa necesaria para la praxis de corresponsabilidad que aplica en estos casos, tal como se evidencia en los sucesos del pasado 14 de mayo en la ciudad de Puerto Ordaz, municipio Caroní.
En dicha fecha, el adolescente Miguel Oyer, a través de su cuenta en Twitter, denunció cómo fue víctima de tratos denigrantes por parte del personal de la empresa Traki, C.A. Oyer relató que después de hacer unas compras en dicho comercio procedió a retirar sus pertenencias de los casilleros y pasar por el proceso de revisión y control de seguridad, resultando que uno de los vigilantes encontró en su bolso una lata de galletas que venden en el local por lo que lo acusó de robo. El joven explicó que la lata estaba vacía, que la había comprado allí en días pasados y que si revisaban las cámaras de seguridad podrían confirmar su versión de los hechos. Tras el escepticismo del personal de seguridad y cajeros, el adolescente fue obligado a pagar el importe del producto. No conforme con ello, después de proferirle comentarios ofensivos y burlescos, fue obligado a limpiar el nivel 2 de la tienda multidepartamentos, todo ello sin dar parte ni a sus representantes ni a los organismos de seguridad del Estado.
Después de más de un ahora obligado a permanecer en el lugar en contra de su voluntad, Miguel pudo reunirse con su familia y contar lo sucedido. Ante la indignación, decidió hacer pública la situación a través de la red social. Con el retwitteo de una conocida periodista de la zona, el Fiscal General de la República se dio por enterado y ordenó la investigación. Después que el Ministerio Público realizara las acciones pertinentes, fueron detenidos 5 trabajadores por el delito de privación ilegítima de libertad y trabajo forzoso.
Desde el OVV Bolívar destacamos la actuación del Ministerio y recalcamos la importancia de que los distintos organismos se aboquen a la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos, al mismo tiempo que desarrollan políticas destinadas a la formación del colectivo sobre éstos, el cómo se articulan y alcance de los mismos, para así poder detectar, denunciar y refrenar acciones violatorias.