Prensa OVV Bolívar
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en su monitoreo mensual de la realidad social del país con enfoque en la violencia interpersonal, registró un total de 11 homicidios y 11 desapariciones forzadas en el estado Bolívar durante el mes de agosto.
Estas cifras se contrastan con el más reciente informe de Contexto Violento de la ONG Fundaredes, en el cual se reporta un total de 13 homicidios, 13 desapariciones y un enfrentamiento armado, dejando al estado Bolívar -según el documento- como la segunda entidad fronteriza más violenta de Venezuela. Las cifras de homicidios suponen un aumento de 85% con respecto al mes de julio, cuando se registraron 7 casos.
El contexto de violencia y criminalidad que se vive en el estado, y que tiene como base las dinámicas mineras y el narcotráfico, aumentó visiblemente durante el último mes, reflejándose en homicidios, desapariciones forzadas y enfrentamientos armados.
Operaciones militares
En ambos monitoreos se destacan los casos de violencia llevados a cabo por organismos de seguridad, los cuales suponen vulneraciones a los derechos humanos.
El informe de Fundaredes señala que las fuerzas de seguridad del Estado fueron los principales promotores de abusos y tratos crueles durante el mes de agosto, en el marco de la operación militar: “Operación Autana I-2022”, llamada comúnmente “Autana”.
Esta operación fue lanzada el 18 de agosto, junto con la operación “Roraima 2022”, para llevarse a cabo dentro del área del amazonas venezolano. Su objetivo es combatir contra el narcotráfico, la minería ilegal, la depredación de las reservas forestales y el ecocidio, así como los grupos denominados Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol), según indicó el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, en su cuenta personal de la red social Twitter. Con estas dos operaciones, la FANB totaliza ocho operaciones militares en lo que va de 2022.
Sin embargo, los habitantes de las zonas implicadas en esta operación, denuncian un completo estado de indefensión. Con estas acciones -han denunciado los afectados- por una parte se ven amenazados por las agrupaciones irregulares, y por la otra, están bajo amenaza constante de los cuerpos de seguridad. Además, según reportó Fundaredes en su informe, el daño colateral causado por el Estado venezolano a la población civil ha resultado más impactante que los propios resultados de las acciones contra los grupos armados irregulares, las bandas criminales y sindicatos.
Denuncias de la población
Uno de los hechos más destacados del mes, ocurrió el 17 de agosto, cuando mineros tomaron la entrada de Tumeremo, en plena troncal 10, para exigir al presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), Carlos Osorio, una intervención ante los abusos de la FANB, en el marco de la operación Autana.
Los mineros denunciaron la destrucción de equipos comprados a la CVM, incautación de maquinaria y medicamentos, la quema de campamentos mineros, y maltratos a la población de las minas.
Los representantes mineros hicieron un llamado al presidente Nicolás Maduro, argumentando que poseían la documentación legar para trabajar y el aval de la Corporación Venezolana de Minería.
“¿Dónde está la CVM?, porque nosotros les arrimamos (oro) al Estado y de todo tenemos registro. Necesitamos que nos presten apoyo retirando al ejército, porque no vamos a permitir más atropellos ni que nos quiten nada, ni que nos quemen las maquinas, los motores y el sustento de nuestros hijos; nosotros trabajamos decentemente. Señor presidente necesitamos una respuesta rápida”, expresaron los mineros en un video que se difundió en redes sociales.
La protesta cesó al día siguiente con la retirada de la operación del municipio Sifontes y un acuerdo entre las fuerzas de seguridad y los habitantes, aunque se registró que, tras el acuerdo, la Guardia Nacional ultimó a un motorizado e hirió a otra persona.
Desde el Observatorio Venezolano de Violencia existe preocupación por el incremento de casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, y homicidios, especialmente los que se desarrollan en el marco de operaciones militares.
“Vemos con alarma la tendencia al alza de los casos registrados, una inquietud respaldada por el trabajo de otras organizaciones como Fundaredes. Desde el Observatorio Venezolano de Violencia del estado Bolívar, exhortamos al Estado promover estrategias de defensa contra los grupos al margen de la ley que tengan en cuenta el bienestar y el respeto a los derechos de la población que habita las zonas en conflicto”, finalizó el equipo de investigación del OVV Bolívar.