Prensa OVV Lara
Existe la limitación de acceso a los registros oficiales sobre hechos de violencia, además las víctimas no suelen denunciar a sus agresores, por la desconfianza a la hora de acudir a los entes oficiales. Hay igualmente el temor que, tras esos hechos, estén funcionarios policiales y la consecuente impunidad que suele ocurrir en estos casos, adicional a la desinformación.
Durante los primeros seis meses del año 2024, la censura y la autocensura en los medios han fomentado la desinformación. Esa es la percepción que se tiene dese el Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara) al medir el impacto de la violencia interpersonal en la región. “Se ha estigmatizado el ejercicio periodístico cuando no es complaciente con el poder, es una realidad que ha copado los medios tradicionales. El Gobierno tampoco proporciona estadísticas sobre el delito porque teme que se cuestione su política, y ve como enemigos a quienes le podrían criticar, creando mayor opacidad y desinformación”, destacó Carlos Meléndez Pereira, coordinador del OVV en el estado.
La situación ha sido una constante en los últimos tiempos. Es por eso que desde hace siete años, el OVV Lara realiza una labor de generación de conocimiento sobre la violencia en la entidad. A través de su Observatorio de Prensa (OP) -una de las metodologías utilizadas por el equipo de investigación- recopila e interpreta mensualmente noticias relacionadas con la violencia en la entidad. Sin embargo, ante la escasa información generada por los medios, el observatorio regional se ha visto en la necesidad de recurrir a informantes claves y otras fuentes para obtener datos más completos sobre el fenómeno de la violencia.
La violencia que menos se conoce
“Es lamentable que los funcionarios del Estado sigan construyendo un discurso que oculta las realidades, mientras se consolidan las principales causas que afectan a los venezolanos. Eso no permite avanzar hacia la sostenibilidad social y económica y limita el desarrollo del país” enfatizó el profesor Carlos Meléndez.
En el año 2024, en la entidad larense, los medios de comunicación, han publicado denuncias relacionadas a las prácticas ilegales realizadas por funcionarios en Centro de Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, donde familiares de privados de libertad deben cancelar dinero que puede oscilar entre 5 y 20 dólares, para que les permitan ver a sus familiares.
Resaltó el sociólogo Meléndez Pereira la limitación de acceso a los registros oficiales sobre extorsiones, y que es muy difícil obtener información porque las víctimas no suelen denunciar a sus agresores. “Hay desconfianza a la hora de acudir a los entes oficiales. Temen que tras estos hechos haya funcionarios policiales y la consecuente impunidad que suele ocurrir en estos casos, adicional a la desinformación”, destacó.
“La limitación de datos públicos es violatorio de la Constitución, vulnera la democracia, debilita el Estado de Derecho y deja a los ciudadanos sin garantías”, aseveró el profesor Meléndez.
Seis meses en cifras
Según el registro del OP del OVV Lara, de enero a junio, 36% de las víctimas fueron niños, niñas o adolescentes y 32% jóvenes de 20 a 29 años. Del total de los casos que informan sobre las características demográficas de las víctimas, 49% son mujeres y 51% hombres. Además, 29% de los sucesos ocurridos en la entidad, 27% correspondió a robos; 23% agresiones graves y leves y 14% hechos de violencia sexuales.
En relación a la violencia homicida siguen siendo mayoría los hombres, jóvenes de los sectores urbanos de la entidad, pero en los casos de violencia no letal, los niños y niñas, las mujeres y los adultos mayores, aparecen como las principales víctimas.
A juicio del coordinador del OVV Lara, estos números dan cuenta de la continuidad de la misma tendencia del año 2023. “En esta nueva fase de la violencia, que se afianza con la profundización de la emergencia, mientras un sector importante logra salvarse de los homicidios, otro se hace más vulnerable ante los representantes de las instituciones de justicia penal, tanto por su ausencia como por su presencia criminal”, dijo.
Violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes
Durante este primer semestre 2024 en la entidad, ocurrieron tres feminicidios; en dos de estos hechos los victimarios se suicidaron. El Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se pronunció en mayo pasado sobre este tipo de violencia en Venezuela, afirmando que el país carece de protocolos efectivos con perspectivas de género para la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Por otra parte, en los medios de comunicación de la entidad se publicaron varias denuncias sobre abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, como refleja el monitoreo de prensa del OVV Lara. Las madres de las víctimas responsabilizan de esos hechos a familiares cercanos como padres, padrastros, tíos y hasta abuelos. En algunos casos se registran embarazos y enfermedades de transmisión sexual.
A juicio de la profesora Luisa Pernalete, coordinadora de Educación para la Paz de Fe y Alegría, es preocupante esta situación: “Debe ser una prioridad que maestros, padres y comunidad manejen herramientas para la prevención del abuso sexual y además que Estado, responda con políticas efectivas para contrarrestar las consecuencias que dejan (estos hechos) en los infantes”, recalcó.
Las condiciones de pobreza, la brecha de la desigualdad socioeconómica, la precariedad de los servicios públicos, la baja calidad de vida son realidades que no han cambiado en los últimos seis meses, a juicio del coordinador del OVV Lara. El sociólogo Meléndez Pereira cree que de mantenerse las condiciones de pobreza estructural se acrecentarán las formas de violencia que dejan a las poblaciones vulnerables como las más afectadas.