Prensa OVV Mérida
El estado Mérida, desde el 2017, ha figurado de manera continua como la entidad menos violenta de Venezuela, mostrando una disminución en la frecuencia de homicidios que ocurren en el contexto regional. No obstante, el número de muertes por resistencia a la autoridad no ha presentado la misma propensión; por el contrario, ha tendido a aumentar entre 2018 y 2019. Es así, que tal ascenso explica, en parte, el acrecentamiento de las muertes violentas durante este lapso en esta entidad andina.
De la revisión de prensa realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida), se observa que entre enero y junio de 2020 han acontecido 24 fallecimientos por resistencia a la autoridad, en diferentes operativos ejecutados por los cuerpos de seguridad pública. En 2019, durante el mismo período, ocurrieron 19 casos, lo que significa un aumento en este tipo de muertes alrededor del 26%, entre 2019 y 2020.
Gustavo Páez, coordinador del OVV Mérida, explicó que con respecto a otros indicadores que dan cuenta de dicho incremento, la violencia de tipo policial/militar representó el 26,8% del total de hechos de violencia interpersonal registrados por el Observatorio durante el primer semestre de este año, los cuales se cuantificaron en 71, estando incluso por encima de la violencia delincuencial que representó un 19,7%.
“Desde el punto de vista del móvil de los hechos de violencia, entre enero y junio, la resistencia a la autoridad concentró el 26,9% de los sucesos registrados de violencia interpersonal en ese lapso, mostrando cifras superiores al móvil por robo que fue de 19,4%, seguido por sicariato con 6% y ajustes de cuentas con 6%”, explicó Páez.
La revisión de prensa destaca que antes de la medida de cuarentena, en la entidad solo ocurrieron 6 casos, lo que representa un 25% de muertes por resistencia a la autoridad registrada durante el semestre, mientras que en lo que va de confinamiento, hasta el 30 de junio, han acontecido 18 fallecimientos, es decir un 75%, por ese móvil.
De acuerdo a Páez, las noticias reseñadas en los medios de comunicación dan cuenta que, en todos los casos, hubo enfrentamiento entre presuntos delincuentes y funcionarios de la fuerza pública. “La versión policial señalada en los medios hablan de una aparente resistencia por parte de aquellos a ser aprehendidos. De igual modo, se muestra que todos los antisociales han presentado algún tipo de antecedente punible, bien sea hurto, robo, extorsión, violación, homicidio, tráfico de drogas o que pertenecen a algún tipo de banda delictiva dedicada a perpetrar distintos delitos. Sin embargo, queda la duda si, al momento del accionar de los efectivos, éstos tratan por todos los medios de no emplear armas de fuego o, en todo caso, de usarlas como último recurso para salvaguardar sus vidas y las de otras personas, para de esta manera ocasionar la menor lesión posible al delincuente y lograr su captura. En este tipo de hechos, la ley obliga a los funcionarios a notificar a las autoridades para que se emprenda la investigación judicial, destinada a esclarecer el caso y determinar si hay responsabilidades penales, pero también queda la incertidumbre si este procedimiento es llevado a cabo”, señaló.
Situación para analizar
Para el representante del OVV Mérida, más allá de entrar en detalles si hay una culpabilidad o no de los presuntos delincuentes, lo que parecen evidenciar los datos es que estos sucesos que deberían ser excepcionales, aparecen con frecuencia y muestran una tendencia al aumento en la entidad merideña, lo que obliga a realizar un detallado análisis de la situación.
Además -señaló Páez- esto lleva a decir que en el estado Mérida, y por supuesto en Venezuela, no se aplica lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
Estos Principios, recalcó Páez, fueron formulados para asistir a los estados miembros de las Naciones Unidas, siendo Venezuela uno de ellos, en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. “Deben ser tomados en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales y regionales; además, deben ser de conocimiento de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general”.
A manera de conclusión, el representante del OVV Mérida explicó que en la medida que siga profundizándose la crisis humanitaria actual que vive el país, y dentro de ésta, se continúen acentuando los niveles de pobreza, escasez y desigualdad social; pero que además surjan nuevas bandas criminales y se refuercen la ya existentes reclutando niños, adolescentes y jóvenes en pobreza extrema portando armas cada vez más letales; en ese devenir es muy probable que, no solo sigan aconteciendo muertes por resistencia a la autoridad, sino que continúen aumentando en número. “Todo esto en ausencia de Estado de Derecho y persistencia de la pérdida de valor de las leyes y el castigo, y la no existencia de políticas públicas acordes de prevención y control del delito”.