Prensa OVV Zulia
Con el eufemismo de resistencia a la autoridad, los cuerpos policiales en el Zulia se han convertido en ejecutores de sentencias de muerte y han introducido un castigo que no existe en la legislación venezolana: la pena de muerte.
Hasta el mes de julio de 2019, cuatro de cada diez muertes violentas en el Zulia se produjeron por el uso de la violencia ejercida por el gobierno, violatoria del Estado de Derecho y del debido proceso. De los 757 homicidios ocurridos en la región zuliana en los primeros siete meses del año, 301 de esas muertes sucedieron en manos de los cuerpos policiales y militares que operan en el estado.
De enero a julio se ha dado un crecimiento constante de muertes violentas en las que el gatillo ha sido apretado por funcionarios de algún organismo de seguridad del Estado. El aumento de la letalidad policial en el Zulia hace que el 40% de las muertes violentas sean en manos de los cuerpos policiales y militares, con el agravante de que la tendencia es al crecimiento.
En estos sucesos de muertes violentas que las autoridades justifican como resistencia a la autoridad, han participado como ejecutores: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con 96 muertes para un 32%; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 78 muertes que representan el 26% de las muertes por resistencia en la región; las policías municipales, que en su conjunto tienen bajo su responsabilidad 101 fallecidos lo que equivale a 33,6%. La Guardia Nacional (GN) y el Ejército participaron con el 8% y el 0,3%, respectivamente; los primeros han asesinado a 25 personas y los segundos son responsables de 1 caso.
En los estudios realizados por el OVV Zulia se evidencia, a partir de los testimonios de familiares de las víctimas, que hay un patrón que se repite en cada ajusticiamiento: allanamiento, tortura, robo y muerte. A este ciclo le sobreviene el montaje de una escena del crimen en el que predomina la justificación de resistencia a la autoridad.