Prensa OVV Zulia
Según el OVV Zulia, en el mes de julio se reportaron 28 casos de agresiones leves o graves. En el 46,4% de ellos, se utilizó la fuerza física como arma, mientras que 67,9% de las víctimas fueron del sexo femenino y 32,1% correspondió al sexo masculino. En el municipio donde este delito aconteció con mayor fuerza fue Maracaibo (49.9%), seguido de San Francisco (14,3%), Baralt (10,7%) y Cabimas (10,7%).
María es una adolescente de 16 años. A finales de julio, mientras el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en el Zulia (OVV Zulia) realizaba una visita de campo, la joven contactó a los investigadores. La intención era contarle su experiencia como víctima de violencia. Esta violencia -como se pensaba- no ocurrió en el hogar de la víctima, sucedió en un salón de clases.
De acuerdo a la joven, durante una actividad académica fue amenazada y golpeada por una de sus profesoras. “Me encontraba presentando un examen, tengo buena conducta y no soy falta de respeto. La profesora lo hizo allí, frente a todos, solo porque no respondía al interrogatorio como ella quería”, contó la víctima. La situación por la que estaba atravesando la estudiante, hizo que el equipo apoyara el caso con ayuda psicológica. La madre de la afectada ya había puesto la denuncia ante los órganos competentes.
María -y así se constató- fue víctima de violencia física y verbal, en un centro educativo de la región zuliana, justo antes de graduarse de bachiller. Este acto de violencia la ha afectado significativamente en su seguridad y confianza, según ella misma lo refirió a los investigadores del OVV Zulia.
Para el equipo, esta no es una estadística más, representa a una adolescente de carne y hueso, con sentimientos, proyectos, deseos y que ahora confiesa tener miedos vinculados a la continuidad de sus estudios. “Así como María existen muchos niños, niñas y adolescentes que son violentadas en diferentes escenarios, sin importar la edad”.
Casos como los de la adolescente María, a criterio de los representantes del OVV Zulia, conducen a una dura respuesta: la violencia es un problema de salud pública y tiene un alcance a escala mundial. Entre todos los tipos, la física es la que ocurre con más frecuencia en nuestros países. Un estudio realizado por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) determinó que para los años 2015 a 2021, la prevalencia en Latinoamérica y el Caribe de este tipo de violencia en niños, niñas y adolescentes (NNA).
Datos que hablan del problema
Lamentablemente, los casos de violencia no cesan en nuestro país, por el contrario, la cifras siguen mostrando la lamentable realidad que no ve propuestas preventivas y educativas, que permitan redimensionar esta situación.
Para muestra, en el Zulia, durante el mes de julio se presentaron 28 casos de agresiones leves o graves. En el 46,4% de ellos, se utilizó la fuerza física como arma; 67,9% de las víctimas fueron del sexo femenino y 32,1% correspondió al sexo masculino. En el municipio donde este delito aconteció con mayor fuerza fue en Maracaibo (49.9%), seguido de San Francisco (14,3%), Baralt (10,7%) y Cabimas (10,7%).
Predominaron los casos, en los cuales participó un solo victimario (78,6%) y la persona que cometió el delito era conocida por la víctima (53,6%). En el caso de María su agresora es una figura de autoridad, querida y respetada por ella. Esto, por supuesto ha la impactado de una forma especial.
Para el equipo del OVV Zulia, la violencia no puede tolerarse en ninguna de las dimensiones de la vida. Las víctimas deben denunciar; aunque es una de las decisiones más difíciles, porque los padres, madres y cuidadores más cercanos temen que sus niños, niñas o adolescentes sean revictimizados. No existe justificación alguna para tratar a un niño, niña o adolescente con violencia. “Ellos constituyen el centro del interés superior e interés absoluto. No pueden obviarse sus derechos, bajo la justificación de que las decisiones tomadas son por su bien”.
Consecuencias de las agresiones en NNA
La violencia deja profundas huellas en quien la recibe, pero también en aquellos que han sido obligados a ser testigos de ella. Así, que el impacto de la violencia es mayúsculo en la vida de quienes la han experimentado directa e indirectamente.
María, por ejemplo, entra en el porcentaje de víctimas, cuyas consecuencias están afectando su deseo de continuar sus estudios, por temor a encontrarse con docentes, que haciendo uso de un poder desmedido se atrevan a violentarla nuevamente, sin que haya nada nadie ni nadie que los detenga. “Ella ha perdido la confianza, y el espacio educativo, ahora constituye para ella un escenario amenazante y no uno de convivencia. La educación es fundamental para construir sociedades pacíficas y, sin embargo, para millones de niños la escuela no es un lugar seguro”, aseguró el equipo.
El caso de esta víctima, aunque la violencia que recibió fue llevado a cabo en un centro educativo -cuna de los saberes y de los aprendizajes- no guarda diferencia sustancial con aquel que se produjo en contra de otra adolescente de 15 años, quien fue agredida con golpes de puño y palabras denigrantes por dos hombres, en el municipio San Francisco.
“Es lamentable que situaciones como estas sigan presentándose en el estado Zulia. La tarea fundamental es evitar estos casos, en vez de priorizar las sanciones que implican esos delitos, pues las consecuencias de tipo emocional y físico de los niños, niñas y adolescentes deben limitarse, pues estas afectan el desarrollo de una vida segura”, aseguró el equipo de investigadores zuliano.
La impronta de la violencia no se borra tan fácilmente, se requiere atención por parte de un profesional para lograrlo. No obstante, la realidad muestra que la mayoría de las veces, esta atención no puede ser asumida por los familiares de la víctima, pues carecen de los recursos económicos. La denuncia es obligatoria y la prevención también lo es.
Para finalizar, los investigadores del OVV Zulia señalaron que el profundo vínculo que se crea entre la salud mental y los actos violentos perpetrados en las escuelas generan serias preocupaciones y demanda acciones inmediatas, por parte de los Estados del mundo, comprometidos con los derechos de los niños, niñas y adolescentes y con la obligación de asegurarles una convivencia en escenarios de paz, respeto y aprendizajes.