Prensa OVV Zulia
La lógica indica que ninguna persona debería vivir la experiencia de estar secuestrado. Significa, verse aislado de su familia y en una situación de extrema vulnerabilidad. De por sí, la acción de secuestrar, implica ostensiblemente el uso de la violencia.
Al secuestro se le puede adjudicar la cualidad de ser multidelito, pues su comisión trae consigo otros más, como por ejemplo, la extorsión, el robo e incluso el asesinato, aunque este último no es el objetivo primario que lo sustenta. Durante este primer semestre del año, este delito se ha hecho evidente en el Zulia, causando impacto en términos de preocupación, alarma, intranquilidad y desasosiego en la población que reside en esta entidad federal.
Jorge Govea Cabrera, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia del estado Zulia (OVV Zulia), expresó que en los primeros 180 días de 2022, la región ocupó el primer lugar como el más violento de Venezuela y en consonancia con esta situación —expresó— el 20 de agosto de este mismo año, la prensa local reseñó un suceso ocurrido en Ciudad Ojeda, capital del Municipio Lagunillas. En un concurrido supermercado ocurrió una situación de violencia, en la cual falleció un oficial de la policía de esa entidad municipal, a causa de dos disparos accionados por unos delincuentes. Este hecho se produjo cuando el funcionario policial intentó frenar un secuestro en el local y le hizo frente a los captores.
Los GEDO en la mira
Govea Cabrera explicó que desde el mes de enero de este año hasta de agosto, el Zulia ha sido un escenario colmado de zozobra. Todo apunta a que una gran cantidad de delitos violentos forman parte de las acciones perpetradas por los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), cuyas acciones son sistemáticas, planificadas y recurrentes.
A través de la prensa local se ha podido tener conocimiento sobre la existencia de varios GEDO que operan en el Zulia. Las bandas denominadas “Los Meleán” (la más antigua), y otras más recientes como “EL Caracas”, “Yeiko Masacre”, “El Conas”, “El Yiyi”, “El Adriancito”, “Katy y Ney”, “El Chuky”, “J. L La Burra”, “Anthony Propiedad”, “Colina”, entre otras, son algunos de estos grupos que realizan y hasta se adjudican públicamente la extorsión, el secuestro, la amenaza y la muerte de personas, en el caso de que se incumplan sus exigencias.
En opinión del coordinador del OVV Zulia, estas acciones pudieran significar que la delincuencia en el estado se ha estado consolidando, bajo las directrices de grupos que captan personas continuamente para formar parte de ellos como victimarios. “Seguramente bajo la promesa de lograr tener y disponer de sumas altas de dinero en forma inmediata. Estamos, pues, frente a un serio problema que amerita respuestas veloces por parte de los entes de gobierno de todos los niveles responsables de la seguridad ciudadana. Esa actuación institucional se debe constituir en un factor clave para el estudio, la prevención y el abordaje de este delito”, enfatizó Govea Cabrera.
El secuestrado: a su suerte
La vida del secuestrado siempre está en riesgo, pues él depende de los familiares o terceros para retomar su libertad, quienes deben gestionar y pagar el monto dinerario exigido por los delincuentes. Los captores exhiben su supremacía sobre la víctima, haciéndole sentir su sometimiento y que no tiene ninguna posibilidad de liberación sino se cumplen sus peticiones. Además las condiciones personales previas de algunos de los secuestrados agregan un componente extra de tensión, como lo es la condición de salud que presente la persona antes de ser capturada. En todo caso, como en muchos delitos, la víctima se encuentra en constante y deliberada amenaza.
El Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana (OVSC), organismo adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, registró en el primer semestre de este año, 31 personas secuestradas en todo el territorio nacional. Según este organismo ocupan los primeros lugares los estados Aragua, Carabobo y Miranda; con cinco víctimas cada uno. El Zulia por su parte, según este Observatorio oficial tuvo 4 secuestros desde enero hasta junio de 2022.
Sin embargo, el Observatorio de Prensa del OVV Zulia, apoyado en la revisión diaria de las noticias de medios regionales e informantes claves, ha podido precisar que durante el primer semestre han ocurrido 7 casos de secuestro.
El secuestro consiste en privar a una persona de su libertad, en contra de su voluntad, con lo cual se atenta contra un conjunto de derechos, entre los cuales se destacan: la dignidad, la intimidad, la movilización, la comunicación; el derecho a trabajar, a estudiar, a atender su salud e incluso a alimentarse de una manera apropiada. Además, la víctima se ve constreñida a hacer todo lo que se le ordena por temor a morir. A todo lo anterior se le añade la preocupación por el sufrimiento de su grupo familiar.
En la legislación penal venezolana, el delito de secuestro está contemplado o tipificado en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, aprobada por la Asamblea Nacional en 2009. En dicho instrumento legal se contemplan seis modalidades o tipos de secuestros, además del genérico o núcleo rector. Estos son: simulación de secuestro (5 a 10 años); secuestro con fines políticos, conmoción o alarma (20 a 30 años); secuestro breve (no mayor de un día, 15 a 20 años); secuestro en medios de transporte (20 a 25 años); secuestro para canje de personas (10 a 15 años) y alistamiento forzoso (15 a 20 años).
Por su parte, quienes cometen el delito, si son detenidos e investigados y se tienen las pruebas suficientes y necesarias se les debe aplicar con firmeza la ley, considerando los agravantes en cada caso. Por ejemplo, si el secuestro incluye a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad física o mental, de la tercera edad, con una enfermedad grave o si se trata de mujeres embarazadas. De igual forma, si se ha aplicado a las víctimas torturas o violencia física, sexual y psicológica, entre otras situaciones negativas, debe atenerse a las consecuencias establecidas en el Artículo 10 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión que prevé una pena entre 20 a 30 años de prisión.
Según explica el coordinador del OVV Zulia, el delito se consuma con el sólo hecho de aprehender y negarle la libertad a una persona, aunque sea retenida por poco tiempo. “El secuestro atenta contra la persona y sus propiedades y pone de manifiesto una relación de poder totalmente desequilibrada, en la cual la víctima tiene pocas posibilidades de defenderse, pues se enfrenta a un conjunto de desventajas, como el abordaje con armas, aprehensión violenta y rápida en una acción muy sorpresiva que llevan adelante varios individuos organizados para ello. Además figuran el encierro, la negación de la comunicación, las amenazas, entre otros. La víctima está sometida a una tensión constante, que no termina cuando es liberada, pues esta se mantiene muy probablemente en el tiempo, impidiendo muchas veces, la recuperación de su tranquilidad y la confianza plena en el desarrollo de sus quehaceres”.
Consecuencias del secuestro
Sin duda alguna, el secuestro deja secuelas no sólo en las víctimas sino en el entorno familiar. Los efectos psicológicos son de tal magnitud, que algunas personas, una vez que son liberadas, sienten temor al salir de sus casas e incluso les cuesta retomar su rutina de vida, lo que se conoce como trastorno por estrés post-traumático. Estos efectos pueden alcanzar a todo el grupo familiar. En segundo lugar, también se imponen las secuelas físicas, pues las víctimas pueden resultar lesionadas en el proceso del secuestro, en el cautiverio o durante su liberación. Por último, en el secuestro está la amenaza de muerte, pues si no se satisfacen las exigencias de los delincuentes, ese podría ser el destino final de la víctima.
El Zulia como ejemplo
En lo que respecta al Zulia, señaló Jorge Govea Cabrera, que en el primer semestre de este año, el móvil para consumar el secuestro ha sido principalmente el lucro económico ilícito expresado en dólares americanos incluyendo las criptomonedas. (En general puede haber otros como la venganza, la intimidación, la política, etc.) “Por lo tanto, las víctimas son seleccionadas, después de analizar sus rutinas y determinar que ellas o sus familiares cuentan con los recursos económicos suficientes para satisfacer las demandas de los secuestradores, quienes llevan adelante la acción que han ideado para privar a una persona de su libertad para después pedir un ‘rescate’ por su liberación”.
En el Zulia —según Govea— se observa predominantemente, que el tiempo de cautiverio promedio es mayor al de un secuestro breve (hasta 24 horas). En este estado, el arqueo de prensa realizado por el equipo del OVV Zulia arroja que ha predominado el secuestro que se lleva a cabo en menos de una semana.
Secuestros emblemáticos
El 17 de enero de 2022, un grupo armado de al menos cinco hombres secuestró a un empresario de origen árabe en un comercio de Ciudad Ojeda. El cual fue liberado por sus captores cinco días después. Se pudo conocer que los secuestradores pidieron el pago en criptomonedas y para ello exigieron 10 bitcoines a sus familiares, cifra que para ese momento rondaba los 400.000 dólares estadounidenses. “Obsérvese acá la modalidad ultra moderna del ‘rescate’ en moneda digital internacional. No obstante ni la víctima, ni sus familiares o las autoridades policiales nunca aclararon si efectivamente el pago con esa modalidad se llegó a realizar”, enfatizó Govea.
Cabe destacar que en el Zulia hubo un caso que la prensa local reseñó como “secuestro”, pero que se salió del esquema del móvil económico y lesiones contra el patrimonio. Se trató de una periodista que denunció, en el mes de abril ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que el padre de su hija de cuatro años, se había llevado a la niña y no la había regresado a su hogar en el tiempo acordado. Días antes, según refiere la denunciante, él se la había llevado a Colombia sin su consentimiento. La trajo de regreso al país, pues presuntamente la madre le prometió a su expareja volver con él. Así lo señala la noticia publicada en los medios. La misma información refiere que la denuncia de la madre se tomó como un rapto, ya que no hubo finalidad económica. Este es un delito también tipificado en el Código Penal de Venezuela.
¿Qué dicen las estadísticas en el Zulia?
El OVV Zulia, a través de su Observatorio de Prensa, ha recopilado y analizado los datos en torno al secuestro como delito. Durante el primer semestre de este año, según los casos reseñados en la prensa, se tiene un total de siete casos. Se destaca que el mes de abril se reportó el mayor número de delitos (3) mientras que en el mes de junio no fue reseñado algún caso en la prensa regional.
En lo que se refiere al sexo de la víctima predomina el masculino sobre el femenino. De hecho, el caso catalogado como femenino se refiere a la niña, cuyo padre se la llevó por más del tiempo acordado o estipulado, y que presuntamente la denuncia fue tomada como rapto.
En lo que concierne a la actividad laboral o profesión de la víctima no se encontró un patrón que permitiera concluir que existe un tipo de persona (profesión u oficio) que resulta de interés para los secuestradores, más allá de la presunción de que la víctima maneja recursos económicos. Aunque se nota que el mayor porcentaje se le adjudica a la categoría de comerciante. Se destaca que hay datos ocultos en No Informa (NI) o No Aplica (NA), lo que nos impide presentar conclusiones más precisas en este sentido.
En relación al municipio con más víctimas de secuestro es Maracaibo con dos, seguidos de Cabimas, Colon, Lagunillas, Miranda y Valmore Rodríguez, en los cuales se registró un caso en cada municipio.
Un dato que no puede dejar de mencionarse es el referido al tiempo de cautiverio de la víctima. Se pudo observar que predominó en este sentido, menos de una semana, aunque hay dos casos que no se informa la duración.
En cuanto a la información de los victimarios se pudo observar que la mayoría pertenece al crimen organizado, pues resalta la participación del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO). Además debe señalarse que el hecho que en uno de los casos, el victimario fue un familiar o conocido esto no implica que este no forme parte de un mandato expreso de un grupo del crimen organizado. “En realidad ese es un dato oculto o secreto”, apunta el coordinador de OVV-Zulia, agregando que por otro lado, pero en estrecha vinculación con este tema, las noticias no arrojaron información suficiente para poder determinar el tipo de armas que han usado los secuestradores, aunque resulta fácil suponer que predominan las armas de fuego.
En relación a la cantidad de victimarios que fueron neutralizados o detenidos, el siguiente cuadro muestra cómo, durante o luego del rescate, se efectuaron algunas detenciones o muertes por intervención policial de algunos involucrados en el delito de secuestro.
Para el equipo del OVV Zulia, y partiendo de la revisión de las notas publicadas en la prensa regional en lo que va de año, este delito se está imponiendo en la región. “Podemos señalar que es un delito que se lleva a cabo prioritariamente por grupos criminales organizados y que siempre va acompañado de otros delitos como la extorsión, la amenaza de muerte y el homicidio intencional”, agregó Govea, acotando que en este como en todos los delitos, el secuestrado no es la única víctima, lo son sus familiares, amigos y todo aquel que le rodea.
Finalmente, señaló el representante del OVV regional que el secuestro vulnera muchos derechos, por lo que se hace necesario adelantar acciones de prevención y vigilancia continua, lo que, supuesto, implica un compromiso e inversión de recursos que exigen la voluntad política nacional y la ruptura de complicidades. “Así que este es una delito que atenta contra varias dinámicas de la existencia: la personal o individual, la familiar, la laboral, la económica y en concreto puede decirse que daña a la sociedad en su conjunto”, concluyó Govea Cabrera.