Prensa OVV Lara
Desde hace cinco años, el Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara) realiza una labor de generación de conocimiento sobre la violencia en la entidad. A través de su Observatorio de Prensa (OP) -una de las metodologías utilizadas por el equipo de investigación- recopila e interpreta mensualmente noticias relacionadas con la violencia en el estado Lara.
No obstante, desde hace aproximadamente dos años, la posibilidad de analizar este fenómeno social por medio de lo que publican los medios de comunicación ha ido disminuyendo. “En 2018, el OP registró aproximadamente 1.450 sucesos y en 2019, 975. Sin embargo, entre 2020 y 2021, el porcentaje de este tipo de noticias disminuyó 50%. En la medida que la violencia en Lara se transforma, la posibilidad que tienen los periodistas de informar sobre dicha transformación se ve obstaculizada por la censura y la represión contra los medios. La población larense sigue estando insegura, y mientras no exista prensa libre tendremos menos posibilidad de captar los cambios que se van produciendo alrededor de la violencia ”, explicó el coordinador del OVV Lara, Carlos Meléndez.
Esta situación, explica el profesor Meléndez, incide en la percepción sobre la violencia que tienen los ciudadanos. “Al no haber noticias en los medios sobre acciones y datos de violencia, la gente puede creer que hay mayor seguridad, aunque esto no sea cierto. Por ejemplo, la extorsión policial, la violencia basada en género, la violencia de los colectivos, delitos que son poco denunciados en las instancias públicas, se dejan de conocer en la medida que existan mayores restricciones en los medios”, aseguró.
Sobre el tema fue consultado el profesor Pablo Paz, coordinador de “Cotejo.Info”, portal informativo de la ONG Medianálisis. “Existe una aproximación intuitiva sobre lo que está sucediendo en el mundo del periodismo en relación a las posibilidades de difusión de la realidad venezolana en torno al tema de crímenes y otros delitos de violencia”. Paz explicó que en el país viene ocurriendo un comportamiento de autocensura y precaución entre los periodistas, como lo han verificado en sus investigaciones las organizaciones no gubernamentales Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público. “Los reporteros no están reseñando temas de violencia por el costo que ello trae cuando se trata de preservar el derecho a informar”, dijo.
Tras consultar a varios comunicadores sociales de la entidad, el profesor e investigador Paz considera que la escasez y, en algunas ocasiones, la inexistencia de publicaciones de noticias sobre hechos de violencia se debe a “las limitaciones intencionales de las fuentes oficiales del sector gubernamental que entorpecen los canales naturales de acceso a la información pública. Además, este mismo sector activa acciones directas o indirectas de agresión o represalias contra los mediadores de la información. Ahora, los reporteros deben recurrir a medios alternativos para hacer su trabajo porque las instituciones gubernamentales y otros entes vinculados ideológicamente con el gobierno ocultan ciertos hechos”, afirmó.
“Muchas publicaciones han traído graves consecuencias administrativas y judiciales a medios de comunicación, periodistas, y hasta a las personas que han sido fuentes de información que sea adversa al gobierno o disonante con el discurso oficial y sus operadores. Eso genera un comportamiento más cauto de parte de los intermediadores naturales de la información, limitando la oportunidad de las audiencias de hacerse de contenidos analíticos acerca del acontecer noticioso diario”, explicó el investigador de “Cotejo.Info”.
Desinformación e incertidumbre
El profesor Paz recalcó que en muchos medios virtuales se aprecia una tendencia a la difusión de contenidos falseados, lo que trae nuevos desafíos para periodistas y medios. “Se trata de una variable con un elevado grado de dificultad para salvar las barreras que causa la desinformación promovida por los movimientos naturales de las redes sociales y que sale de los laboratorios de contenido distorsionado para el ecosistema informativo venezolano. Operan con agentes gubernamentales y no gubernamentales”, advirtió.
Destacó Pablo Paz que la difusión intencionada de contenidos falseados y otros destinados a la desacreditación de los mediadores legítimos de la información, además de la profusa presencia de colonias de robots (bots) y falsas cuentas de usuarios de redes sociales para redifundir bulos, constituyen una agresión a la democracia. “El ciudadano tiene derecho a la información veraz, oportuna, completa y contrastada de las fuentes. Las instancias gubernamentales están obligadas a entregar información en su ineludible rol de operadores circunstanciales y cuentadantes de la gestión que realizan como administradores designados de la cosa pública”, enfatizó Paz.
Para el coordinador del OVV Lara, la desinformación trae como consecuencia incertidumbre. “La sociedad experimenta otra forma de agresión, es una forma de violencia institucional contra el carácter, naturaleza y derecho ciudadano a estar informado”, aseveró Meléndez.
Asimismo, Meléndez considera que esa realidad ratifica que existen serias limitaciones para que la población esté debidamente informada en Venezuela, pero, sobre todo, compromete aún más al equipo de investigación del OVV Lara, con el apoyo del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), para continuar con la tarea de informar y analizar la violencia en sus diferentes dimensiones.