Agencia EFE
Alberto Andreo
La facilidad para encargar un asesinato, la poca confianza en las fuerzas de seguridad del Estado o la corrupción del funcionariado son considerados por los venezolanos como los problemas más calientes a los que tienen que hacer frente, según la I Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela.
Con una tasa 54 homicidios por cada 100.000 habitantes según cifras oficiales, número que organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) elevan hasta 73 homicidios, la violencia no da tregua a los venezolanos.
El Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro ha puesto en marcha iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana como el “Plan Patria Segura”, por el que, entre otras cosas, sacó a la calle a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB).
Aun así, según recoge la I Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, presentada hoy en Caracas y realizada por la asociación civil Paz Activa con apoyo de la Unión Europea, el 36% de los venezolanos considera “fácil” encargar un asesinato en su comunidad.
“El 36% de los entrevistados dijo que era fácil mandar a matar a alguien en su comunidad, una situación dramática que no existía en Venezuela hace 15-18 años cuando comenzamos hacer estudios sistemáticos en esta área”, declaró a Efe el presidente del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño.
Briceño, que presentó los resultados de la encuesta, indicó que el sondeo se realizó entre los pasados junio y julio en 600 hogares de diferentes clases sociales y reveló que entre el 40 y el 41% considera “muy fácil” comprar un arma de forma ilegal y un 60% que es “muy fácil” comprar droga.
El margen de error de la encuesta es del 5% y el nivel de confianza de 95%.
Briceño indicó que ante esta situación cobra importancia tanto la labor de las fuerzas de seguridad del Estado como la confianza que la población deposite en ellas y las políticas gubernamentales para hacer frente al problema.
Según el sondeo, el 66% de los hogares entrevistados consideró que la policía “estaba involucrada en delitos” y uno de cada cuatro piensa que los militares “tienen relación” con el narcotráfico.
Además, seis de cada diez venezolanos considera que es “muy peligroso” colaborar con la policía por el temor a represalias, añadió.
Otro punto candente en la encuesta es el relacionado con la corrupción del funcionariado público, problema al que el Ejecutivo de Nicolás Maduro trata de enfrentarse desde hace meses con resultados dispares, según se escuche al oficialismo o a la oposición.
Según la encuesta, el 87% de los preguntados considera que existe corrupción dentro del sector público.
“La encuesta nos dice que el 64% de los venezolanos piensan que hay mucha corrupción entre los funcionarios públicos y un 23% considera que hay bastante corrupción”, indicó Briceño sobre esta área.
“De alguna manera la población piensa que el combate contra la corrupción es simplemente una respuesta política electoral. Que quienes están diciendo que hay que combatir la corrupción están involucrados”, manifestó el presidente de la OVV. Ante este histórico flagelo, presente ya en los gobiernos anteriores al chavismo, Maduro llegó a decir que, de no derrotarse, podría “tragarse a la patria”.
Para el experto en seguridad ciudadana Marcos Tarre, las denuncias que salieron a la luz relacionadas con la corrupción “son una burla” porque representan una cantidad mínima del total de delitos. “La lectura es que el Gobierno no tiene ningún interés en luchar contra estos delitos”, dijo durante su presentación llamada “Corrupción y Homicidios”.
En el mismo sentido se expresó el director ejecutivo de la asociación civil Paz Activa, Luis Cedeño. “La corrupción básicamente está vinculada al funcionario público que permite que mercados ilegales como el de la droga, el de la venta ilegal de alcohol generen recursos importantes a estos grupos delincuenciales“, indicó a Efe.
Para Cedeño esto disminuye las denuncias de delitos contra la delincuencia organizada ya que, señaló, los denunciantes “temen retaliaciones por parte de esos funcionarios que están involucrados“.