Prensa OVV Sucre
Durante el primer trimestre de 2021 se registraron 28 sucesos en el estado Sucre, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).
Con 11 muertes violentas, es decir, 39% del total de hechos ocurridos, enero fue el mes más violento del trimestre, seguido por marzo con 10 casos, equivalentes al 36%, y febrero con siete, es decir, 25% del total de hechos registrados.
Los municipios más violentos de la entidad oriental durante el primer trimestre fueron Sucre (Cumaná), con 53,6% de los casos registrados; Bermúdez con 10,7%; Arismendi (Río Caribe) y Mariño con 3,6% respectivamente; mientras que Valdez (Güiria), Montes (Cumanacoa), Ribero (Cariaco) y Cruz Salmerón Acosta registraron cada uno 7,1%, de los hechos violentos ocurridos.
El homicidio fue el delito más frecuente (73% de los casos registrados), seguido de las tentativas del mismo (13%), robo y agresión (7%, cada uno).
25% de los homicidios registrados durante el trimestre en el estado Sucre estuvieron relacionados con grupos delictivos organizados, 33% con robos y 17% con otras formas de homicidio interpersonal.
De igual forma, se conoció que 27% de los delitos fueron motivados por provecho ilícito y ajuste de cuentas, respectivamente. 20% fueron movidos por la venganza y 13% por riñas.
El arma de fuego fue utilizada en 79% de los casos para cometer los delitos y en 21% de los casos, utilizaron objeto cortante o punzante.
En cuanto al horario de ocurrencia de los hechos violentos, 38% de los casos ocurrieron durante la semana en el día y 15% durante la semana en la noche, así como los fines de semana en el día y en la noche, respectivamente.
Asimismo, los resultados del OVV Sucre arrojaron que 77% de las muertes violentas ocurrieron en espacios abiertos en la calle, 15% en lugar de estudio y 8% en establecimientos comerciales.
Perfil de las víctimas
Se pudo conocer que 88% de las víctimas fueron del sexo masculino y 12% femenino. Asimismo, 36% de los casos registrados tuvieron víctimas con edades comprendidas entre los 30 a 34 años, 27% de 25 a 29 años, y 18% de 20 a 24 años, lo cual ratifica la incidencia de la violencia en la población en edades productivas.
94% de las víctimas registradas eran civiles y 6% eran funcionarios de seguridad. Aunque 54% de las víctimas no tenían profesión definida, 29% eran estudiantes y 14% eran personas discapacitadas o jubiladas.
Letalidad policial
13 de los hechos registrados (46%) tuvieron participación de los cuerpos de seguridad del Estado. En ese sentido, los resultados del trimestre señalan que funcionarios de la policía del estado Sucre tuvieron participación en 54% de las muertes violentas registradas, seguidos por la policía municipal y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en 15% de los casos, respectivamente.
Pobreza latente
El panorama no luce esperanzador para la entidad con más municipios en condiciones de pobreza, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).
El estado Sucre tiene cuatro municipios que alcanzan 100% de población en pobreza: Cruz Salmerón Acosta, Libertador, Montes y Valdez. En el país, ningún otro estado tiene tantos municipios en una situación tan grave.
Según los datos de la Encovi, para inicios del año pasado -antes de la pandemia-, 95% de la población del municipio Sucre del estado se encontraba por debajo de la línea de pobreza, un porcentaje superior a los municipios capitales de otros estados orientales, como Bolívar (Barcelona, 93%), Maturín (Maturín, 92%) y Arismendi (La Asunción, 85%); es decir, 98% de la población del estado Sucre se encontraba por debajo de esa línea y de esa manera, junto con los estados Cojedes y Yaracuy, eran las entidades más pobres del país.
El economista y director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, César Yegres, explicó que la disponibilidad de bienes y servicios para el habitante promedio del municipio Sucre (Cumaná), en 2020, fue 45% más bajo que en 2018, lo cual, evidentemente, se refleja en los niveles de pobreza.
Yegres sostuvo que al terminar 2020 se estimaba que estaban operativos 623 patronos y empleadores privados, lo cual representa el cierre de 510 empresas privadas en los últimos tres años.
Precisó que el año pasado 21.276 personas se encontraban bajo contrato formal de trabajo; es decir, había 18 mil empleos privados menos que en 2018, situación que ha llevado al sucrense a reinventarse para sortear la crisis.
Pesca en crisis
La entidad sucrense también ha perdido capacidad productiva no solo por tierra sino también por mar, y tal aseveración fue confirmada por el presidente de la Asociación de Pescadores del municipio Cruz Salmerón Acosta, Heriberto Rodríguez, quien aseguró que 95% de la actividad pesquera de la Península de Araya se encuentra paralizada por falta de suministro de combustible.
Explicó que para salir a una faena de pesca de 10 a 12 días a la isla de Cubagua se requieren entre 1.300 y 1.500 litros de gasolina, pero solo reciben suministro de 120 litros al mes.
Los trabajadores del mar no consiguen gasolina revendida (bachaqueada), que era la que compraban para faenar, hasta en dos dólares por litro.
Rodríguez fue contundente al denunciar el monopolio del combustible entre funcionarios públicos municipales y la Guardia Costera.
Los niveles de pobreza y desesperanza llevaron al sucrense a irrespetar el periodo de veda de la sardina (establecido entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo de cada año), y en la actualidad el producto no cumple las medidas estándar de 20 centímetros, de acuerdo a los criterios de pesca, pero aun así el Estado le da permiso a un grupo selecto de pescadores para extraerlas y que sean vendidas en la Caravana de la Sardina.
Sin embargo, como aspecto positivo, el dirigente gremial señaló que la falta de gasolina también ha traído como consecuencia que delitos como la piratería marina hayan mermado porque ni los delincuentes tienen combustible.
El equipo de investigación del OVV Sucre, no solo se solidariza con el pueblo pescador, sino que emplaza a las autoridades competentes a atender su clamor para que sus requerimientos sean atendidos en procura de mejorar sus condiciones de vida y garantizar la proteína de pescado a todos los sectores de la población venezolana.