Crónica Uno
Gregoria Díaz
28 agosto, 2021
Los propietarios de viviendas y las juntas de condominio prefieren invertir en la instalación de sistemas de seguridad, tales como cerco eléctrico, cámaras y alarmas, que contratar vigilantes privados.
Maracay. “La destrucción de la economía y del trabajo, así como la emigración masiva, vaciaron las ciudades y restringieron las ocasiones para el delito”, refiere el Observatorio Venezolano de Violencia en su informe del año 2020. Sin embargo, el tema de la seguridad continúa causando preocupación tanto en los que se quedaron en el país como entre quienes migraron.
Venezuela sigue siendo uno de los países con los más altos índices de violencia, pero el empobrecimiento de la ciudadanía debido a la hiperinflación y dolarización de la economía, así como la emigración masiva, han modificado los delitos que otrora eran comunes, tales como los hurtos o robos.
Esos cambios en los patrones delictivos, sin embargo, no disminuyeron la necesidad de los propietarios de empresas, comercios, viviendas o apartamentos de preservar y cuidar sus bienes. De allí que las alternativas de protección y seguridad, también han ido cambiando.
Una década atrás, las empresas de vigilancia privada eran contratadas con mayor frecuencia tanto en comercios como en condominios.
Pero muchos vigilantes eran cómplices de los ladrones y daban información de los apartamentos y de sus propietarios”, cuenta Ana Belén Campos, dueña de un apartamento en un conjunto residencial ubicado en pleno centro de Maracay.
A pesar de la desconfianza, en este complejo habitacional de 42 apartamentos, sus residentes cuentan con el servicio de vigilancia particular, es decir, sin ninguna relación con empresas de vigilancia.
“Tenemos cuatro vigilantes que trabajan 24 horas por tres días a la semana y le pagamos 10 dólares semanales a cada uno. En promedio, pagamos 160 dólares al mes por la presencia de los vigilantes en el edificio”, explica Campos.
En otros condominios, muchos de los propietarios optan por colaborar con alimentos para los vigilantes, pues entienden que los salarios que perciben son muy bajos.
En nuestro edificio acordamos recoger todos los lunes una cesta con alimentos para compensar a los cuatro vigilantes. Pero a raíz de la pandemia, la situación se puso difícil para todos”, cuenta Andrea Vargas.
Y también para los vigilantes se puso difícil. Dos de los ellos fueron despedidos, porque el condominio no podía seguir pagando a cuatro personas.
De acuerdo con algunas ofertas de servicio de vigilancia privada publicadas en Internet, un vigilante puede percibir entre 120 a 150 dólares al mes y, posiblemente, con algunos beneficios extras como bolsas con alimentos. El riesgo que implica su trabajo, muchas veces, no se compensa la remuneración recibida.
Auge de los sistemas de seguridad
La desconfianza que fue creciendo en torno a los servicios de vigilantes privados, obligó a propietarios de inmuebles, a voltear la mirada hacia otras alternativas de seguridad.
Jorge Caicedo es el gerente general de la Corporación JK C. A., que opera en Maracay. Esta empresa ofrece sistemas de seguridad como cercos eléctricos, cámaras de seguridad, motores para portones eléctricos y alarmas de seguridad.
Para Caicedo, el auge de estos servicios se evidencia desde hace unos cinco años, aproximadamente, y cree que coincide con el proceso de migración de muchos venezolanos.
“Mucha gente se ha ido del país, pero no vendió sus propiedades, así que hacen el esfuerzo por contratar servicios de seguridad que protejan sus viviendas o apartamentos actualmente desocupados”, explica.
De allí que los servicios con mayor demanda son la instalación de cercos eléctricos, motores para portones eléctricos y cámaras de seguridad.
Inversiones a futuro
Los costos de estos servicios pueden resultar un tanto onerosos, considerando los mermados ingresos de las familias de clase media, el grueso de quienes contratan sistemas de seguridad.
Caicedo explica que los precios varían dependiendo de los requerimientos del cliente, y en el caso de los cercados eléctricos, su instalación, incluyendo los materiales, está entre los 8 a 12 dólares el metro lineal.
Un cercado eléctrico básico y económico –explica– puede costar más de 80 dólares y los de mayor metraje pueden superar los 220 dólares.
Este servicio es el más buscado por los propietarios de viviendas unifamiliares, porque los condominios o edificios, optan más por la instalación de portones eléctricos y cámaras de seguridad.
Estas últimas superan los 100 dólares dependiendo del tipo de sistemas y cámaras que desee el cliente y si el servicio contratado incluye el monitoreo en tiempo real o en grabaciones. Aquí no se incluyen los precios por la mano de obra, que puede rondar entre los 20 a 30 dólares para un obrero, pues un técnico puede percibir entre 120 a 150 dólares al mes por sus servicios de instalación.
La pandemia encerró a los delincuentes
Si bien la pandemia por el COVID-19 contribuyó a que los índices delictivos mermaran, la inseguridad reinante en el país sigue siendo una preocupación para los ciudadanos, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia.
Las empresas sufrieron grandes pérdidas por el cierre del sector comercial e industrial. Las que se dedican a los sistemas de seguridad no han sido la excepción.
Muchos condominios, edificios, negocios y comercios dejaron de contratar los servicios por temor al contagio con el coronavirus. Pero una vez que la población ha ido normalizando sus actividades, las empresas también han ido retomando su operatividad.
“Ahora uno acude a un condominio o conjunto residencial, tomando y cumpliendo las medidas de bioseguridad. Los propietarios requieren del servicio y nosotros debemos producir”, explicó Caicedo.
En Aragua, la demanda en la contratación de sistemas de seguridad sigue en auge y afortunadamente para los prestatarios del servicio, existe una oferta considerable en materiales, equipos e insumos, aunque mayoritariamente importados y obviamente con precios dolarizados.
Fuente: