Prensa OVV Carabobo
En el mes de abril regresaron las largas colas de vehículos en las estaciones de servicio para surtir gasolina. La escasez del combustible se presentó tanto en las estaciones dolarizadas como subsidiadas, pues no existe un cronograma para el suministro. El diario “El Carabobeño” reseñó que de 15 estaciones de servicio ubicadas entre los municipios Valencia, San Diego y Naguanagua, al menos 10 estuvieron cerradas y algunas sólo surtieron gas o gasoil.
En las estaciones de servicio a precio dolarizado -0,5 dólares por litro- los ciudadanos deben pagar 20 dólares por 40 litros, lo que representa un alto costo para la gran mayoría de la población que tiene ingresos por debajo de los 5 dólares mensuales. “Muchos pueden pagar sólo 10 dólares y surten al menos medio tanque para poder desplazarse lo necesario. Cuando llega el combustible, los que tienen acceso a pagar esa tarifa tardan entre 2 y 4 horas en la cola para poder dotar a su vehículo, con el riesgo de que no logren abastecerse si se acaba antes de llegar su turno, perdiendo así horas de espera y viéndose en la necesidad de retomar otra cola en otro sitio”, explicó Giannina Fusco, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo (OVV Carabobo).
Desde que se reinició la escasez, de las estaciones de servicios que suministran gasolina subsidiada en la región solo está operativa la Bomba Santa Ana en el municipio Naguanagua. El suministro, como en todos estos establecimientos, se realiza de acuerdo al terminal del número de placa y, adicional a esto, los conductores deben participar en un sorteo que se realiza antes de las 6 de la mañana de cada día en el que asignan cupo sólo para 150 o 200 vehículos. La situación empeora al considerar que quien no quede seleccionado debe esperar a la siguiente semana, luego de haber estado desde la noche anterior en la cola.
El déficit en el suministro de gasolina somete a los carabobeños a vivir en un clima de vulneración de sus derechos e incertidumbre por no saber si lograrán abastecer sus vehículos, cumplir con sus actividades productivas, laborales y llevar el sustento a sus hogares. “Es una problemática que afecta a todos los sectores de la sociedad en su desempeño diario. Los transeúntes caminan hacia lugares muy distantes para llegar a sus destinos o deben hacer largas colas para abordar un transporte público”, cuestionó Fusco.
Al respecto, de acuerdo al monitoreo de prensa que realizó el OVV Carabobo, se pudo conocer que Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato Único del Transporte en Carabobo, en una entrevista concedida a la periodista Sandy Aveledo por Unión Radio, comentó que la entidad sufre un paro técnico de transporte por la escasez de combustible. Detalló, además, que en la ruta Valencia-Naguanagua hay solo 5 unidades operativas y tan solo el 5% de las unidades de transporte están prestando servicio en la región.
Debido a la alta demanda de transporte, éstos sobrepasan su capacidad incumpliendo las medidas de seguridad, así como el distanciamiento requerido entre los usuarios para la prevención del contagio del Covid-19. Los autobuses transitan con personas en la puerta a riesgo de que resbalen exponiendo su integridad física, como en efecto ocurrió el 30 de abril en una parada de autobús en la Parroquia Santa Rosa del municipio Valencia, donde un pasajero se cayó de la unidad. La víctima resultó con lesiones graves en sus piernas.
La falta de suministro de gasolina también afecta el desenvolvimiento de los cuerpos de seguridad. Durante el asesinato del paisajista Chris Baasch, el 24 de abril en el municipio Naguanagua, según versión de los vecinos, al escuchar los gritos en la vivienda de la víctima llamaron a la estación de la Policía Municipal que se encuentra a sólo 5 minutos, pero los funcionarios tardaron en llegar y solicitaron gasolina a la comunidad para poder retirarse del lugar en la patrulla.
“El suministro de gasolina es un servicio básico para el funcionamiento de la actividad productiva en cualquier región y el Estado debe ser garante del derecho que toda persona tiene a un nivel de vida adecuado y que se le aseguren los servicios sociales necesarios, como lo contempla el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, sentenció Fusco.