Al observar los registros de hechos de violencia ocurridos durante el primer semestre del presente año, lo primero que destaca es el aumento significativo en el número de eventos, que pasaron de 57 en el mismo período del año anterior a 157, un incremento cercano al 200%, que podría explicarse de varias formas: por un mayor número de denuncias formales por parte de las víctimas, por la mayor acción delincuencial, debido al debilitamiento de las capacidades públicas para prevenir o por una combinación de estas, además de otras razones potenciales. Este último supuesto es el que guía la reflexión y el análisis del Observatorio Venezolanos de Violencia de Amazonas (OVV Amazonas), en procura de aproximarnos a un mejor conocimiento de la causalidad de la violencia interpersonal en la región.
Por una parte, el número de homicidios registrado (18) es considerablemente superior a los ocurridos el pasado año (4) en el mismo período; algunos de ellos presentan circunstancias singulares, en concreto, donde las víctimas han sido indígenas, como son los casos de los Yanomami en la comunidad Parima B del municipio Alto Orinoco, en el marco de un presunto enfrentamiento con efectivos militares y el de Virgilio Trujillo Arana, líder indígena Uottuja, ocurrido en la capital en circunstancias que apuntan al sicariato. En estos (y otros) casos, hasta ahora las investigaciones no han producido resultados que precisen la responsabilidad de la autoría ni la motivación, aunque organizaciones indígenas y otras de la sociedad civil que siguen la temática, en sus declaraciones los vinculan a la denuncia de la minería aurífera ilegal y a la presencia de mineros y de otros grupos armados en sus territorios.
En este particular, la minería ilegal y las actividades logísticas de soporte parecieran estar lejos de ser controladas efectivamente por la acción del Estado, fortaleciendo así un contexto social favorable a la violencia, donde, entre múltiples impactos negativos, se han evidenciado efectos de cambio cultural entre las comunidades indígenas, que se expresa en conflictos internos y entre comunidades por la aceptación o no de la minería en el territorio. La incorporación creciente de jóvenes indígenas en la práctica minera y en los grupos armados irregulares ha sido denunciada por las organizaciones de base, como una situación especialmente preocupante.
Con respecto a la violencia no letal, registrada durante el primer semestre del año en curso, destaca el incremento de los casos en todas las categorías consideradas, especialmente en los hurtos, incluyendo vehículos, que acumulan el 46.5 % de los eventos; los robos el 19.1 % y las lesiones personales con el 21.6 %, totalizando el 87.2 % de los hechos de violencia registrados por el OVV Amazonas.
Las cifras anteriores se complementan con la predominancia del sexo masculino tanto en el papel de víctimas (57.7 %), como en el rol de victimarios (87 %), contrastando, en la primera condición, con lo reportado para el mismo período de 2021, cuando las mujeres resultaron ser las víctimas en el 66 % de los registros. Llama la atención que en el 79.5 % de los eventos no existiera vínculo entre víctimas y victimarios, lo que contrasta con los registros del período anterior cuando en el 63.3 % de los eventos, el victimario fue un familiar o conocido de la víctima. De aquí podría entenderse que hay una creciente aleatoriedad en la ocurrencia de hechos de violencia interpersonal.
Otro potencial indicador de posibles tendencias se desprende la edad de los victimarios, donde el grupo de jóvenes entre 19 y 29 años es responsable del 55 % de los eventos, hecho al que podríamos agregar el 11.1 % con autoría de adolescentes menores de 19 años.
La búsqueda de una explicación causal ante la realidad de la violencia interpersonal en Amazonas, debe hacerse identificando y analizando sus particularidades sociales, culturales, económicas y ambientales; por ejemplo, el carácter indígena de la mayoría de sus habitantes, sin pasar por alto la diversidad cultural expresada en cada uno de los 19 pueblos que la conforman. También debe considerar la condición fronteriza de su territorio y la permeabilidad que caracteriza la extensa línea limítrofe, que a su vez podría explicar el contrabando y la presencia de grupos armados irregulares y, de manera especial, la creciente y no controlada actividad minera vinculada con la mencionada condición de región frontera.
Además, resulta indispensable tener presente que la entidad está inmersa también en los procesos socio económicos que afectan al país. Entre ellos la Emergencia Humanitaria Compleja y la prolongada crisis económica, que puede ser entendida como causa y efecto de la primera. Los estudios que caracterizan la EHC, reportan para Amazonas indicadores de la magnitud de sus efectos en la población; por ejemplo, en la reciente publicación de HUM Venezuela (agosto, 2022), correspondiente al diagnóstico comunitario que monitorea la evolución de variables características de la emergencia, se señala que el 93.8 % de las familias encuestadas informan presentar un déficit en la disponibilidad de alimentos, mientras que el 65.9 % señala que destina casi todo su ingreso a la compra de alimentos; situaciones desfavorables similares se observan al revisar los datos de otros indicadores vinculados al acceso a la salud, la educación, las comunicaciones y otros servicios públicos y, paradójicamente al agua potable, que en conjunto muestran al estado Amazonas como uno de los más afectados por la EHC.
El desempleo, el sub empleo y la pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario, parecieran estar actuando como catalizadores en el caso de los eventos de violencia no letal y, probablemente vinculados a la condición aleatoria de los eventos y a las características de los patrimonios afectados por robos y hurtos: vehículos, electrodomésticos, equipos telefónicos, alimentos, bombonas de gas e insumos comercializables de manera irregular.
En resumen, el deterioro sostenido de las condiciones de vida para la mayoría de la población, que impide la satisfacción oportuna y lícita de las necesidades básicas y la disposición de bienes socialmente atractivos, parecería estar promoviendo entornos favorables para la ocurrencia delictual, que podría agravarse con modalidades hasta ahora ausentes o muy poco frecuentes, de no implementarse políticas públicas efectivas contra las raíces estructurales de las crisis y mejoren de forma favorable y sostenible las opciones de la sociedad.
Equipo del OVV Amazonas