Una de las situaciones que más nos llamó la atención durante el primer semestre de 2022 fue el ascenso de los eventos delictivos en los cuales el victimario se trató de un familiar o conocido de la víctima. Entre enero y junio de este año, nuestro Observatorio de Prensa registró 191 eventos delictivos; en 55 de ellos, quien cometió el delito tenía algún tipo de relación con la víctima.
Para comparar esta cifra con la del año anterior, observamos que en todo 2021 registramos 80 delitos cuyo victimario era familiar o conocido de la víctima, lo que hace pensar indudablemente que este año se superará esa cantidad y que, además, el dato final representará un porcentaje mayor sobre los delitos totales que lo que representó el año pasado, cuando promedió 35%.
Al indagar en aquellos casos de este primer semestre de 2022 en los cuales queda claro el nexo entre víctima y victimario, la pareja o expareja fue el agresor en 27% de los hechos; le siguieron los sucesos en los cuales existía una relación laboral o de autoridad, con 11%, y la amistad, con 9%.
Son varias las hipótesis que podemos esgrimir para explicar este fenómeno. Consideramos que una de ellas es que en los últimos meses hay una mayor disposición de parte de los organismos de seguridad a resolver los casos relacionados con violencia de pareja, de género o contra niños, niñas y adolescentes. Una evidencia de ello es que son muchos los casos correspondientes a estos delitos en los cuales la fuente de información es un miembro del Ministerio Público o del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); es decir, el caso trasciende a los medios de comunicación debido a que las autoridades logran hacer justicia.
La actuación efectiva del Estado viene a su vez impulsada por el hecho de que este tipo de casos se están visibilizando más en las redes sociales y la prensa digital, bien sea por denuncias de las víctimas, testigos o allegados, campañas de activismo por parte de movimientos en defensa de los derechos de la mujer o testimonios que se vuelven virales y que, en suma, terminan llamando al sistema de justicia a castigar a los agresores, motivar a que los afectados denuncien y reducir la impunidad.
Casos como el de la joven Arianna Parra, quien fue asesinada por su expareja en la parroquia La Vega debido a que no aceptaba la ruptura de la relación, o el de Wilson Smith Gálviz, un hombre con discapacidad que fue maltratado físicamente por su pareja en su vivienda ubicada en la Avenida Urdaneta, demuestran el rol que tienen hoy las redes sociales y la movilización comunitaria para llevar a la luz los hechos de violencia de género y presionar por justicia.
Por otra parte, existen sucesos, sobre todo en el ámbito intrafamiliar, que dan a pensar que la crisis económica y social del país, de la cual uno de sus rasgos más visibles es el alto costo de la vida, es un combustible para situaciones de conflicto en el hogar. Los ejemplos de esto van desde el niño que es agredido por su madre por comerse en la cena, el único alimento que había en la casa y que era para el desayuno, pasando por un infante que es violentado por su padre por una discusión en la familia, hasta el hijo que tras consecuentes agresiones termina asesinando a su madre de la tercera edad por no querer cuidarla más.
El hogar no es ajeno de una situación en la cual los recursos que llegan son insuficientes o no hay cómo afrontar una coyuntura de enfermedad de uno de sus miembros. La angustia, ansiedad y desesperación, sumadas a la falta de atención del Estado, terminan desembocando en situaciones de violencia en las cuales los más vulnerables son las víctimas.
En cuanto a los delitos cometidos por victimarios con los cuales la víctima tenía algún vínculo de amistad, relación laboral o de autoridad, el análisis de la prensa de sucesos nos muestra escenarios de violencia caracterizados por las riñas. Evidencia de esto son los reiterados sucesos que observamos en los medios en los cuales dos personas que ingerían alcohol terminan discutiendo por distintas razones, lo que culmina en la muerte violenta de una de ellas, generalmente causada con un arma blanca u objeto cortante o punzante.
Sobre este último punto, creemos que el ritmo acelerado de la ciudad, la falta del cumplimiento de normas de convivencia, la ausencia de autoridades y reglas y el estrés diario por una crisis que no se ha resuelto ponen al caraqueño, y en general al venezolano, en una crispación constante en la que cualquier incidente puede tener como desenlace una situación de violencia con una parte buscando imponerse como la más fuerte sobre la otra.
Finalmente, aunque vemos una menor impunidad en los casos reseñados por la prensa de sucesos, reflejada en que al menos 32% de los victimarios de los delitos registrados entre enero y junio de 2022 resultaron detenidos, aún es largo el camino por recorrer y las políticas que se deben emprender para evitar que los crímenes queden irresolutos, un punto fundamental para motivar aún más a la denuncia y reducir las posibilidades de que se sigan cometiendo estos delitos.
La violencia causada por familiares o conocidos de las víctimas ha adquirido tanto peso dentro del monitoreo de la prensa que ha desplazado del foco al que es otro de los grandes victimarios en Caracas: los cuerpos de seguridad del Estado. Es así como observamos de manera casi obligatoria cada mes dos o más casos de violencia de género o intrafamiliar. Estimamos que en el segundo semestre del año seguiremos observando casos de dichos tipos de violencia mientras no exista la suficiente prevención, acompañamiento a las víctimas y atención a las condiciones de entorno que pueden estar incentivando estos hechos.
Equipo OVV Región Capital