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Andrea González
Julio 09, 2021
Adle Hernández, coordinadora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Extensión Social de la UCAB, alertó que la situación que viven los habitantes de las zonas afectadas por los enfrentamientos genera “un desamparo absoluto”
Organizaciones no gubernamentales y personalidades venezolanas se pronunciaron para exigir a las autoridades venezolanas que sean garantes de la seguridad de los ciudadanos expuestos a la violencia en los enfrentamientos
@Andrea_GP21 / Foto referencial
Tras 48 horas de balaceras entre la megabanda de El Koki y organismos de seguridad, muchas familias que residen en zonas aledañas a la Cota 905 dejaron sus viviendas este para escapar de la violencia.
A través de la red social Twitter, se han publicado varias fotos y videos que muestran a grupos familiares caminando bajo la lluvia con lo que pueden cargar, para salir de las zonas que alcanzan las balas en los tiroteos que empezaron el miércoles, 7 de julio.
“Nunca pensé despertarme en la mañana, y tener que abandonar mi casa. Desde las 5 am, las familias de la Cota 905 y sus alrededores, han tenido que irse de sus hogares. Esto se llama desplazamiento forzado”, escribió el joven Luis Colina en la red social.
No es nuevo en Venezuela
Aunque los desplazamientos por violencia no eran comunes en Caracas, sí hay antecedentes en el país, sobre todo en las zonas fronterizas, pero también en poblaciones como los Valles de Tuy y Barlovento.
Pero es distinto cuando los desplazados circulan por las calles de Caracas como consecuencia de la violencia. Adle Hernández, coordinadora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), comentó que la situación de enfrentamientos de bandas no es algo nuevo, sino que ha sido “un proceso de instauración de este sistema de bandas y de este conflicto”.
A juicio de Hernández, la reciente situación registrada en la Cota 905 y zonas aledañas representa un “pico violento”, donde las personas que residen en los lugares afectados “han estado expuestas durante muchas horas de manera impredecible a un fuego cruzado de altísimo poder”.
Al estar expuestos a esta situación de Violencia, según Hernández, genera “el terror a la violencia, el compromiso a la vida”, además no se encuentran en una situación de “indefensión” por estar en “medio de un panorama absolutamente desolador”. Entonces se ven forzados a huir.
Luisa Maracara, periodista y coordinadora editorial de Crónica Uno, informó que en horas de la mañana de este viernes pudo observar personas con niños caminando en el paseo Los Ilustres.
“Familias completas que llegaron ahí huyendo de las balas. Con la lluvia se refugiaron donde pudieron”, informó la comunicadora.
El periodista Jaime Bello-León, manifestó haber visto a “familias desplazadas temerosas de lo que se les viene encima”.
El cofundador y coordinador del movimiento Mi Convive, Roberto Patiño, recibió información de que grupos familiares que residen en El Cementerio y la Cota 905, “están saliendo de sus casas para migrar a otros lugares de la ciudad para huir de la violencia”.
“Nuestra solidaridad con quienes están siendo forzados a salir de sus hogares debido a las actuaciones de grupos criminales y temerosos de que esta situación continúe”, expresó Patiño.
Más mortales que el hampa
Adle Hernández enfatizó en que la mayoría de las personas que residen en las zonas afectadas no tienen nada que ver con el conflicto. “Terminan en medio de la violencia de un lado y del otro”, expuestas al fuego que sale desde la banda, pero también desde los organismos que tratan de controlar la situación. “Están las estructuras delincuenciales muy organizadas, pero también está la otra cara de la violencia, vinculada a los operativos con los que se trata de controlar a las bandas”.
“Lamentablemente estos operativos no contemplan unos procedimientos adecuados en cuanto al derecho a la vida, en general al respeto de los derechos humanos de estas personas que realmente quedan en el medio de unos y de otros”, señaló.
De acuerdo con Hernández, la situación que viven los habitantes de las zonas afectadas por los enfrentamientos genera “un desamparo absoluto”. Aunque es difícil tener estadísticas de la dimensión del problema hay señales de alarma. “Hemos visto algo realmente desolador, que es el ver a estas familias con algunas cosas que pudieron tomar de sus viviendas, saliendo con sus muchachitos, con sus abuelitos. Con lo que tienen, para tratar de resguardarse y de evitar continuar en estos sitios”, dijo.
Señaló que se ha visto a personas movilizándose para evitar seguir expuestas a los conflictos y que además “los habitantes de estos sectores ya saben lo que viene”, refiriendo que cuando se habla de la toma de un sector popular “imaginan lo que va a ocurrir.
“Basta con leer los informes de organizaciones como Provea, o revisar la data que tiene el Observatorio Venezolano de Violencia. Ese miedo no viene de la nada. No es algo que imagina la gente. Tenemos data dura de organizaciones en las que se hace evidente cómo en los últimos años que deberían entenderse como organismos de seguridad del Estado, han terminado siendo más mortales que el hampa y eso es lamentable porque debería ser lo contrario”, lamentó.
En tal sentido, señaló que es responsabilidad del Estado garantizar la vida y la seguridad de todos los ciudadanos, agregando que existen procedimientos correctos que pueden llevarse a cabo en estos casos.
Los operativos de seguridad fueron anunciados por Carmen Meléndez, ministra de Interior, Justicia y Paz, quien aseguró que tienen “la moral, los profesionales, armas y fuerza constitucional para lograr este objetivo”.
Además, afirmó que mantienen “las acciones necesarias para proteger de estos grupos a las y los venezolanos”.
La prioridad es la vida de la gente
Organizaciones no gubernamentales y personalidades venezolanas se pronunciaron para exigir a las autoridades venezolanas que sean garantes de la seguridad de los ciudadanos expuestos a la violencia en los enfrentamientos que afectan a zonas aledañas a la Cota 905.
Mediante un comunicado conjunto, recordaron que políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), “solo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento”.
“Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía”, señala el texto.
Consideran además que, en un corto y mediano plazo, se deben diseñar e implementar “políticas públicas integrales que desarrollen, simultáneamente, acciones y planes operativos y situacionales de contención dentro del marco legal, así como preventivos de más largo alcance”.
“Las autoridades tienen la obligación de generar la capacidad institucional para el despliegue de políticas públicas en seguridad ciudadana, disponiendo de los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados”, agrega el comunicado.
También, exigieron que estos operativos deben tener como núcleo fundamental “el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito, y estar en armonía con los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Leer el Comunicado ONG y Personalidades, por Andrea González Parra en Scribd.
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