La familia ha sido conceptualizada tradicionalmente como el núcleo fundamental de la sociedad. El artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) identifica a las familias “como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas”. En tanto que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niñas y Adolescente (LOPNNA), se define a la familia como “…el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes”. Por su parte, la iglesia católica, a través de la Doctrina Social de la Iglesia, la ha conceptualizado como “la cuna de la vida y del amor donde nacemos y crecemos, es la primera sociedad humana, es la célula principal, vital de la sociedad, titular de los derechos propios y originarios que ocupa el centro de la vida social”. Estas nociones sociales, jurídicas y religiosas plantean el rol protagónico de la familia en la protección de sus integrantes.
Lamentablemente, a pesar de la importancia que tiene la familia como núcleo de protección primaria, se muestran graves daños a lo interno de su estructura. Las manifestaciones de violencia intrafamiliar, en sus diferentes tipologías, han estado encabezando los titulares de la prensa nacional y regional.
La violencia intrafamiliar es un tipo de violencia que se caracteriza por el maltrato, abuso o explotación de niños, niñas y adolescentes (NNA); agresiones y descuido hacia los ancianos, así como el comportamiento violento entre las parejas, como la violencia doméstica. Al respecto, en el Reporte Nacional sobre Violencia Estructural en la Familia en Crisis Humanitaria de Venezuela (2021), producto de una investigación cualitativa del el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), se concluyó que, “…en algunos casos, es posible detectar cómo la familia se ha convertido en un factor de riesgo y de no protección para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, haciéndolos vulnerables ante las agresiones de algunos miembros de la familia”.
El estado Monagas no escapa de esta preocupante realidad, por el contrario, maneja cifras que develan diversos contextos de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en el primer semestre de 2022, desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Monagas (OVV Monagas), se pudo determinar que un grupo especialmente afectado por la violencia corresponde a niñas entre 0 y 11 años (10 casos que representa el 25% del total de casos de la entidad reportados en medios), las cuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de protección, debido a la violencia intrafamiliar, entornos comunitarios hostiles y efectos negativos del post confinamiento por Covid-19. Precisamente, ello se ve reflejado en un aumento preocupante de casos de violación sexual y otros tipos de agresión en este mismo grupo, cuyos victimarios en muchas ocasiones, son los familiares cercanos (padres, padrastros, entre otros).
Al considerar la situación de violencia a la que están sometidas las mujeres en la entidad, Resaltaron los municipios Maturín, Ezequiel Zamora y Piar como aquellos municipios con mayor incidencia de casos, representando el 78% del todas de casos. Al considerar estas cifras se observa que, en Maturín y Ezequiel Zamora, los eventos se dan en contextos urbanos vulnerables, pero en Piar, se trata de contextos rurales donde entran otras variables culturales tales como machismo y la cultura de la violencia como comportamiento aceptado. Vale decir que, los principales tipos de delitos contra las mujeres son homicidios intencionales en el tramo etario de 12 a 24 años y la agresión (incluidas otras agresiones sexuales) en mujeres de 12 a 17 años, así como mujeres entre 30 y 64 años. Éste último dato es significativo porque constituye no sólo violencia contra la mujer como grupo vulnerable, también como personas adultas mayores.
Nuevamente, como en el caso de las niñas menores de 11 años, resulta significativo que más del 66% de los casos de violencia son cometidos por un familiar o pareja, lo que sitúa la violencia contra la mujer en un contexto intrafamiliar. A pesar de la letalidad de las armas de fuego en la comisión de homicidios a mujeres (dos casos de feminicidios), es la violencia física la que es empleada contra las mujeres en todos los grupos etarios.
Durante este segundo semestre de 2022, han sido conocidos casos en los medios de comunicación, en los cuales la familia ha dejado de cumplir su función de protección primaria y ha pasado a convertirse en escenario de victimización de algunos de sus miembros. Octubre fue particularmente destacado en los eventos de esta naturaleza. El primer día del mes, ocurrió un suceso en el sector San Isidro de Aragua de Maturín, donde una joven de 16 años fue brutalmente agredida por su pareja José Urbaneja de 23, informaron fuentes policiales. En tanto que el 7, una discusión marital por poco termina en desgracia, cuando un hombre de 72 años de edad quedó detenido tras provocarle lesiones en la columna a su esposa sexagenaria. El 16, funcionarios de la Policía del estado Monagas (POLIMONAGAS) detuvieron a un sujeto en el sector Vista El Sol, parroquia Santa Cruz de Maturín, por presunta violencia de género. El director de este cuerpo policial, coronel (FANB) Eduardo Alberto Almérida Padrón, también informó sobre la aprehensión de un individuo quien, en medio de una discusión, agredió a su madre de 65 años de edad. Adicionalmente, el 31, la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) practicaron la detención de otro individuo quien agredía sexualmente a su hijastra de 16 años, además de explotarla sexualmente, vendiéndola por 10 bolívares a otros hombres extraños.
No pueden dejar de mencionarse dos episodios diferentes que conmovieron la colectividad monaguense, donde murieron niños de 12 y 13 años, en los cuales las madres sabían del maltrato y abuso sexual por parte de los padrastros y, por el contrario, participaron en las acciones que condujeron a la muerte de los niños.
¿Qué explica el comportamiento violento dentro de las familias?
A la luz de lo señalado salta a la vista que existe un daño antropológico producto de la crisis sistemática y prolongada que ha debilitado aún más el rol de protección de NNA, ancianos y que, históricamente habían tenido las mujeres en las familias vulnerables. Ahora bien, cuando se habla de daño antropológico, citando al reconocido académico monaguense Dr. Freddy Millán Borges, se entiende: “una afectación de la condición de la persona humana en sus dimensiones: personal y comunitaria, lo cual termina por despersonalizar y des-ciudadanizar, desplazándola a una situación límite, de las que no se puede escapar y que tampoco se puede alterar”. Así, los casos de violencia y abuso más visibles son la muestra de la descomposición acelerada, continuada y del daño antropológico en las familias, dando cuenta de los efectos de la pobreza no sólo material sino espiritual que envuelve este núcleo primario de la sociedad en Monagas.
Sin olvidar la fragmentación del tejido social como consecuencia de la migración acentuada y continua que está dejando atrás a los hijos y a los ancianos. Este fenómeno también ha contribuido a propiciar los conflictos, soledad, ansiedad y desatención de estos sensibles grupos poblacionales, constituyéndose en caldo de cultivo de violencia intrafamiliar.
¿Hacia dónde se debe apuntar para corregir y prevenir este tipo de violencia?
Es necesario desarrollar políticas educativas dirigidas a incentivar la equidad de género, la cultura de paz y la convivencia pacífica; en términos prácticos y sostenibles, orientadas a la prevención de la violencia intrafamiliar; con las cuales se les brinde información, se inculquen principios y se haga un trabajo personalizado con las madres, quienes carentes de herramientas formativas, desconocen qué hacer, cómo prevenir y cómo canalizar situaciones que atenten contra su propia dignidad e integridad y de NNA.
Complementariamente, perfeccionar los mecanismos de denuncia y acompañamiento de las víctimas, lo cual empieza por el mismo entorno familiar en el abuso. Así mismo, establecer los enlaces a nivel comunitario e institucional donde pueden ser aplicadas las medidas de protección y los procedimientos legales para evitar situaciones como las señaladas.
Simultáneamente, el Estado venezolano debe asumir su responsabilidad de garantizar y proteger a los integrantes del grupo familiar, cuando alguno de sus miembros no lo hagan. Esto implica un trabajo social y psicológico constante, para lograr detectar estas situaciones disfuncionales a lo interno de los núcleos familiares. Igualmente, se deben cumplir los derechos humanos de la población en relación a las condiciones de vida digna, en satisfacción de los requerimientos de alimentación, servicios, educación, salud y seguridad. Es necesario insistir en el cumplimiento del interés superior de los NNA, la protección de los ancianos y una vida libre de violencia para las mujeres. Igualmente, dirigir su atención prioritaria al diseño de políticas de reunificación familiar, lo cual implicaría la posibilidad de condiciones laborales de los padres y madres que han tenido que emigrar del país, las cuales permitan cubrir las necesidades económicas y sociales de las familias.
Equipo OVV Monagas