El Nacional
Luis De Jesús
27 agosto, 2020
La confrontación que, según la versión oficial, duró cuatro horas, comenzó luego de que los sujetos miembros de la banda del Coqui atacaron la sede de la Policía de Caracas. En el operativo de fuerzas mixtas de seguridad, tres funcionarios policiales resultaron heridos, falleciendo uno de ellos cuando lo ingresaban al Hospital Pérez Carreño
Por una presunta orden superior los organismos de seguridad que estaban desplegados el martes en la Cota 905 de Caracas tuvieron que desistir en el enfrentamiento que se originó en contra de la banda delictiva liderada por Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias el Vampi, Carlos Revette, alias el Coqui, y Garbis Ochoa, alias el Garbis.
Fermín Mármol García, abogado criminalista y director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalísticas y Criminología de la Universidad Santa María, dijo a El Nacional que el régimen de Nicolás Maduro no quiere asumir el costo político de enfrentar el crimen y la violencia, que ha proliferado en el país.
El experto, autor junto con el criminólogo Luis Izquiel del libro Revolución de la muerte: 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela, señaló que, a su vez, en los años de la llamada ola bolivariana se han fortalecido los bloques criminales. Están incluidos, entre otros, los colectivos armados del chavismo y el pranato carcelario.
La confrontación en la Cota 905, que según la versión oficial duró cuatro horas, comenzó luego de que los sujetos atacaron la sede de la Policía de Caracas. El operativo fue desarrollado por fuerzas mixtas. Tres funcionarios resultaron heridos, falleciendo uno de ellos cuando lo ingresaban al Hospital Miguel Pérez Carreño.
—En los últimos meses, especialmente desde que llegó la pandemia al país, ha habido un aumento, de acuerdo con las denuncias y casos conocidos, de extorsión, secuestros y asesinatos. ¿A qué responde esto?
—Es lógico suponer desde el punto de vista científico que algunos modus operandi van a verse afectados. Es decir, la materialización del crimen depende de circunstancias sociales y el confinamiento atenta contra algunos formas de delito. Razón por la cual hemos visto que, desde el punto de vista de la percepción, algunos actos delictivos evidentemente han aumentado; todo el tema de estafas, utilizando como medio de comisión lo tecnológico, lo cibernético, lo electrónico. La gente tiene mucho mayor conexión a través de internet y las transacciones comerciales ahora no son presenciales, sino a distancia. Evidentemente hay una delincuencia organizada astuta que va a producir diferentes modalidades criminales para usurpar identidades y hacer phishing en nuestras cuentas y páginas personales o comerciales. Número dos, evidentemente el tema de la violencia intrafamiliar, psicológica y física que se produce bajo un mismo techo, en donde están involucrados como víctimas los más vulnerables: los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad. Hay un encierro de personas en áreas que no necesariamente son cómodas, amplias o que cubren las necesidades. Estamos en un país con problemas en el suministro de gas, de energía eléctrica, de internet, estuvimos con serios problemas con la distracción que produce una cablera tan importante como Directv y también la dificultad de hacerse de los alimentos y los medicamentos. Todo eso genera alterabilidad, conflictos intrafamiliares que, producto de la exigua cultura de falta de nivel educativo, genera una tormenta perfecta. Entonces los delitos intrafamiliares son un ámbito jurídico penal que también tuvo que haber aumentado.
La extorsión evidentemente va en apogeo, no se ha detenido, ha aumentado, telefónica y por redes sociales. Las bandas criminales se han fortalecido, tienen control territorial y es otro tipo de delito que su modo de comisión no se dificulta por el confinamiento, al contrario. También sabemos que el tema de homicidios, sobre todo en los estados fronterizos, y así lo denuncian algunas ONG, ha estado en aumento; los homicidios, las desapariciones forzosas y los ajusticiamientos han aumentado en estados como Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar. Tenemos un aumento importante de homicidios, desapariciones y el tema de los ajusticiamientos o resistencia a la autoridad. Es posible que por el confinamiento el homicidio en los estados centrales del país haya disminuido, pero no así en los fronterizos. Y, en teoría, el secuestro debió haber disminuido en los estados centrales y, en el peor de los casos, haber mantenido el ritmo del año anterior. En el primer semestre de 2019 y en el primer semestre de 2020 hay una leve disminución que no supera el 15%. Eso se debe a que en los estados fronterizos pudo haberse elevado un poco el tema del secuestro y se compensó con la disminución en los estados centrales. Debemos concluir, lógicamente, que el mecanismo de materialización del crimen y sus medios de comisión van a verse alterados. En el caso venezolano hay una realidad entre los estados fronterizos y centrales.
La Cota 905
—El martes hubo un enfrentamiento en la Cota 905 entre organismos de seguridad y criminales. Como ha pasado en otras ocasiones, los funcionarios recibieron la orden de retirarse. ¿Corresponde esto a que no cuentan con la fuerza para enfrentar a estas organizaciones o responde a otras situaciones?
—En Venezuela tenemos bloques criminales que tienen control territorial. Las megabandas criminales son una de esas estructuras delincuenciales que controlan territorios y se vieron fortalecidas por el nacimiento de las zonas de paz como una política pública que provino del plan de pacificación. Lo que aconteció en la Cota 905 o que continúa aconteciendo en ese territorio es la imposibilidad que tienen las instituciones del Estado de hacer labores preventivas, pero a su vez labores de inteligencia y de investigación criminal. La lucha contra el crimen y la violencia presupone pagar un costo político. En Venezuela, luchar contra las megabandas criminales, contra el pranato carcelario, contra los colectivos armados violentos, contra los boliches del occidente, tiene un costo político.
Hay que diseñar planes de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana de corte preventivo, de inteligencia y de investigación criminal porque en una delincuencia que tiene control territorial, que tiene armamento ofensivo, artefactos explosivos tipo granada, fusiles e inclusive artefactos de guerra, presupone que el rescate de la territorialidad y la protección de la ciudadanía puede generar bajas y eso hay que manejarlo muy bien por la debida protección de los derechos humanos, la debida transparencia y la rendición de cuentas, pero hay un costo político que subyace. Hemos visto esto con Álvaro Uribe en Colombia, con Felipe Calderón en México o Nayib Bukele en Centroamérica. Lo que es evidente es que aquí no se quiere pagar el costo político de enfrentar el crimen y la violencia, pero también es factible que en los años de la revolución bolivariana ha habido estructuras que han fortalecido a estos bloques criminales, como los colectivos, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, el pranato carcelario y las políticas equívocas, como el plan de pacificación que permitió que bandas criminales se convirtieran en megabandas y ahora tenemos el serio problema de una criminalidad organizada violenta, ideologizada o no, que tiene sometida a una población.
—¿Cuál es la realidad de los índices delincuenciales en el país? A mediados de julio el ministro Néstor Reverol dijo que se logró disminuir 46,21% la incidencia delictiva y más de 40% la tasa de homicidios.
—El gran problema que tenemos en Venezuela con la medición del crimen y la violencia es que tanto la rectoría de seguridad, como gobernadores y alcaldes de distintos signos políticos, los que son de la alternativa democrática o son revolucionarios, es que cuando presentan las cifras están dejando una buena parte de la realidad sin tomar en cuenta porque la cultura ciudadana de denunciar está muy menguada. La gente considera que denunciar es una pérdida de tiempo, pero otros consideran que los pone en riesgo, otros indican que es demasiado burocrático y engorroso. Entonces, por cualquiera de esas circunstancias u otras, la denuncia ciudadana ha perdido vigencia en Venezuela, pero por otro lado no hemos visto campañas sostenidas de radio y televisión incentivando la denuncia ciudadana, tampoco hemos visto una preparación del funcionariado receptor de la denuncia para atender a la víctima como se merece, de manera diligente y protocolar. Así lo refieren encuestadoras como Gallup, que indica que 86% de los encuestados no confía en las instituciones de seguridad ciudadana en Venezuela. Eso es muy grave, que 9 de cada 10 encuestados diga que no confía en las instituciones de ámbito policial y de justicia penal. Por eso, cuando usted quiere presentar las cifras de disminución, de equilibrio o aumento, tiene que decir que es de acuerdo con la denuncia ciudadana, porque eso es algo muy parcial.
Denuncia ciudadana
—En este caso, ¿qué se debe hacer en un país como Venezuela?
—Más allá de incentivar la denuncia ciudadana, de fortalecer al funcionariado receptor de denuncias y hacer mediciones, de fortalecer a las ONG en sus trabajos ciudadanos, de fortalecer a los medios de comunicación social, usted tiene que realizar una encuesta de victimización nacional con rango anual. Países como Colombia y México han entendido que cuando tienen problemas de baja denuncia ciudadana deben hacer una encuesta que lleve al detalle lo que está pasando en cada parroquia. Un país de 23 estados, de 335 municipios y más de 1.100 parroquias, hay que llegar al nivel parroquial para saber qué tan fácil es conseguir armas de fuego, drogas, qué percepción tienen los habitantes de la policía municipal, de la policía estadal, de la policía nacional, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, del Ministerio Público, qué tipo delictuales han afectado a sus familias en los últimos seis meses. Realmente hablar de disminución, aumento, del crimen en Venezuela es solo ver la denuncia ciudadana en un país donde ese mecanismo no genera una certeza de que su resultado sea el propicio. Por lo tanto, insisto en que se deberían buscar otros mecanismos para saber lo que se está haciendo. Por eso es que hoy día los estudiosos del crimen y la violencia en Venezuela se apoyan en las ONG venezolanas y en los medios de comunicación social; el Observatorio Venezolano de Violencia, Fundaredes, Red Naranja, Una Ventana a la Libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Paz Activa, entre muchas ONG que realmente, en su ámbito de competencias, desarrollan trabajos de encuestas y un comparativo de comunicación social.
—¿Tienen razones las autoridades venezolanas para permitir, más bien, la proliferación y el resurgimiento de organizaciones criminales?
—Saber en realidad cuál es el objetivo de la revolución bolivariana en temas de crimen y de violencia es muy complejo. Uno se pasea desde el escenario de que en 21 años ha habido políticas públicas fallidas, equívocas, como el Plan Ruta Segura, que fue un soberano y estruendoso fracaso, me refiero poner a un efectivo militar en las unidades de transporte público, con un arma ofensiva en un sitio confinado. O lo que fue el plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz, que fueron planes equívocos. Pero también hubo planes bien diseñados que nunca se llevaron a cabo, como la Ley para el desarme y control de armas y municiones y vemos estas estructuras de crimen violento que realmente se han fortalecido, sobre todo los que tienen corte ideologizado.
Pero también tenemos el esfuerzo que hubo de los diputados de aprobar la ley que bloquea la señal telefónica y el internet en las cárceles venezolanas, que parecía ser algo correcto, que una ley fuera impulsada por ambas bancadas, y que es letra muerta porque no se cumple, no se nos ha rendido cuenta como ciudadanos qué ha pasado con el bloqueo de esas señales. Es decir, paseamos por un lado lo equívoco, por otro lado la inacción y en algunos segmentos de la revolución sí se ha amparado a paramilitares urbanos, que son los colectivos armados y violentos, a los boliches en Apure y Barinas, para poner otro ejemplo, o lo que está pasando en el Arco Minero. Es difícil precisar una sola razón por la cual el crimen organizado violento goza de buena salud y tiene fortaleza. Resulta complejo, pero la realidad es fáctica y esas estructuras tienen control territorial y tienen sometida a una población y han hecho nacer una economía criminal.
—Cómo se compara esta realidad con las cifras que se manejan, con los cientos de graduados en los organismos de seguridad y con las denuncias que los ciudadanos se han visto en la obligación de hacer en las redes sociales.
—Es evidente que el venezolano ha aprendido a denunciar por las redes sociales y es una práctica válida cuando sientes que la denuncia formal no es efectiva, cuando no confías en las instituciones y cuando tienes temor. Emplear el Twitter, el Instagram, el Facebook y el WhatsApp han sido mecanismos alternativos para exponer la corrupción, los delitos violentos y tiene precedentes en el triángulo centroamericano, en Colombia, México y Brasil. Son mecanismos alternativos, pero también hay otros que prefieren documentar y utilizar mecanismos un poco más formales que es acudiendo a las ONG o acudiendo a los comunicadores sociales para que conozcan de hechos concretos y puedan documentarlos. Son mecanismos válidos y alternativos. El gran problema de los delitos que se materializan y no tienen castigo es que hay personas que buscan medios alternativos de resolución de los conflictos y vas a tener en estos países aumentos de linchamiento, del sicariato y eso realmente aumenta ese primitivismo social, el primitivismo criminal y hace florecer el primitivismo, que es el institucional.
— Durante mucho tiempo se ha conocido la participación de funcionarios en actos delictivos. Incluso ha habido denuncias de oficiales que tienen registro. También es sabido el arsenal que poseen los delincuentes y el nivel de impunidad. ¿Cómo lleva un país a estos niveles?
—Es un país donde los sueldos son simbólicos, los niveles de corrupción y los niveles de opacidad están muy presentes. Pero si eso le suma que en Venezuela se sembró el tema ideológico y lo único que se premia es la lealtad ideológica y no el rendimiento como profesional. Bueno, tenemos un cóctel explosivo; no solo tenemos el gran problema de que los mejores están sin concursos de credenciales y de oposición; también se inyectó la ideología en el sistema de administración de justicia, que va desde el policía en adelante. Los resultados han sido realmente complejos. Y después de 20 años de la autodenominada de revolución socialista, Venezuela está en todos los rankings negativos de crímenes y violencia; también en temas económicos, financieros, sociales. Se generó un caos, se generó una anomia social. La tarea es muy ardua, pero debemos comprender que la lucha contra el crimen y la violencia tiene que estar en manos de los mejores; con indicadores de gestión, con transparencia y escogiendo como aliados a los medios de comunicación social, las ONG, las iglesias, los gremios y las universidades; y los enemigos tienen que ser todas las estructuras del crimen. En Venezuela qué coincidencia que la ecuación está invertida.
Fuente: