Prensa OVV
Para la coordinadora nacional del OVV, no hay en el país datos completos, ni suficientes, para comprender la magnitud y diversidad de las distintas manifestaciones de violencia hacia la niñez y la juventud.
Gloria Perdomo es docente, integrante de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), es investigadora y trabajadora social. Se desempeña en la Coordinación Nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) desde donde ha transitado por una larga experiencia en el estudio de la violencia interpersonal. Sin embargo, la profesora Perdomo, a partir de su vinculación con la red y el observatorio ha logrado poner la lupa, a través de muchas investigaciones, en la situación por la que atraviesan los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) venezolanos.
En esta entrevista da cuenta de cómo la grave crisis económica y política, que ha padecido el país en su historia reciente, produce situaciones inéditas en materia de vulneración de los derechos de los menores de edad, un hecho que se agrava por la desatención de las autoridades públicas.
¿Qué consecuencias acarrea la falta de información y de datos oficiales sobre sobre la violencia contra los NNAJ en Venezuela?
Muy relevante destacar esta afirmación, porque no tenemos en el país datos completos, ni siquiera suficientes, para comprender la magnitud y diversidad de las distintas manifestaciones de violencia hacia la niñez y la juventud. De tal manera que lo que hemos podido conocer son datos parciales que nos aproximan a estas realidades de violencia, pero no logran caracterizar o medir propiamente el problema en toda su complejidad.
Algunas organizaciones sociales y grupos de universidades realizan estudios que permiten documentar la situación de la niñez, por ejemplo, informando sobre problemas de salud y enfermedades, o haciendo mediciones sobre desnutrición; pero en materia de protección es muy reducido el número de investigaciones y acciones de monitoreo. Son pocos informes producidos por organizaciones como CECODAP, REDHNNA, OVV, UTOPIX, y otras, pero resultan muy necesarios para conocer la cuantía y características de la victimización de niños, niñas y adolescentes en varias regiones del país, y proponer medidas y acciones de protección.
Con los datos recabados, sabemos sobre nuevas expresiones de la violencia hacia la niñez: por ejemplo, se incrementan los niñas y niños en la mendicidad, niños que deben caminar largos territorios para conseguir un envase de agua para llevar a sus casas; adolescentes que dejaron de estudiar para trabajar y llevar algo de comida a sus casas; niños pequeños que en sus familias son víctimas de golpes y trato cruel por comer lo que quedaba en la nevera, o niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual en sus casas por parte de padres y los padrastros, a veces con el silencio de las madres. Con datos insuficientes no es posible planificar acciones que respondan con eficacia a las causas y dimensiones de los problemas que se identifican.
Por una parte, se puede reconocer que los conflictos internos en el hogar, por cómo administrar los bienes precarios, la falta de oportunidades, son una fuente de tensiones y malestar. Hemos conocido casos de madres que castigan severamente a un hijo por consumir el único alimento disponible para todos, también de madres que callan y toleran el abuso sexual a sus hijas por el padrastro, quien provee los alimentos en el hogar.
En oriente, la familia de una adolescente, manifiesta que esta se acuesta con sus vecinos para tener cómo alimentar a su hijo. O una abuela es detenida al conocerse que cobraba por el abuso sexual de su nieto de 10 años. Son manifestaciones de una violencia que no conocimos antes, una violencia familiar que pretende justificarse por la miseria en los hogares.
¿Cómo incide la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa desde hace años el país en la violencia dirigida a niños y adolescentes? Vemos, por ejemplo, cómo muchos menores crecen en hogares desestructurados y rotos producto del éxodo masivo.
Todavía no han sido calculadas las graves consecuencias y las pérdidas que están resultando de la situación de empobrecimiento estructural que ha sufrido el país en la última década. Ciertamente, se puede hablar de una violencia estructural que desde hace ya muchos años padece la mayoría de la población. Entre las más graves manifestaciones de esa crisis está la victimización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), que son afectados por situaciones de violencia. En algunas familias sabemos que se han conocido situaciones de crueldad, con mucha saña, contra niños y niñas muy pequeñas. Crecen el número de feminicidios contra niñas y adolescentes, se incrementan los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas. Crímenes que son perpetrados directamente por familiares o conocidos de las familias.
Han aparecido delitos antes no conocidos, como el engaño de adolescentes para la explotación sexual y comercial, o la venta de niños y niñas por parte de sus familiares. Son datos y noticias que vamos encontrando, con los que nos vamos topando, que han resultado muy extraños y que no se habían visto en épocas anteriores. La participación, por ejemplo, de niños y jóvenes en bandas armadas, teniendo el hambre o el abandono familiar como una de sus principales causas, también es una transformación de lo que antes conocimos como motivos o razones por las cuales los adolescentes podían involucrarse en actividades de grupos delictivos.
Realmente, la mayoría de las familias venezolanas cambiaron en forma dramática; no es cualquier cosa tener más de 6 millones de migrantes, la mayoría de hogares en pobreza atroz. Eso significa familias fracturadas, hijos dejados atrás, familias en las cuales hay un padre o una madre que se va buscando poder mandar una remesa. ¿Cuánto le va a costar al país este grave debilitamiento y afectación de las familias, porque padres y madres no están presentes y dejan de tener capacidad para cuidar y proteger a sus hijos en los hogares?
Miles de niños, que están a cargo de sus hermanos, abandonan los colegios y utilizan la mendicidad, o las peores formas de trabajo infantil, para poder mantenerse. Esto efectivamente significa una convocatoria a la participación en actividades muy marginales de ingreso. Sin embargo, no se ve una respuesta estatal que tenga que ver con la recuperación de la familia, con su fortalecimiento, con habilitar mecanismos para superar la pobreza. La actuación del Estado es básicamente de indolencia, omisión, indiferencia a lo que es su obligación y deber fundamental, que es crear condiciones económicas y sociales (a través de programas) que permitan superar la crisis. Su única respuesta es la represión, mediante la actuación persecutoria y punitiva de funcionarios policiales y militares, para intervenir en las barriadas con operativos policiales, sin atender a los factores que propician la presencia de jóvenes en las actividades de las bandas armadas.
Retomemos algo que mencionó: que un joven o adolescente que se desenvuelve en un contexto violento, y que no cuenta con protección del Estado y de su familia, puede buscar dicha protección integrándose en una banda o pandilla criminal. ¿Podría ahondar un poco al respecto, por favor?
En contextos de violencia, los grupos armados siempre han estado presentes, controlan territorios, zonas, y conviven con la población. A veces se muestran cómo quienes “protegen” a esas comunidades. El Estado no está presente, son zonas en los que el Estado no garantiza ni lo básico, servicio de agua potable, o gas doméstico, tampoco responde con servicios de salud o educación de calidad y no les ofrece oportunidades a los jóvenes, quienes están excluidos, el Estado no se plantea que es su deber atenderlos. Entonces no es que los jóvenes buscan a las bandas, es que las bandas que están en los territorios, les ofrecen ganar algún dinero, les muestran cómo pueden tener lo que quieran “fácilmente” y así los van involucrando. El muchacho preferiría no meterse a malandro, pero en ciertos contextos parece ser la única opción.
¿Con qué mecanismos contaba el Estado venezolano previo a la actual crisis para lidiar con este tipo de violencia que discutimos? ¿Cómo se ha producido el desmantelamiento del sistema de protección a NNAJ?
El Estado nunca ha tenido una respuesta institucional para promover la educación y el desarrollo de los jóvenes, nunca se invirtió con una política y presupuesto en el desarrollo de la adolescencia y la juventud. Muy diversas oenegés, educadores y universitarios logramos la aprobación de la LOPNNA y la exigencia al Estado de crear un Sistema de protección a la niñez y la juventud, pero de ese sistema solo se logró la creación y sobrevivencia de algunos órganos como los Consejos de Protección, las Defensorías y los Tribunales de niños, niñas y adolescentes. Pero es muy grave hoy observar lo precario de los presupuestos asignados, lo insuficiente de los programas, lo menguado de los recursos frente al notorio incremento de la violencia y el abandono a esta población.
Un logro institucional que habíamos tenido es que las autoridades entendían su responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes y sabían que era una materia especial, con personal, instituciones, legislación y procedimientos específicos para afrontar tanto las situaciones de violencia, vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, como para la atención de los casos en los que los adolescentes son acusados de la comisión de delitos.
Hoy vemos que algunas autoridades del Estado desconocen el mandato del Art 78 de la Constitución de la Republica cuando al juzgar a adolescentes presuntamente responsables de delitos, los Tribunales de Responsabilidad Penal de Adolescentes declinan sus competencias legales y las entregan a un Tribunal no especializado que no cumple con las garantías establecidas en la LOPNNA, normativa que tiene preeminencia y ha sido instituida como Ley especial para la atención de esta población.
Preocupa y mucho, reconocer que justo en el momento en el que se requiere la más rigurosa y apropiada protección de niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de violencia y muy graves afectaciones a su integridad personal, el sistema de protección se muestre débil, precario, desarticulado, con recursos muy menguados, sin una Política y Plan Nacional de protección y sin el personal competente y especializado, necesario para garantizar la calidad de sus acciones.
¿Cuál es la explicación que subyace tras los casos inéditos de violencia contra NNAJ que ha citado? Pretenden justificarse desde la miseria, ¿pero es esa su causa real?
Son casos complejos, seguramente no obedecen todos a unas mismas causas ni siguen un único patrón. Lo que enseña el trabajo social y comunitario que hemos hecho con familias en distintas comunidades y lo que es inequívoco, es que son realidades familiares que, cuando aparecen, cuando alguien identifica casos tan atroces y graves, no es una sorpresa ni para los vecinos ni para las familias. De alguna manera se veían venir. ¿En qué sentido? En el sentido de que son familias donde hay problemas de salud mental, por ejemplo, o hay personas que tienen características violentas. Esas personas han podido actuar impunemente o sin limitaciones porque no se detecta en las escuelas, por parte de las maestras, que una mamá es maltratadora, o que es negligente, descuidada, o que le falta formación. ¿Qué sería lo lógico en un Estado encargado de lo social, qué es lo que debería ocurrir? Que ese tipo de familia pasa a ser observada y atendida por los llamados “servicios sociales” o “servicios de orientación familiar”.
Hay distintos tipos de programas en los que se pueden involucrar, como programas de escuelas de padres. Si se descubre que hay un problema de salud mental, se deriva a un programa de salud. Lo mismo si hay problemas de consumo de drogas o de participación en actividades de riesgo. Un buen programa preventivo permite identificar el problema a tiempo, cuando no ha escalado, antes de que se convierta en algo atroz y brutal como lo que vemos.
Lo que preocupa examinando las situaciones en distintos lugares del país es que aquello que antes era un caso aislado en uno u otro territorio pareciera que está siendo algo relativamente frecuente. Por ejemplo, el uso de los niños en situaciones en las cuales se les explota para obtener dinero a través de la explotación sexual y la prostitución. Eso se está dando con relativa frecuencia, son numerosos los casos. Tiene presencia en muchas partes, no solo en unos estados. Casos, además, en los que esas personas son muy jóvenes. Hay que preguntarse qué está ocurriendo, porque a lo mejor tiene componente fuerte asociado a la pobreza y asociado a una cultura de resolver rápido, resolver fácil, resolver con algo que no me cause demasiada complicación. Estamos viendo a personas jóvenes, adolescentes, utilizadas para captar a otros jóvenes de su edad para engañarlas y llevarlas a redes de tráfico y prostitución, incluso de sacarlas del país. Entonces, bueno, ¿por qué es lo “fácil”? Es fácil, por decirlo de alguna manera, entusiasmarlas con unos cuantos dólares que para ellas representan una ventana de oportunidad. Es una vía rápida para conseguir dinero.
La pobreza tiene que ver con la falta de oportunidades, recursos y atención a situaciones muy duras y muy difíciles que ocurren en Venezuela, ante las cuales no existe respuesta institucional. Las respuestas son pocas y tienen una limitada cobertura, muchas de ellas dependen de programas de atención comunitaria que las organizaciones sociales brindan, mientras el Gobierno niega estos problemas y la desesperación de la gente. Vemos un Estado ausente en lo social, que no atiende a la prioridad de superar la pobreza, generar oportunidades, promover desarrollo social.