El Pitazo
Daisy Galaviz
26 julio, 2020
La llegada de Chávez al poder acabó con la información de los delitos que ocurren en Venezuela, mientras que las iniciativas independientes para ubicar datos se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Según investigadores, esto no ayuda a curar la enfermedad que representa la violencia y el crimen organizado para el país.
Desde 1999, el gobierno de Hugo Chávez comenzó a aplicar la estrategia de ocultar a la prensa y a todos los venezolanos las cifras de homicidios del país, lo que a partir de 2003 se convirtió en un dato totalmente ajeno de la información pública, al igual que el dato de inflación de Banco Central de Venezuela, los reportes epidemiológicos y hasta el funcionamiento del sector eléctrico. Para expertos, la falta de transparencia tiene sus efectos en el diseño de políticas públicas para frenar la inseguridad.
De acuerdo con un informe realizado por el Observatorio Venezolano de la Violencia, publicado en 2011, entre los años 1994 y 1998 el número de muertes violentas pasó de 4.733 a 4.550 y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes bajó de 22 a 20. En 1999, cuando Chávez tomó el poder, los homicidios se incrementaron en más de 30%, contabilizándose 5.968 homicidios y una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes. En el 2000, el número subió y se situó en 8.022 asesinatos; en el 2002 volvió a ascender y se informó que se registraron 9.617. Y en el 2003, el número de fallecidos arribó a los 11.342, para una tasa de 44 homicidios por 100 mil habitantes. Tras el incremento, llegó el silencio por parte de las autoridades.
Sandra Guerrero, periodista de la fuente de sucesos del diario El Nacional con más de 40 años de experiencia, relata cómo el gobierno les quitó el derecho a conocer las cifras de muertes violentas en el país: “Nosotros cada lunes recibíamos un parte de los homicidios que ocurrieron la semana que acababa de terminar en cada estado de Venezuela. En 1999 cambiaron la modalidad y nos daban una minuta, a las que les decían novedades, en la sala de prensa del Policía Técnica Judicial. A partir de 2003 no volvimos a tener acceso a números detallados de homicidios, nos tocó ir cada día a la morgue como actualmente hacemos para saber qué casos ocurrieron”.
Las últimas cifras oficiales de homicidio que se tienen de Venezuela las dio el ministro Néstor Reverol el pasado 29 de diciembre de 2019. Ese día, Reverol informó a través de Twitter que en 2019 hubo un 36,3% de reducción en los principales delitos en Venezuela, incluyendo hurtos, robos, secuestros y homicidios. “Por cuarto año consecutivo se mantiene tendencia a la reducción de tasa de homicidio en el país, según criterios establecidos por la ONU y aplicados cabalmente en Venezuela. En 2019 la tasa de homicidios se ubica en 20 por cada 100 mil habitantes, logrando una reducción del 36,3%”, dijo en un mensaje que colgó en la red social.
Ante el silencio oficial, varias ONG se han dedicado a divulgar cifras de los homicidios que ocurren diariamente en el país. El Observatorio Venezolano de Violencia comunicó el 27 de diciembre de 2019 que el año pasado se registraron 16.506 muertes violentas, para una tasa de 60,3 homicidios por cada 100 mil habitantes. El Observatorio resaltó que considerable número de muertos falleció como consecuencia de la violencia policial.
En 1999, cuando Chávez tomó el poder, los homicidios se incrementaron en más de 30%, contabilizándose 5.968 homicidios
Por su parte, la ONG Monitor de Víctimas, que lleva el registro de muertes violentas en la Gran Caracas y los estados Lara y Bolívar, indicó en su informe que en 2019, al menos 898 personas fueron víctimas de homicidio en la capital del país.
Sin cifras no se puede reducir los delitos
Ronna Rísquez, periodista y coordinadora editorial de Monitor de Víctimas, asegura que la escasez de datos ha representado para Venezuela un problema gravísimo porque “al no tener la data de lo que está pasando no se pueden generar políticas, ni mecanismos, ni planes para controlar o reducir los delitos que están ocurriendo en el país”. Explica que aunque puede que estos datos existan para consumo interno, si no se hacen públicos no se va a llegar a la cura de la enfermedad que representan la violencia y el crimen organizado para el país.
Rísquez menciona que la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19 ha restringido que periodistas vayan al lugar del suceso o a las distintas morgues del país, y eso se ha traducido en mayor escasez de información.
Dice que hasta la fecha ni la prensa independiente ni investigadores saben a ciencia cierta qué pasó realmente en Petare en el operativo conjunto que desarrollaron las Fuerzas de Acciones Especiales, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, la Brigada de Antiextorsión y Secuestro del Cicpc y el Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, el pasado 8 de mayo, para dar con el paradero de Wilexis Monasterios, alias “Wileisy”, “porque no se pudo hablar con los familiares, solo se obtuvo minutas policiales, la información quedó a medias”, explica Rísquez.
Al no tener la data de lo que está pasando no se pueden generar políticas, ni mecanismos, ni planes para controlar o reducir los delitos que están ocurriendo en el país,
Ronna Rísquez, periodista y coordinadora editorial de Monitor de Víctimas
La periodista y también investigadora afirma que este “bache” de información va a generar que no se pueda detectar incremento de delitos en algunas zonas en los próximos meses. Rísquez pone un ejemplo: “a lo mejor hay más robos y violaciones en un sitio y no lo sabemos, y en seis meses tenemos que la data de violaciones aumentó en un 300% y no pudimos ver porque no lo conocimos en su momento el incremento. Si no tienes datos no puedes ejercer la función de prevención, es trabajar a ciegas”.
El abogado y especialista en el área de seguridad ciudadana, Luis Izquiel, ofrece otro ejemplo. Acota que en varios países del mundo está en plena vigencia la determinación de los puntos calientes o de lugares donde con mayor frecuencia se cometen homicidios. “Estos espacios de mayor actividad delictiva se reconocen a través de la denuncia y la estadística criminal, por eso si un país no cuenta con cifras delictivas, no puede establecer estrategias correctas para prevenir y sancionar a los delincuentes”.
Lo que se ofrece son “pronósticos” y no la realidad
El criminólogo Keymer Ávila menciona que la restricción al acceso de las estadísticas delictivas oficiales llevó a algunos sectores a aplicar fórmulas diversas para “calcular” las cifras de delitos, presentando números procedentes de metodologías más cercanas a la predicción que datos en su real dimensión. “En algunos casos, se trata de ‘pronósticos’ basados en tendencias de años anteriores, pero no son una cifra, un número”, explica el especialista.
Ávila señala que, actualmente, los venezolanos se encuentran entre el silencio oficial y las especulaciones de sectores de la oposición, “lo que no contribuye a un adecuado análisis, ni a la toma de decisiones acertadas sobre el problema. Por el contrario, esta situación crea un clima que distorsiona estos procesos”.
Venezuela tiene 20 años sin saber cuántos homicidios ocurrieron cada semana en el país; los ciudadanos desconocen los números violentos de su comunidad. Una sociedad donde en promedio ocurrieron 16.500 asesinatos el año pasado desconoce cuáles son las zonas más violentas. Como aseguran los especialistas entrevistados para este trabajo: la información es prevención.
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