La presencia de grupos armados irregulares provenientes de la República de Colombia, en territorio del estado Amazonas, ha sido reportada desde hace al menos dos décadas y ampliamente documentada por diversas fuentes, incluso oficiales.
Los objetivos de esa presencia han cambiado a través del tiempo. Inicialmente se trataba de disponer de un espacio para el descanso y el resguardo ante la ofensiva del Ejército colombiano en su territorio; esta situación se prolongó, aproximadamente, entre mediados de la década de los 90 del siglo XX y los primeros años de esta centuria. En los últimos 15 años, los objetivos parecen orientarse a lograr el control efectivo del territorio y de los recursos naturales presentes, especialmente mineros y particularmente sobre las zonas de explotación aurífera. Así, se ha denunciado su presencia en las minas del Parque Nacional Yapacana, en la cuenca alta del río Ventuari y en las áreas mineras del sur en el municipio Río Negro y, más recientemente su incursión en la cuenca del río Sipapo. Se presume que a través de ello disponen de una fuente importante de financiamiento para sus operaciones políticas-armadas; hipótesis que podría revisarse a la luz de los recientes cambios en la estructura funcional, que han venido ocurriendo a lo interno de los grupos principales, pero no es este tema el que nos ocupa.
Las incursiones y la presencia de los grupos armados irregulares ocurren en territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas; este fenómeno conlleva un conjunto de violentos impactos socio culturales en esos pueblos, que no han sido suficientemente estudiados. En el caso del pueblo Uottuha de la cuenca del río Sipapo, que viene afrontando el fenómeno creciente de la incursión de esos grupos desde hace unos cinco años, comienzan a identificarse algunos de esos efectos, que más allá del desplazamiento, pasan a visualizarse como un tutelaje, que algunos grupos parecen aceptar, mientras otros lo rechazan. Recientemente se han reportado incidentes violentos, entre aquellos indígenas que decidieron participar en la actividad minera que se desarrolla en la cuenca del río Guayapo, afluente del río Sipapo, y quienes han decidido resistir haciendo uso de los medios a los que tienen acceso, principalmente la denuncia formal, frecuentemente desoída por las autoridades oficiales, pero también mediante la creación de la “guardia territorial indígena”, lo que lleva a temer por el escalamiento de la violencia.
Otro aspecto que llama la atención, está vinculado al desconocimiento de las autoridades tradicionales del pueblo Uottuha, los ancianos; no solo por los grupos irregulares sino también por una porción del pueblo, especialmente jóvenes, que plantean su paradigma de progreso a través de la minería. Esto acelera la desestructuración cultural, ya afectada por la imposición de categorías oficiales como los consejos comunales, promotores y toda la parafernalia semántica característica del gobierno.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas)