El Nacional
Sandra Guerrero
13 de marzo de 2016
Isabel Tenia es una de las madres que ha perdido a un hijo en operativos policiales. Ella negó rotundamente que su hijo Derwin Gabriel Astudillo Tenia se hubiese enfrentado con una comisión de la PNB el 25 de febrero en la mañana en el sector La Laguna de la carretera Panamericana.
El objetivo de ese procedimiento era buscar a los implicados en la muerte del oficial de PNB Ángel Rafael Figueroa Solís, muerto de un tiro cuando retiraba los conos del VAO, a las 6:00 am.
Tenia explicó que a la hora en que mataron al policía, Derwin Gabriel dormía, luego se levantó a las 9:00 am para hacer el desayuno con su pareja. Fue la hora en que llegó la policía y lo sacó de la casa luego de derribar la puerta. Los testigos dijeron que al joven, de 24 años de edad, se lo llevaron vivo.
Aseguró que su hijo no portaba arma de fuego ni tenía registro policial. Se quejó porque los polinacionales se burlaron de ella y celebraron la muerte de su hijo con refrescos, además de que cargaron con 10.000 bolívares, celulares y tarjetas de memoria.
“En este país no hay justicia.”
La PNB está actuando mal, pero como son policías eso se quedará así. No hay respeto a los derechos humanos y esos policías son unos delincuentes disfrazados de funcionarios”, dijo. La mujer insistió: “No hay respeto a los derechos humanos y esos policías son unos delincuentes disfrazados de funcionarios”.
Uso excesivo de la fuerza
Provea, además de asesorar y acompañar en sus denuncias en Fiscalía y Defensoría del Pueblo a familiares de víctimas de violación de los derechos humanos, lleva un registro de estos abusos.
Desde julio de 2015, cuando se dio inicio a la OLP hasta enero de 2016, han registrado en todo el país 300 civiles muertos y solo 2 policías ultimados en esos procedimientos, informó Inti Rodríguez, coordinador de Investigaciones de la ONG.
Provea ha entregado informes de más de 25 casos con testimonios en relación con presuntas ejecuciones.
Sin embargo, Rodríguez es consciente de que hay una cifra subyacente de violación de derechos humanos y que es alta porque la gente no denuncia debido a la impunidad, que ellos cifran en 92% en delitos comunes y 98% en violación de derechos humanos.
Rodríguez explica que otras causas por las cuales las víctimas se abstienen de denunciar son el temor a represalias porque la administración de justicia no da respuesta, lo que genera desconfianza: “La opinión pública tiende a justificar esos operativos y aprueba que asesinen a personas implicadas en delitos”.
Los afectados por presuntas ejecuciones son los que menos denuncian, lo cual preocupa a Rodríguez. La mayoría de las denuncias están referidas a viviendas afectadas y detenciones ilegales.
“En 2015 y en lo que va de 2016 ha habido un uso excesivo de la actuación militar y policial. En 2015 se duplicó la cifra de personas ejecutadas en acciones policiales. No solo en la Operación de Liberación del Pueblo sino en otros procedimientos”, indicó. Citó como ejemplo que de agosto a octubre de 2015 hubo de 12 a 14 muertos en cada procedimiento en Carabobo.
Precauciones
Javier Gorriño, criminólogo, y Luis Rodríguez Vieira, ex funcionarios de la División contra Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial, coinciden en que la labor policial se ha desvirtuado y se pasan por encima ciertos protocolos que determinan la eficacia de los procedimientos, lo que deja como resultado inocentes muertos y abusos en el ejercicio de la autoridad.
Señalan que antes de practicar un operativo se debe hacer una labor de inteligencia para planificar el procedimiento, lo que incluye estudiar la zona y verificar el lugar donde vive la persona requerida. Previamente ese individuo objeto de la búsqueda debe de estar plenamente identificado para evitar equivocaciones. Sin embargo, los expertos indican que se ha hecho común que funcionarios van tras la pista de estas personas solo guiados por alias o por sus características fisonómicas, lo que conlleva a errores.