Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)
Introducción
En el año 2020 dos epidemias azotaron al país: la epidemia del Covid-19 y la epidemia de la violencia. La epidemia de la violencia en 2020 resultó once veces más letal que la del coronavirus.
El año 2020 fue un año atípico en muchos aspectos, y lo ha sido tanto, que ha llevado a las ciencias sociales a reconsiderar muchas interpretaciones sobre la dinámica de la criminalidad y del poder.
En Venezuela, los procesos sociales vinculados a mortalidad y morbilidad que ha provocado la pandemia y las cuarentenas que para contenerla fueron aplicadas en casi todo el mundo, se vieron magnificados por la destrucción de la economía, el socavamiento de las relaciones sociales basadas en normas y la pérdida del valor social del trabajo que ya existía en la sociedad.
El que un día fue el país más rico de América Latina, hoy debe acudir a los organismos internacionales a solicitar ayuda alimentaria para intentar frenar el hambre de los adultos y la desnutrición de los niños y niñas. Más de la mitad de la población nacional requiere de ayuda alimentaria para poder subsistir.
Y eso ha ocurrido sin que hubiese acontecido un desastre de esos que llaman naturales, que hubiese destrozado las siembras de cereales o diezmado los rebaños de animales. Ni tampoco una guerra, que hubiese demolido las industrias, ni arrasado con las represas de agua o con las instalaciones de electricidad.
No fue así, la economía fue destruida pues se usó la mayor riqueza petrolera de nuestra historia para devastar la producción nacional de alimentos, bienes y saberes, de los campos, las fábricas y las universidades.
La CEPAL, en su Balance Preliminar de las economías en 2020, coloca la caída del Producto Interno Bruto del país como la mayor de toda la región, con menos 30 puntos en el PIB, tres veces superior a los países que le siguen en la lista, como Perú, Panamá o Argentina, cuyas reducciones están en -12, -11 y -10,5 puntos.
El Informe de Desarrollo Humano del PNUD coloca a Venezuela entre las últimas posiciones, en el lugar 113. En el año 2004 ocupaba el lugar 74, lo cual representa una caída de 39 escalones durante el periodo de mayor riqueza petrolera.
La economía nacional se ha reducido a una quinta parte, la industria manufacturera a una cuarta parte, la producción de petróleo se redujo a una décima parte, el país dejó de ser un país petrolero para convertirse en una nación que tiene petróleo en el subsuelo.
Por décadas, los migrantes radicados en Venezuela enviaban libremente remesas para ayudar a sus familiares en España, Italia, Portugal, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina…En la actualidad, los más de seis millones de venezolanos emigrados del país son los que ayudan a que puedan sobrevivir sus padres, hijos, hermanos y amigos. Se estima que el ingreso por remesas enviadas por los familiares ha superado a los ingresos que recibe el país por exportaciones petroleras.
Esa destrucción acumulada ha cerrado y cambiado las oportunidades del crimen, y por lo tanto mutado el panorama de la violencia en Venezuela.
La red universitaria del OVV creció este año a 15 sedes
Luego de diecisiete años consecutivos de censura oficial, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) vuelve a ofrecer su reporte anual sobre la situación de violencia en el país.
La censura sistemática de la estadística oficial, el manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones usadas en el metadato, obligan a los grupos de investigación de las universidades públicas y privadas que formamos parte del OVV a seguir observando y analizando lo que ocurre con la criminalidad en el país y continuar entregando a la sociedad nuestras mejores estimaciones e interpretaciones sobre la realidad existente y la calidad de la información.
La censura durante la cuarentena, el cierre de los medios de comunicación disponibles, la persecución y cárcel para los comunicadores sociales y organizaciones de derechos humanos, han buscado acentuar el silencio y dificultarle a la sociedad conocer la situación de penuria y criminalidad del país.
En este año 2020, el Observatorio Venezolano de Violencia ha estado analizando y procesando información en quince entidades federales del país, con grupos de investigación integrados por profesores de universidades públicas y privadas en distintas ciudades: en San Cristóbal con el Observatorio Social del Estado Táchira de la UCAT; en Cumaná con la Dirección de Cultura de la UDO; en Caracas con el Centro Ciudades de la Gente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV; en Barquisimeto con la Escuela de Desarrollo Humano de la UCLA; en Ciudad Guayana con la Escuela de Derecho de la UCAB-Guayana; en Mérida en el Instituto de Geografía, Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA; en Maracaibo en el Centro de Investigación en Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, y en Maracay en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UC; en San Juan de los Morros en el estado Guárico de la UNERG; en Maturín, estado Monagas de la UPEL. Las otras cinco sedes corresponden a cinco universidades nacionales, con las cuales ya veníamos trabajando y que tienen sedes y presencia importante en esas ciudades: la UCV en el estado Amazonas, con el Núcleo de Estudios Universitarios Supervisados de la Facultad de Humanidades y Educación; la ULA en el estado Trujillo, con el Núcleo Universitario Rafael Rangel; la LUZ en el estado Falcón; la UDO en el estado Nueva Esparta y la UC en Valencia, estado Carabobo, con la Facultad de Ciencias de la Educación.
La observación de violencia
En medio de dos epidemias, Venezuela se mantiene en el año 2020 como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo.
Este año cierra con un estimado de al menos 11.891 fallecidos y una tasa de 45,6 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina.
Esta tasa es el resultado de los tres tipos de muertes violentas que consideramos son los componentes de la violencia letal en la sociedad.
En 2020 ocurrieron 4.153 homicidios cometidos por los delincuentes, para una tasa de 15,9 víctimas por cada cien mil habitantes.
Se contabilizaron 4.231 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las cuales fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 16,2 víctimas por cada cien mil habitantes.
Y pudimos estimar que hubo al menos 3.507 muertes de intencionalidad indeterminada, registradas oficialmente como averiguaciones de muerte, y que consideramos son homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar, y cuya tasa estimada es de 13,4 víctimas por cada cien mil habitantes.
Los resultados muestran una importante disminución en el número y en la tasa de muertes violentas en comparación con el año 2019.
En los homicidios cometidos por delincuentes el descenso fue del 37%, lo cual muestra la reducción de oportunidades para el crimen violento. La pandemia y la cuarentena han conllevado una reducción de las actividades de la criminalidad de las pequeñas bandas y un incremento de las bandas de crimen organizado. Ha ocurrido también un desplazamiento del contexto de la violencia, pues disminuye la violencia en los espacios lejanos y ajenos, y se incrementa en los cercanos y familiares.
La contracción en las averiguaciones de muerte fue del 24%. Esta categoría sigue siendo una zona oscura en los anales de la criminalidad del país, y es posible un mayor subregistro por la falta de transparencia. Es posible estimar un incremento de las desapariciones como práctica de ocultamiento del crimen, tanto en zonas periurbanas como en los espacios rurales y selváticos, convertidos en territorios sin control. Aun así, esta categoría representa el 30% de los casos de muertes violentas, un porcentaje muy por encima de los estándares internacionales sobre el porcentaje de muerte de causa indeterminada considerados aceptables.
Y finalmente, en resistencia a la autoridad del 20%, siendo la menor de todas las reducciones del año 2020. La letalidad policial se sostuvo como práctica en todo el territorio nacional, mostrándose una diversidad en los lugares de ocurrencia y en los organismos oficiales ejecutores. Este año, y por primera vez en la historia, las muertes ocasionadas por los cuerpos policiales y catalogadas como resistencia a la autoridad son superiores, en términos absolutos y en las tasas, a los asesinatos que cometieron los delincuentes.
La epidemia de violencia policial
Desde el año 2016 hay un aumento sostenido de la letalidad policial en relación a las muertes provocadas por los delincuentes. Cada año hay más víctimas por haberse resistido a la autoridad que los homicidios de cualquier otro tipo. En el año 2016, por cada cien homicidios hubo 28 personas que fallecieron en las actuaciones policiales que calificaron como muertes por haberse “resistido a la autoridad”. En 2017 fueron 34 por cada cien; en 2018 fueron 72 por cada cien; en 2019 fueron 88 por cada cien y en este año 2020, por primera vez, fueron más los muertos por los policías que por los delincuentes: 101 por cada cien homicidios delincuenciales.
La letalidad policial se ha extendido por todo el país, parece ser la única política de seguridad que se ha estado implementando. En doce estados del país la policía mató más que los delincuentes. Es decir, en la mitad de entidades federales la letalidad policial fue superior a la letalidad delincuencial.
En 18 municipios del país no hubo homicidios cometidos por delincuentes, pero sí víctimas de la violencia policial. En el municipio Roscio del estado Bolívar las autoridades mataron cinco veces más que los delincuentes, en Guanare cuatro veces más, en el municipio Simón Bolívar de Miranda, San Francisco de Yare, cuatro veces más. En los municipios San Francisco y Maracaibo del Zulia tres veces más, al igual que en Barinas. En el municipio Iribarren del estado Lara, en Barquisimeto, fueron 2,6 veces más, la policía mató a 103 personas más que los delincuentes.
En 112 de los 335 municipios del país, es decir, en un tercio de los municipios, las muertes por la supuesta resistencia a la autoridad superaron a los homicidios ocasionados por cualquier otro delito: robo, venganza, pasionales…
El 90% de las víctimas de la resistencia a la autoridad tenía entre 18 y 40 años, las autoridades afirman que el 66% de ellas tenían prontuario policial, en su totalidad eran venezolanos. De los 4.231 víctimas de la letalidad policial, 82 tenía entre 12 y 17 años, y hubo tres niños menores de 11 años que supuestamente murieron por haberse resistido a la autoridad.
Los cuerpos policiales que participaron en estas acciones se han ido diversificando. La mitad de las víctimas cayeron en las acciones de la PNB y del CICPC. En el caso de la PNB, el 82% de las víctimas las ocasionó las FAES. En el 12% se debieron a funcionarios de la GNB y en el 20% a las policías estadales. Una variedad notable de grupos policiales se han formado en las policías de los estados, y todos ellos han participado, hasta una Brigada Canina se ha encargado de realizar las ejecuciones extrajudiciales.
Es por esto que en quince entidades federales las muertes por resistencia a la autoridad tuvieron una condición de epidemia y los fallecidos por este motivo hayan sido cuatro veces más que los que mató el Covid-19 en el año 2020.
Las mutaciones de la sociedad y del crimen y la violencia
La disminución en la tasa de muertes violentas en el país debe ser comprendida en el contexto de los cambios ocurridos en la sociedad y en las transformaciones que han provocado esos cambios en las oportunidades del delito. Estos serían:
- La masiva emigración de venezolanos ha provocado un cambio demográfico en la sociedad que ha alterado su base poblacional. Con una emigración reciente de dos millones de personas, y una acumulada de seis millones y medio de habitantes, la sociedad se achicó de una forma notable en su conjunto, pero de mayor manera en la parte media de la pirámide poblacional. La reducción de la población se dio en el grupo entre los 20 y 40 años de edad, la etapa más activa y productiva de la vida, que es donde se ubican la mayoría de los emigrantes. Esto alteró la proporción entre las personas en edad productiva y las personas dependientes, de menos de quince años y más de 65. Una reducción tan grande y tan rápida de ese número de personas, altera las rutinas de la sociedad y reduce las actividades y circunstancias donde pueden ocurrir los delitos y la violencia.
- Esa emigración masiva es, en gran medida, consecuencia de la destrucción sostenida de la economía del país durante los últimos cinco años. De acuerdo a los datos de la CEPAL, en los cuatro años previos a la pandemia, el Producto Interno Bruto por habitante se había reducido interanualmente en -16,4 en 2016; -14,4 en 2017; -18,2 en 2018 y -27,1 en 2019. En esos mismos cuatro años y en toda América Latina, los países que habían tenido una mayor reducción del PIB por habitante fueron Nicaragua en 2018 y 2019 con -5,1, y Brasil en 2016 con -4,1 puntos. Es decir, mucho menos que la disminución en Venezuela. En este año 2020, la reducción del PIB por habitante fue de -29,7, lo cual es más del doble de la sufrida por Perú, quien tuvo la segunda mayor reducción en la región y que fue de -14,4 puntos.
- La destrucción de la economía y del trabajo, así como la emigración masiva, vaciaron las ciudades y restringieron las ocasiones para el delito. El racionamiento de la venta de gasolina para el transporte público y los vehículos particulares que existió desde inicio de año y luego el inmenso incremento del precio oficial del litro de gasolina, redujeron la movilidad de las personas desde antes de la pandemia. En la práctica, ya el país estaba paralizado antes que se decretase la cuarentena.
- Las medidas de la cuarentena, el cierre de los comercios y lugares de diversión, los toques de queda y la exigencia de salvoconductos para poder superar las restricciones de movilidad a lo interno de las ciudades y entre las ciudades, desconcertaron a los grupos delictivos y los obligaron a un estancamiento en sus actividades. Durante la cuarentena había menos personas en las calles y más policías y militares en lugares nuevos y con un personal desconocido para las bandas delincuenciales.
- Estas circunstancias llevaron a un debilitamiento de las bandas pequeñas y a un fortalecimiento de las bandas grandes del crimen organizado. Ese proceso estuvo acompañado de una disminución del delito depredador, del robo, hurto y secuestro, y un incremento del delito de extorsión aplicado a las pocas actividades económicas activas y con acceso a moneda extranjera.
- Los estudios muestran que a mediados de año el 67% de las transacciones económicas en el país eran realizadas en moneda extranjera. En su mayor parte en dólares estadounidenses, aunque en las zonas de fronteras ese porcentaje podía alcanzar al 80% y se incluía de manera importante el peso colombiano o el real brasileño. La pérdida de confianza en la moneda nacional y la merma de su función de intercambio, ha llevado a una dolarización de la economía. Algo similar ha sucedido con el crimen y el delito. Los extorsionadores cobran a los negocios que “protegen” en dólares; los secuestradores tasan el rescate de sus víctimas en dólares; los ladrones de viviendas preguntan por dólares y los policías y militares corruptos exigen en los peajes de las carreteras la contribución para el “cafecito” en dólares. El delito en Venezuela está dolarizado.
- La destrucción de la actividad económica y el proceso de dolarización, ha llevado al crimen organizado a concentrarse en los nichos económicos que logran sobrevivir y que tienen acceso a moneda extranjera, y de los cuales pueden extraer una renta: tiendas de tecnología, de automóviles, de repuestos de automóviles o de equipamiento del hogar; clínicas privadas y comerciantes importadores, son lugares donde pueden encontrar abundantes dólares acumulados y guardados, pues esas divisas no son depositadas en las bóvedas de los bancos. A los dueños y gerentes de estos comercios se les ha solicitado el pago de la extorsión, y luego se les ha amenazado con mensajes de teléfono primero y con la explosión de granadas en sus puertas después.
- En el año 2020 se dio también una dolarización del pequeño comercio y del empleo informal. Los albañiles, los jardineros y las trabajadoras domésticas cobran en dólares. También lo hacen las trabajadoras sexuales. Todo el que puede dolariza su actividad. En los barrios de Caracas y las principales ciudades del país, el alquiler de las casas pobres se fija en dólares y la compra-venta de los llamados “ranchos” se realiza libremente y ahora el precio se fija en dólares y en efectivo. Esta difusión de la moneda extranjera ha llevado también al surgimiento de nuevas oportunidades para el delito depredador pequeño, aunque su expansión ha sido lenta por los efectos de la paralización del país y la cuarentena.
- La destrucción de la economía y el establecimiento de unas nuevas cadenas migratorias, llevó a una disminución del número de delincuentes en el país; sin embargo, no es posible desestimar el impacto que puede haber tenido también el proceso de exterminio aplicado por las acciones extrajudiciales de los cuerpos policiales durante los últimos años. Después del año 2016 las policías han “dado de baja” supuestamente por haberse “resistido a la autoridad” a 27.856 venezolanos. Si damos por ciertas las informaciones oficiales sobre estos individuos, que afirman que el 66% de las víctimas de esas acciones tenía un prontuario policial, podemos estimar que la policía “abatió” en esos años a cerca de 18 mil presuntos delincuentes. Si bien sabemos que existe una alta probabilidad de substitución de estos delincuentes, ese proceso lleva un tiempo y debe estar acompañado de la existencia de una oportunidad delincuencial, de un nicho en el cual sea necesaria su substitución, lo cual no ha sido el caso generalizado para el delito común en el país, pues se han reducido y concentrado las oportunidades en algunas áreas, como las que explota el crimen organizado, y donde sí ocurre un reemplazo inmediato de los fallecidos.
- En este año se ha acentuado la interacción y cooperación entre las bandas grandes del crimen organizado y los funcionarios del Estado, lo cual ha permitido el señoreo de estos grupos sobre amplios territorios urbanos y rurales del país. La presencia de organizaciones de actores armados no-estatales en la zona del Arco Minero y en las fronteras de los estados Zulia, Apure, Táchira y Bolívar, representan unos mecanismos de cohabitación que implica al menos una cesión de la soberanía de la república en esos territorios. El dominio de esos actores armados en esos territorios no implica necesariamente un incremento de los homicidios, pues existe de parte de ellos un proceso de administración de la violencia, un uso más instrumental de la misma, que puede permitir un mejor control de la población y que sugiere la existencia de acuerdos entre esos grupos y funcionarios del Estado.
Estos factores que hemos descrito permiten interpretar la situación de violencia en el 2020 como un resultado de la alteración de tres factores esenciales en la configuración del crimen: en primer lugar, los actores motivados hacia el crimen; segundo, la existencia de un botín o renta atractivo y accesible y, tercero, la ausencia de guardianes o protectores que impidieran el delito.
En el delito menor se han reducido los actores, motivados por la emigración y la letalidad policial. Pero en el crimen organizado se mantienen esos actores motivados, aunque son un grupo más pequeño y con un uso dosificado de la violencia, más instrumental. El botín de los grupos delincuenciales pequeños se redujo por la parálisis de la economía y del comercio; algo distinto sucedió con las bandas del crimen organizado, quienes encontraron nuevos nichos para su actuación en el tránsito y tráfico de droga; en el comercio ilícito de minerales como el oro; en la trata de personas; en los mercados negros asociados al lavado de dinero y la venta de dólares; en la venta o reventa de las ayudas alimentarias del gobierno y el control de las cajas de comida; en la transformación de lo que fue el contrabando de exportación en contrabando de importación de comida, medicinas y repuestos; en el mercado negro de la gasolina nacional o de contrabando. Finalmente, el delito menor se ha visto afectado por la contención que le ha implicado una mayor presencia policial y militar en las calles, mientras que para el crimen organizado ese mismo hecho le ha permitido consolidarse en sus territorios, por los acuerdos y alianzas que ha establecido con funcionarios del Estado.
Hay que subrayar que los cambios en estos tres factores no ha dado un resultado unidireccional, sino que aunque varía entre el delito menor y el crimen organizado, y por lo tanto se expresa en dos sentidos opuestos, tiene un mismo resultado de disminución de los homicidios y de la violencia letal.
Las singularidades de la violencia
Demografía de la violencia
La mortalidad por violencia durante 2020 tuvo como víctimas principales los hombres, quienes representaron el 91% de los fallecidos. La mayoría de estos hombres se encontraban en la edad productiva y cuando mayor aporte podían ofrecer a la sociedad y sus familias; el 68% tenían entre 18 y 40 años de edad y en un 99% eran venezolanos por nacionalidad.
Un cambio importante que se pudo encontrar en el año 2020 fue un incremento en el uso de armas blancas para cometer los asesinatos, representando un 14% del total. Esto ha ido acompañado de una disminución en las muertes ocasionadas por armas de fuego, lo cual puede atribuirse a los altos costos que empezaron a tener las municiones para los integrantes de las bandas menores. También muestra el proceso de concentración del poder de las bandas grandes, quienes sí tienen capacidad financiera para tener acceso y comprar o negociar armamento de mayor calibre o de mayor poder destructivo, como las granadas. El mayor uso de las armas blancas en robos y homicidios indica, por un lado, la participación de nuevos delincuentes en la actividad delictiva, quienes actúan de manera individual y aislada. Y por el otro lado, su utilización en los casos de violencia doméstica o de género en este periodo de encierro y parálisis social.
Temporalidad de la violencia
Los meses más violentos del año 2020 fueron enero y mayo, aunque por razones distintas. En enero, la alta mortalidad se tuvo en los homicidios cometidos por delincuentes; mientras que en mayo el pico se debió a las muertes catalogas como resistencia a la autoridad.
La primera semana del año fue la de mayor mortalidad por homicidios, y fue el primer día del año el de mayor conteo, lo cual se explica tanto por las festividades de fin de año, que siempre han dado lugar a trifulcas y agresiones, como por la actividad delincuencial que se aprovecha de esas fechas de celebración del fin de año para su actuación, provocando muertes o lesiones que conducen a la muerte y que son registradas el primer día del año.
El segundo momento de mayor mortalidad ocurrió en la semana 18 del año y se debió a los casos que las autoridades califican como de resistencia a la autoridad y que tuvieron lugar el primero de mayo de 2020. Durante los meses de inicio de la cuarentena las muertes ocasionadas por los cuerpo policiales se mantuvieron constantes en varios lugares del país y con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajador hubo eventos de represión en distintos lugares, pero el pico del primero de mayo estuvo asociado a la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA) durante un motín de los presos en protesta por la falta de comida y de agua, y que arrojó un total de 47 detenidos muertos y una cifra superior de heridos. Durante el enfrentamiento no resultó ningún funcionario policial o militar fallecido.
Todas las 24 entidades federales de la república están en situación de epidemia de violencia. De las 356 unidades sub-estatales que hay en el país, compuestas por los 334 municipios y las 22 parroquias del Distrito Capital, 286, que representan el 80%, se encuentran en situación de epidemia de violencia.
Las cinco entidades federales con la mayor tasa de violencia en 2020 se han mantenido casi iguales en los últimos años. De esas cinco, tres corresponden al eje centro norte costero del país: Miranda (70,7), Distrito Capital (56,2) y Aragua (60,5), que ha sido el núcleo tradicional de la violencia en el país, y dos se corresponden a los nuevos territorios de la violencia: los estados Bolívar (62) y Sucre (61,3), dos entidades donde se ha concentrado la actividad del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas, minerales preciosos y personas.
En las posiciones siguientes y con tasas entre 40 y 50 muertes por cada cien mil habitantes se encuentra el estado Zulia (47,5), que ha tenido una tradición de violencia. Pero aparecen nuevas entidades con una nueva criminalidad, el estado Monagas (49,3), en el cual el desplome de la actividad petrolera ha cambiado la dinámica del crimen, que antes podía vivir de las rentas que extraía de las compañías petroleras y sus contratistas, y ahora ha debido modificar sus áreas de actuación y competir en nuevos territorios, moviéndose hacia la actividad agrícola. El estado Guárico (48,5), de vocación agropecuaria, y que se ha convertido en foco de actividad de grupos armados que se mueven entre el centro del país y el llano, y que controlan las rutas de alimentos y de la droga. El Delta Amacuro (48,1), que se ha convertido en un territorio fértil para la actuación del narcotráfico, por lo intrincado de su geografía, y el estado Portuguesa (47,5) donde las bandas se dedicaron a la extorsión de la agroindustria. También el estado Yaracuy (45,5) hacia donde se han movilizado bandas del estado Carabobo y Aragua.
En el 2020 hubo 25 municipios y dos parroquias del Distrito Capital con una tasa de muertes violentas superior a las 100 víctimas por cada cien mil habitantes. Algunos de esos municipios se corresponden con los estados más violentos del país. En el estado Bolívar hay tres de los municipios más violentos del país: El Callao, Roscio y Sifontes, todos ubicados en el área minera del estado y donde hay actuación de diversos grupos armados, los “sindicatos” mineros, el grupo guerrillero ELN y los cuerpos de seguridad del gobierno. En el estado Miranda hay cinco municipios en ese alto nivel de violencia, Acevedo, Andrés Bello, Bolívar, Paz Castillo y Lander, todos están ubicados fuera del área urbana de Caracas o de Los Teques, y son controlados por bandas delincuenciales que actúan en las áreas periurbanas. En el Distrito Capital, las parroquias contiguas Coche y El Valle, en el suroeste de la ciudad, tienen la mayor violencia delincuencial y policial, y son para las bandas del crimen organizado la puerta de entrada y salida de Caracas. En Aragua son los municipios Santos Michelena y Bolívar, donde actúan las bandas delictivas que controlan la actividad comercial de Las Tejerías y San Mateo; y Camatagua, que conecta el estado con los llanos. Y en el estado Sucre son los municipios Valdez, cuya capital es Güiria y que está controlada por bandas dedicadas a la salida de drogas y el tráfico de personas hacia el Caribe; y Andrés Eloy Blanco, que conecta la zona montañosa del estado con el mar Caribe y que es un área agrícola convertida en centro de operaciones de algunas bandas criminales.
Pero hay otros municipios muy violentos que se encuentran en estados no tan violentos, como es el caso de los municipios Andrés Bello y la Ceiba, ubicados en la parte llana del estado Trujillo y que tienen un comportamiento en la violencia totalmente distinto a la zona de montaña. Estos dos municipios, junto al Panamericano del estado Táchira, forman parte de la ruta de la droga que se desplaza desde la frontera con Colombia en Táchira y Zulia, hacia el norte del país. De igual modo llama la atención las altas tasas de los municipios Las Mercedes del estado Guárico y Uracoa del estado Monagas.
Las epidemias de violencia y del Covid-19
De las dos epidemias que golpearon a la sociedad venezolana, la de las muertes violentas infringió un costo en las vidas humanas muy superior al que proporcionó el Covid-19.
La tasa por mortalidad por el virus, de acuerdo a las cifras oficiales, puede estimarse en 4 fallecidos por cada cien mil habitantes, mientras que la tasa de muertes violentas fue de 45,6 víctimas por cada cien mil habitantes, es decir, 11 veces más.
Y si tomamos por separado cualquiera de las tres tasas que componen la mortalidad violenta, cualquiera de ellas es muy superior a la resultante de las muertes ocasionadas por complicaciones de salud que provoca la enfermedad viral y que han causado un razonable pánico entre la población.
La tasa de mortalidad por resistencia a la autoridad en 2020 fue de 16,2 víctimas por cada cien mil habitantes, la del Covid-19 fue de 4 por cien mil habitantes. Es decir, los cuerpos policiales mataron en 2020 cuatro veces más personas que la pandemia.
La violencia de Venezuela en el contexto internacional
El Covid-19 y las consecuentes medidas de restricción de las actividades laborales, comerciales, recreativas y educativas que fueron implementadas por los gobiernos, tuvieron impactos disímiles en la mortalidad violenta en los países de la región. En algunos países como Colombia, Honduras, El Salvador y República Dominicana, ocurrió una disminución; mientras que en otros, como México o Brasil, representó un aumento en su conjunto, aunque, por el tamaño de esos países, su impacto fue desigual, provocando la disminución de las muertes en unas áreas y su incremento en otras, pero que al final ha representado un aumento para el país.
La incidencia de las medidas de cuarentena en los delitos menores o contra la propiedad ha sido más generalizada. Tanto en países de América Latina, como en los países del norte, se mostró una disminución en este tipo de delito. Las medidas de permanecer en la casa o el toque de queda implicaron un cambio notable en las oportunidades para el crimen, pues hizo que las rutinas de la población y de los cuerpos de seguridad fueran alterados y por lo tanto provocaron un desconcierto en los delincuentes, sobre todo en los primeros meses de la cuarentena y mientras lograban adaptarse a la nueva situación.
En su conjunto, tanto en Venezuela como en América Latina, ha podido observarse una reducción de los delitos que se cometen en las calles, en el espacio público, mientras se incrementaron los delitos que ocurren en el espacio privado, en el hogar.
En Colombia se estima que el año 2020 cerrará con una tasa de 23,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Esta cifra es el menor número de muertes y la menor tasa que ha tenido el país en 46 años, desde 1974. A pesar que en el año 2020 hubo un incremento importante del número de homicidios colectivos, de las masacres, esto no ha repercutido en las cifras globales. La reducción de los homicidios entre los primeros diez meses de 2019 y del 2020, mostraron una disminución del 6%. Se estima que en los municipios que representan un 45% del territorio del país no se cometió ningún homicidio. Lo cual es la continuidad de una tendencia a la baja que venía ocurriendo desde años antes en ese país.
En El Salvador se produjo durante el 2020 una reducción muy importante en los homicidios y que ha sido calculada en un 62% con respecto al año 2019. El Salvador, que en el año 2015 había tenido una tasa de 103 muertes por cada cien mil habitantes, ha experimentado una reducción importante, bajando la tasa a 50,4 en el 2018 y a 35,8 en el 2019. Si la reducción experimentada en la primera parte del año se mantiene es posible que el año cierre con una tasa cercana al 18 por cada cien mil habitantes. Las causas de esta disminución pueden ser variadas y no hay consenso entre los analistas, pues, aunque el gobierno aduce que es el resultado de su política de seguridad, las áreas de mayor reducción no coinciden con aquellas en las cuales se desplegó el plan de seguridad, por lo cual algunos estudiosos consideran que puede ser el resultado de una tregua implícita entre las bandas y el gobierno nacional.
En Honduras la reducción fue menor que en otros países centroamericanos, pero significó un cambio en relación a la leve tendencia al aumento que había experimentado en los años 2018 y 2019. En el año 2011 Honduras tuvo una de las tasas más altas del mundo con 92 homicidios por cien mil habitantes, pero luego de un programa de recuperación de la policía, basado en una más estricta selección, una más extensa capacitación, mayor destreza técnica, incorporación de personal femenino y una importante mejoría en salarios y prestaciones sociales se logró reducir los homicidios drásticamente. Las cifras oficiales han estimado una tasa entre 33 y 38 homicidios, mientras que otras fuentes la ubican alrededor de 42 por cada cien mil habitantes.
Un caso particular es la República Dominicana, en la cual hubo una reducción en los homicidios que pudiera llevar a una tasa de 8,5 fallecidos por cada cien mil habitantes, con lo cual el país estaría saliendo de la situación de epidemia de violencia, por ubicarse por debajo del umbral de las 10 muertes por cada cien mil habitantes que establece la Organización Mundial de la Salud.
En México el propio presidente de la republica reconoció en la presentación de su mensaje anual de septiembre del 2020 que los homicidios dolosos se habían incrementado en un 7,9% en ese año. En México, como en otros países, otros delitos, como robos y secuestros, tuvieron una reducción durante los meses de la cuarentena, no siendo ese el caso de las muertes violentas, ni tampoco el de las extorsiones, las cuales se incrementaron en un 12,7% según el reporte presidencial. Ambos delitos están vinculados a la creciente dominación territorial que tienen las grandes bandas criminales en muchas zonas, en las cuales ejercen un control letal. Este control y la letalidad que provocaron varían mucho de un estado a otro, dependiendo de las disputas por el control territorial entre las bandas, o la consolidación del dominio por una de ellas. Eso hace que unos estados hayan tenido unas tasas muy altas como Colima con 100 fallecidos; como Baja California con 79; Morelos 52 y Michoacán 51; mientras que en Yucatán haya sido de 2 y en Ciudad de México de 14 por cada cien mil habitantes. Las proyecciones del gobierno mexicano indican que este año se pueden exceder los 40 mil fallecidos, una cifra que es el doble de la reportada para los años 2014 y 2015, cuando fue de poco más de 20 mil muertes. Esta cifra estimada para 2020 es también superior a la del 2019, la cual fue reportada corregida por el INEGI en 36.476 occisos. Por lo tanto, la tasa debería ubicarse a fin de este año en 30 fallecidos por cada cien mil habitantes.
En Brasil, luego de dos años de reducción, las muertes violentas intencionales han vuelto a experimentar un incremento calculado en el 4%, con lo cual se daría un leve aumento en la tasa de mortalidad. La tasa de muertes violentas intencionales, que agrupa tanto los homicidios dolosos como las muertes ocurridas a partir de las intervenciones de policías, sea que ellos estuviesen en servicio o de descanso, fue de 22,7 víctimas por cada cien mil habitantes en el año 2019, y se pudiera estimar que llegaría a una cifra cercana al 23,5 al final del 2020. Si bien durante la pandemia se registró una disminución en los delitos de robo de carga, de bancos, de vehículos o los comercios y las casas, las muertes violentas se incrementaron y se revirtió la tendencia de los dos años anteriores, 2018 y 2019, cuando se habían reducido. Ese incremento es el resultado de un aumento en la violencia en la región del nordeste de Brasil, la misma que en los años anteriores habían permitido la baja. Los estados de Paraíba, Maranhão, Espírito Santo y en particular Ceará, han experimentado un incremento en las muertes violentas que han empujado al alza de los números y las tasas. En el estado de Ceará se dobló el número de homicidios dolosos, lo cual ha estado asociado a la huelga de la policía que durante trece días tuvo lugar en el mes de febrero. También se asume que hay un incremento en las muertes por reacomodos en curso en el delito organizado. En 2020 durante la pandemia se dio un importante incremento en el decomiso de drogas en las carreteras, lo cual debe llevar a un cambio en las modalidades de transporte y en los negocios, y equilibrios de poder entre las bandas.
Por todas estas evidencias, Venezuela permanece como el país con mayor muertes violentas de América Latina.
Violencia estructural y violencia en las familias
En los últimos años la vida de los venezolanos cambió drásticamente. Los ciudadanos soportan precariedad, privaciones y empobrecimiento. La inseguridad alimentaria está presente en un 80% de los hogares venezolanos. La incertidumbre de contar con servicios públicos, transporte o gasolina, se extiende a toda la población. Esta realidad representa un tipo de violencia diferente, que no mata con una bala o un cuchillo, pero que puede provocar la muerte, es una violencia estructural.
Esta violencia estructural tiene diversas manifestaciones que van desde la vulneración del derecho a un nivel de vida adecuado, al no acceder a los alimentos, medicinas y otros bienes básicos; la privación de los servicios públicos de agua, electricidad, gas doméstico, hasta las omisiones y abandono por parte del Estado del cumplimiento de sus obligaciones de protección para con una población afectada por privaciones tales que califican como situación de emergencia humanitaria.
La población ha sido sometida a situaciones límite, como tener que caminar varios kilómetros por ausencia de transporte público o gasolina, o tener que soportar 20 horas sin luz, o meses sin gas doméstico o sin servicio de agua potable. Afirmamos que es una violencia estructural, es decir, violencia sistémica infligida por omisión y negligencia. La muerte de recién nacidos en hospitales pediátricos porque falló el servicio de electricidad y no funcionaron las plantas eléctricas de emergencia ¿Murieron por la falla de electricidad o por las políticas públicas que destruyeron el servicio eléctrico y los hospitales del país? La muerte de una señora de 57 años y una niña de 8 porque les explotó la bombona de gas que trasladaban desde lejos, porque el suministro de gas hacía tiempo que no llegaba a su barrio ¿Las mató el envase del gas en mal estado o la destrucción de la industria petrolera del país? Ellos, al igual que los dos ancianos que encontraron muertos por hambre en Puente Hierro, en Caracas, murieron por la violencia estructural.
Estas privaciones de servicios básicos, las dificultades para acceder a los alimentos y otros insumos, la cada vez mayor precariedad del ingreso, tienen otros efectos: someten a la población a situaciones de estrés y ofuscación que afectan la convivencia familiar y social y que se han provocado unas formas de violencia intrafamiliar cuya magnitud y expresiones no conocimos nunca antes.
En este año 2020, en Venezuela, las manifestaciones de la violencia contra niños, niñas y adolescentes ha provocado muertes de niños, niñas y adolescentes, todas inadmisibles, todas injustificables. En algunos casos indignan por la saña, en otros por la negligencia y desatención de cuidados y obligaciones impostergables. Son muertes y daños que el Estado ni siquiera contabiliza, son hechos que ocurren ante la indiferencia, ignorancia, la inacción o más propiamente, la parálisis de los organismos y servicios públicos que tienen la obligación de identificar y proteger a la población vulnerable.
Durante los distintos meses del año, pero en especial, durante el período de confinamiento por Covid-19, se acentuó el trato cruel y el maltrato en las familias. Una mujer, en un ataque de ira golpeó a su hijo de 7 años, lo estranguló y luego pretendió simular un suicidio; una niña fue lanzada por su padre por la ventana de su vivienda y otras niñas y niños de pocos años de edad han fallecido luego de ser brutalmente golpeados por sus padres. Otros han logrado sobrevivir a los tratos crueles, como la niña de tres años a quien su padrastro golpeó hasta desfigurarle el rostro; o aquellos niños fustigados por su madre con un cable por pedirle comida; o la pequeña de 4 años que era desnudada y golpeada por su padre cuando lloraba por tener hambre. ¿Cuántas más pérdidas y sufrimiento hacen falta para que se entienda la urgencia y prioridad de contar con programas y servicios de protección a la niñez y a las familias?
Otra tendencia observada por todos los Observatorios Regionales de Violencia es el incremento de casos de violencia sexual y basada en género en todas las entidades del país. Durante las medidas de control sanitario y en el confinamiento en los hogares se hizo evidente el incremento de femicidios por parte de parejas o exconvivientes. La violencia sexual tuvo como víctimas a niñas, adolescentes y mujeres, pero también a niños y jóvenes con discapacidad, teniendo predominantemente como agresores a padrastros, tíos, padres, abuelos y hermanos. Los datos publicados por la REDHNNA informan que sólo de mayo a septiembre 2020, ocurrieron 183 crímenes que califican como delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y en seis de esos casos resultan asesinados dos niños, dos niñas y dos adolescentes.
En varias ciudades del país, se pudo observar positivamente la actuación de algunos cuerpos policiales, quienes han logrado la identificación y captura de los autores de este tipo de agresiones, presentándolos ante la justicia penal para la sanción de estos hechos. Es una actuación forense, no preventiva, pero que se valora por su contribución a detener la impunidad con estos delitos. Es importante observar que en los delitos sexuales no sólo incurren los familiares; este año se conoció de la captura y enjuiciamiento penal de individuos que, valiéndose de sus oficios de brujo, santero o educador, han abusado sexualmente de los niños y niñas, y hasta han sido detenidas algunas madres y familiares que utilizan a sus hijas en pornografía y explotación sexual.
Las organizaciones indígenas han denunciado que las niñas y adolescentes están siendo utilizadas como mercancías, que se negocian tanto para labores domésticas como para su explotación sexual, ofreciéndolas a un precio que ha oscilado entre 5 y 10 gramos de oro, costo que puede variar según la edad de la víctima.
La situación de emergencia humanitaria compleja que afecta a la mayoría de la población y las medidas de aislamiento social por la pandemia de Covid-19, también conllevó a un incremento de los suicidios. Aunque sabemos que han sido muchos más, hasta fines de noviembre del presente año nos fue posible estudiar 271 casos de presuntos suicidios consumados en el territorio nacional. El 21,8% de ellos ocurrieron antes del decreto de las medidas de aislamiento, mientras que, durante el período de cuarentena que abarca desde mediados del mes de marzo y hasta el último de noviembre, ocurrió el 78,2% restante.
Lo que pudimos observar indica que las percepciones sobre el agravamiento de la situación económica, la imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos, las perspectivas pesimistas sobre el futuro inmediato y las dificultades para gestionar la crisis, inducen pensamientos negativos en las personas e incrementan la posibilidad de ansiedad, angustia y depresión. Con las medidas de confinamiento en los hogares, que impiden los encuentros interpersonales y aumenta la incomunicación, se han agravado los síntomas y se han acentuado las dificultades para identificar y atender trastornos y afectaciones de la salud mental, y se redujeron las oportunidades para identificar a tiempo esos riesgos. Y a muchos pacientes ya diagnosticados no fue posible ofrecerles la atención especializada requerida, ni la medicación necesaria para su tratamiento.
En esas circunstancias es comprensible que se hayan cometido tres suicidios cada día del año, 22 cada semana, para un total estimado de 1.150 suicidios en el año 2020.
Palabras finales
Cada año, los profesores e investigadores universitarios que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia, elaboramos este Informe Anual convencidos de hacer una contribución a la sociedad venezolana al documentar cuáles son los factores, situaciones y condiciones que explican la violencia en Venezuela; y esperanzados en poder incidir en decisiones, políticas y comportamientos que deben ser transformados para reducir los problemas y dificultades que identificamos.
En medio de la gravedad de las emergencias humanitaria, de violencia y de salud que azotan al país, tenemos muy clara la magnitud y profundidad del daño que en todo el territorio nacional se ha causado a la convivencia social, del profundo deterioro de todas las instituciones, y de cómo se amenaza con instaurar la violencia como rasgo propio de nuestra identidad cultural. Es conmovedor examinar estos hechos y nos estremecernos al apreciar, con dolor, la expansión del daño que se ha causado a las personas y a la sociedad en su conjunto.
Frente a estos hechos es importante reflexionar, pues lo que ocurre en Venezuela es el resultado de decisiones equivocadas de unas personas, y de las acciones y graves omisiones de otras. Sólo será posible transformar estas realidades y superar esta tragedia, poniendo en práctica decisiones y actuaciones distintas, inspiradas en los valores de honestidad, trabajo, cumplimiento de la ley y respeto a la dignidad de todas las personas.
Como docentes universitarios y en medio de tanta oscuridad y desesperanza, ofrecemos las luces del conocimiento y nuestros mejores esfuerzos para convocarnos a la paz, la unión y la solidaridad, en un esfuerzo conjunto para hacer posible la superación de esta grave situación de pobreza, violencia y violación de Derechos Humanos que hoy nos afecta.
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