Informe Anual de Violencia 2021

Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)

1. Venezuela cierra el año 2021 con un estimado de al menos 11.081 personas fallecidas por causas violentas, lo cual se corresponde con una tasa de 40,9 muertes por cada cien mil habitantes. Esta tasa es el resultado de cuatro tipos de muertes violentas que consideramos son los componentes que están pautando la violencia letal en la sociedad: homicidios, resistencia a la autoridad, averiguaciones de muerte y desapariciones.
   En 2021 estimamos que ocurrieron 3.112 homicidios cometidos por los delincuentes, para una tasa de 11,5 víctimas por cada cien mil habitantes. Se contabilizaron 2.332 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las cuales fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 8,6 víctimas por cada cien mil habitantes. Pudimos estimar que hubo al menos 4.003 muertes de intencionalidad indeterminada, registradas oficialmente como averiguaciones de muerte, y que consideramos son homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar, y cuya tasa estimada es de 14,8 víctimas por cada cien mil habitantes. Adicionalmente, en este año 2021 pudimos observar en el país un notable incremento de las desapariciones, las cuales implican una presunción de muerte no confirmada por la ausencia del cadáver, lo cual nos llevó a diferenciar la información y establecer esta nueva categoría en la que se encuentran 1.634 personas, para una tasa de 6,0 víctimas por cada cien mil habitantes.
   Esto significa que en el 2021 los delincuentes cometieron diariamente 8,5 homicidios, que los cuerpos policiales mataron a 6,3 personas diarias por resistirse a la autoridad. Que no hubo esclarecimiento de un promedio de 11 víctimas fatales, las cuales quedaron clasificadas como muertes en averiguación, y que cada día del año fueron denunciadas por sus familiares la desaparición de 4,4 personas.
2. En el año 2021 hubo una reducción de las muertes violentas en el país. Esa reducción mantiene una tendencia a la baja que puede observarse para la tasa global desde 2017 y desde hace tres años para las muertes por resistencia a la autoridad, aunque la tasa de averiguaciones de muerte se incrementó este año. Esos cambios no han sido el resultado del mejoramiento de las condiciones sociales, ni de una mejoría en el sistema de seguridad y protección de las personas, ni tampoco de una mayor vigencia del Estado de Derecho, sino al contrario, de un deterioro sostenido de las garantías de derechos humanos. Paradójicamente, la reducción de la mortalidad violenta es el resultado del empeoramiento de la calidad de vida y de políticas públicas que destruyeron capacidades económicas, auparon la corrupción y el deterioro de los servicios básicos, y que generaron una parálisis del país, causando un empobrecimiento masivo, penuria y pérdida del poder adquisitivo, que en conjunto redujeron notablemente las oportunidades del crimen.
3. Los homicidios se reducen por la parálisis de la economía, por el control del crimen organizado de las rutas del tráfico de las drogas y de los negocios y de las rentas, y por el dominio cada vez mayor de territorios, en los cuales es el crimen organizado y no el Estado quien regula o pone coto a los asesinatos. Una dimensión importante para entender las razones de la disminución de los homicidios en el país son los cambios que ha experimentado la composición demográfica debido a la emigración masiva. Los estudios recientes (ENCOVI 2021) han encontrado que más de la mitad de la población que ha migrado durante los últimos cinco años está compuesta por jóvenes entre 15 y 29 años, exactamente el mismo grupo etario más involucrado en la violencia. Si asumimos que la emigración puede calcularse conservadoramente en cinco millones de personas, deberían haber salido del país alrededor de 2,5 millones de jóvenes en la edad que ha constituido el núcleo de la violencia, sea como víctimas o sea como victimarios, reduciendo drásticamente la población en riesgo de sufrir o infligir la violencia y dándole sustento a la teoría criminológica que atribuye las variaciones en el delito violento a los cambios demográficos, pues disminuye el grupo de potenciales agresores y posibles víctimas en condiciones de precaria institucionalidad.
4. Las muertes por resistencia a la autoridad se mantienen en unas cifras muy altas, y el año concluye con un promedio de 6,3 personas fallecidas cada día del año por la acción de los cuerpos que seguridad. En el año 2021 se diversificaron los organismos de seguridad que llevan a cabo las ejecuciones extrajudiciales; las actuaciones que en años anteriores se concentraba en las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en 2021 son funcionarios de otras dependencias, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) o de las estadales o municipales, algunas de creación reciente y con nuevos nombres, quienes realizan las ejecuciones.
5. En el año 2021 se incrementaron de una manera importante los casos en los cuales la causa de la muerte permanece en “averiguación”, un vacío de la información criminalística que deja en el limbo a un grupo importante de muertes, por ausencia de investigación calificada o por la intención de arrojar sombras en lugar de luces sobre las causas reales de las muertes.
6. De manera más sorprendente aún se pudo observar un notable crecimiento de las llamadas “desapariciones”. Este año la magnitud de esa categoría nos obligó a separarla de la categoría muertes en averiguación, donde previamente la habíamos incluido, pues nos parece que es un fenómeno creciente e importante que la sociedad debe conocer e interpretar. A diferencia de las otras categorías, en las desapariciones no hay un cadáver, sino una interrogante, una incógnita, que amerita ser despejada sobre la vida o la muerte. Las desapariciones no tienen que significar forzosamente una muerte, sin embargo, la experiencia histórica de América Latina (desde México hasta Argentina) es que mayoritariamente sí lo son, y lo que expresan es una voluntad del crimen organizado de ocultar la violencia y no llamar la atención; o de la policía y los gobiernos de aplicar otra forma de censura. Aunque las desapariciones pueden expresar otros fenómenos, incluso los vinculados a una emigración silenciosa, cuando observamos que las mayores tasas de desapariciones ocurren en municipios o parroquias muy violentas, como El Callao y Sifontes en el estado Bolívar, o las parroquias Coche o El Paraíso en Caracas, o el municipio Brión en Miranda, se encuentran indicios que estamos ante una muerte violenta que se quiere ocultar. Es significativo que, en las parroquias con más de 20 muertes por homicidios y resistencia a la autoridad, las tasas de desapariciones están altamente correlacionadas con las tasas de homicidios (0.977) y con las tasas de muertes por resistencia a la autoridad (0.973).
7. Resulta desconcertante que al lado de la reducción de las muertes violentas que podemos reportar, los resultados de una encuesta de victimización aplicada en septiembre del 2021 a una muestra nacional de hogares (n=1.200) ofrece unos porcentajes de la población que declara haber sido victimizada muy similares a los encontrados en años anteriores. Un 20,3% de los entrevistados dijo haber sido víctima personalmente, y un 24,6% manifestó que al menos un miembro de su familia cercana había sido víctima de un delito.
8. El año 2021 está representando una inflexión en el comportamiento del delito y la violencia como resultado de los cambios en la economía local, del proceso de dolarización y de la generalización del envío de remesas por los familiares migrantes. Este proceso, por el cual se ha dado una pequeña reactivación comercial y una leve recuperación de la economía, que, aunque muy precaria por lo reducida en tamaño y por el nivel de retroceso del que se parte, abre nuevas oportunidades al crimen. Este año se verificaron aumentos del 10% en el número de hurtos, del 13% del hurto de vehículos, del 18% de robos de vehículos conocidos por las policías. Una porción importante de los trabajadores formales e informales reciben sus ingresos en dólares, por lo tanto, están en posesión de divisas y vuelven a resultar atractivos para los ladrones en sus casas o al momento de trasladarse por la ciudad. Los pequeños comercios están vendiendo sus mercancías en dólares, y por ello son susceptibles de ser robados en sus locales, hecho que no sucedía hasta hace poco, pues solo recibían transferencias bancarias y no tenían efectivo en su poder. Ahora tienen dólares en billetes que tientan al delito. Y ya desde el año pasado se había notado un incremento de los delitos dirigidos a las casas comerciales medianas o grandes, las cuales venden sus productos en dólares, pero como por lo regular no reciben los pagos en efectivo, pues son montos más altos, sino por transferencias, ha sido el crimen organizado quien ha actuado contra ellas, aplicando la extorsión y exigiendo pagos en dólares y con regularidad para “protegerlas” y evitarles daños mayores. Ya se ha observado, y es de esperarse para el próximo año, un incremento de los asaltos, los secuestros, el robo de viviendas y los atracos en el transporte público.
9. En el año 2021 se registró una actuación ofensiva por parte del crimen organizado, el cual, en sus diversas formas, pasó a retar abiertamente el monopolio de la fuerza del gobierno nacional. Las actuaciones delictivas de la banda de alias “Koki” no solo en la Cota 905, sino en La Vega y en la ciudad formal; los ataques y las acciones intimidatorias de las bandas criminales que actúan en la zona minera del sur del país, o los enfrentamientos de la guerrilla en Apure con el ejército, son una muestra de esa ofensiva que pudimos presenciar este año. Aunque esas ofensivas han recibido una respuesta por parte de las fuerzas policiales o militares, lo que se está evidenciando es una capacidad bélica, de equipamiento y de pie de fuerza de esos grupos para resistir, tomar la iniciativa o incluso derrotar, como en el caso de Apure, a las fuerzas militares o policiales del gobierno nacional.
10. En el 2021 se incrementaron los territorios que se encuentran fuera del control del gobierno nacional y donde la gobernanza local y el control social y político lo ejercen los grupos armados no estatales. Se puede observar un retraimiento del Estado de variados territorios rurales y urbanos, en gran medida por el resultado de su incapacidad para poder ejercer la soberanía, pues se ha dado una importante disminución en las capacidades operativas debido a la reducción del pie de fuerza, por renuncia o deserción de los funcionarios militares y policiales, por las limitaciones en el equipamiento y en el entrenamiento del personal, y hasta por las limitadas posibilidades de ofrecer una adecuada alimentación diaria a sus funcionarios o tropa durante los días que ejecutan sus labores.
11. Como resultado de ese abandono y retraimiento del Estado, se ha generado una nación fragmentada territorialmente. Un país en el que las bandas armadas dominan amplios territorios, controlando el tránsito por carreteras y autopistas en las que cometen crímenes con total impunidad. Son zonas en las cuales el Estado no está presente, ya no debido a la entrega voluntaria de soberanía de la política de las Zonas de Paz, sino por la incapacidad o falta de voluntad para garantizar la protección ciudadana. Esto ocurre en las zonas de urbanización informal de las ciudades o en las áreas rurales, llevando a la creación de espacios de dominio del delito en regiones internas y en las fronteras terrestres o marítimas del país.
12. En medio de la fragmentación territorial, se ha generalizado el despliegue de funcionarios en las carreteras y calles del país, presencia policial o militar que la población no siente como una protección o más seguridad para los ciudadanos, sino como un medio de control político. Esa presencia generalizada de alcabalas y puestos de vigilancia para control del traslado de mercancías o la exigencia de autorizaciones de viaje por la pandemia, se han convertido en una amenaza y un mecanismo de extorsión para los viajeros y los transportistas por parte de los funcionarios, lo cual ha deteriorado cada día más la ya precaria imagen de los cuerpos policiales y militares.
13. La severa crisis que afecta al país ha sido definida por las organizaciones de derechos humanos como una emergencia humanitaria compleja, con lo que se indica que no es una crisis coyuntural o pasajera, ni debida a un fenómeno natural o de guerra, sino más bien ocasionada por unas políticas destinadas a fragilizar a los individuos y restarles autonomía económica y política. Esta emergencia se expresa no solo en la carencia de los recursos básicos para la subsistencia, sino en la vivencia de una inseguridad vital que va más allá del delito y se expresa en un sentimiento de desamparo y miedo por el presente y el futuro, dado a las expectativas negativas que expresan la mayoría de los ciudadanos. En el estudio que realizamos en el mes de septiembre del 2021, el 60,8% de los hogares entrevistados manifestó que en los últimos doce meses no había tenido suficiente comida para su alimentación; el 57,5% dijo que no había podido tener acceso a los medicamentos que requería y el 76,4% que no había tenido dinero suficiente en el bolsillo para poder atender a sus necesidades personales o familiares. Esa situación del presente afecta también la visión del futuro de las personas, quienes sienten fuerte preocupación por perder su trabajo o no poder encontrarlo (76,6%) y de manera muy significativa hay preocupación por el futuro educativo de sus hijos: un 78% de los hogares encuestados manifestó estar bastante preocupados por no poder darle a sus hijos una buena educación.
14. Pero el temor se expresa también ante el delito común y su expresión principal es la inhibición de realizar actividades, como salir durante la noche de su casa, lo cual durante este año 2021 se lo ha restringido el 58,4% de los entrevistados. De igual modo, por el proceso de dolarización y el incremento de los robos para despojar a las personas de las divisas, 64% de las personas decidió no llevar mucho dinero encima, a pesar de que eso le significase más complicaciones al momento de realizar las compras. También se ha dado una respuesta de la autoprotección en la población y una de cada diez personas (9,8%) expresó que, por razones de seguridad y para defenderse, había decidido portar un cuchillo o un arma al salir de su casa.
15. El discurso belicista que desde hace varios años tienen las autoridades y que difunden los medios de comunicación del gobierno, ha llevado a la existencia de un ambiente de violencia diferente al ocasionado por el delito común. Ese recelo ante la violencia se ha expresado en un temor por la ocurrencia de un conflicto armado internacional o interno en el país. Ésta es una situación novedosa, y es el resultado de la sostenida propaganda oficial y de un sentimiento creciente de encontrarse sin salida, por la emergencia humanitaria compleja y por no percibir la posibilidad de una solución pacífica y electoral al conflicto político nacional, lo cual lleva a que un 68% de la población exprese encontrarse bastante preocupado por la posibilidad de que pueda sobrevenir una guerra civil en el país.

Violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes

16. Al lado de esos temores generales se ha incrementado la violencia a lo interno de la familia. Sus expresiones han sido muy variadas durante el año 2021 y todas son la manifestación del empobrecimiento al que han estado sometidas las familias por la carencia y competencia por los alimentos, el encierro provocado por la cuarentena y los efectos de una familias desmembradas por la creciente emigración de parte de sus miembros, los cuales, si bien muchas veces logran aportar recursos para la manutención de los hijos dejados en el país, no resuelve las necesidades más amplias de educación y atención que requieren los niños, niñas y adolescentes.
17. Con la pandemia y el confinamiento en los hogares, la violencia de género ha tenido dos graves expresiones; por un lado, entre los meses de enero a septiembre de 2021 pudimos establecer 284 homicidios de mujeres, de los cuales el mayor porcentaje califica como femicidio. Adicionalmente, en los años 2020 y 2021, pudo establecerse un importante incremento en las violaciones en todos los grupos etarios de la niñez y juventud en comparación con el año 2019. Aunque éste es un delito de muy difícil investigación, debido a la vergüenza que puede acompañarlo, a la poca confianza en las autoridades y al miedo de represalias, es muy notorio el crecimiento de los casos y en particular de las víctimas adolescentes entre 12 y 17 años, siendo las perpetradoras mayoritariamente personas vinculadas a la familia o conocidas de las víctimas.
18. Debido a la pobreza creciente de las familias y la inseguridad alimentaria, que ha provocado desnutrición, pérdida de peso, enfermedades y mortalidad infantil, también se observado los tratos crueles a niñas y niños que tienen hambre y piden comida a sus padres o se comen el alimento disponible en la nevera. La falta de alimentos impulsó un incremento en las cifras de deserción escolar, pues los niños y adolescentes se vieron obligados a dejar la escuela para ir a trabajar o para dedicarse a la mendicidad en las calles, ya que su permanencia fuera del hogar se convirtió en una estrategia de sobrevivencia de sus familias, quedando expuestos a mayores riesgos de ser víctimas directas o ser captados y utilizados por los delincuentes.
19. La violencia a lo interno de la propia familia contra los niños y niñas fue observada durante todos los meses del año 2021 en las distintas regiones del país. Esta violencia adquirió su forma más grave y letal en la ocurrencia de 20 infanticidios (asesinatos de menores de un año), teniendo en su casi totalidad (90%) como victimarios a sus propios familiares.
20. En este año se pudo observar que se mantuvo la tendencia a un incremento en el número de las lesiones personales y una variación en la composición etaria de las víctimas. En el año 2019 el mayor porcentaje (41%) de las víctimas de lesiones ocurrió entre los menores de 11 años; esa situación cambió y para los años 2020 y 2021 la victimización se desplaza hacia los adolescentes de 12 a 17 años, con el 33%, y de los jóvenes entre 18 y 24 años, del 27% en 2021.

La violencia autoinfligida

21. Nuestras estimaciones indican que este año en el país podrían haber acontecido unas 1.164 muertes por suicidio, 14 casos más que los reflejados en la estimación del año pasado (1.150). Esto arroja una tasa conservadora de 4,3 muertes por suicidio por cada cien mil habitantes. También detectamos que la violencia autoinfligida sigue mostrando signos de aumento y tomando relevancia en los medios de comunicación venezolanos. Durante enero y diciembre (hasta el 19/12) de 2021 la sociedad conoció por los medios 320 casos de presuntos suicidios en todo el territorio nacional y 41 intentos de suicidio. Lo que, al compararlo con los casos para el mismo periodo del 2020, cuando se conocieron 306 y 39, respectivamente, marca una tendencia al aumento de los hechos conocidos en relación con el año pasado. Los hombres, tal como se aprecia a escala mundial, siguen siendo en el país las principales víctimas de violencia autoinfligida, sin embargo, se observa un aumento “lento” pero sostenido de casos de mujeres que se suicidan empleando métodos más letales; así como un incremento en niños, niñas y adolescentes que atentan contra sus vidas en las zonas urbanas y rurales, incluso en zonas novedosas, como ocurrió con el suicidio de 4 adolescentes de entre 12 y 15 años de los pueblos indígenas Yekuana, Jiwi y Baniva del estado Amazonas.
22. En el año 2021 las cinco entidades con mayor tasa de suicidios fueron Mérida, Distrito Capital, Yaracuy, Cojedes y Táchira. Esa distribución mantiene una tendencia histórica de los suicidios en los estados andinos, pero incorpora unas situaciones novedosas, como sucede con el Distrito Capital, el cual después de haber tenido una tendencia decreciente, que llevó a algunos años a no registrar casos, aparece con una de las tasas más altas del país.

La violencia en el territorio nacional

23. En el país se observan dos tendencias paralelas en el delito y la violencia: una de concentración en zonas tradicionales y otra de expansión hacia zonas nuevas en la localización de los casos de muertes violentas. Por un lado, se pudo observar que en el año 2021 continúan concentrándose las muertes violentas en la zona centro-norte costera del país. En este año el Distrito Capital, con una tasa de 77,9 víctimas por cada cien mil habitantes, se ubicó como la entidad territorial más violentas del país, seguido por el estado Miranda (tasa de 64,1). Aragua, que con una tasa de 50,8 pasó a ubicarse en la quinta posición del país, cuando en años anteriores se encontraba en el primer lugar en violencia. El estado Bolívar se mantiene como la tercera entidad territorial más violenta del país (tasa de 56,8) y, de manera novedosa, Delta Amacuro se ubicó en el cuarto lugar del ranking con una tasa de 52,1 por cada cien mil habitantes.
24. Hay una tendencia a la reducción de la violencia en los estados occidentales del país y un incremento hacia la región oriental de la república. El estado Sucre, que en el siglo pasado había sido uno de los menos violentos del país, tiene varios años mostrando un alto nivel de mortalidad violenta, la cual, durante este año, aunque se mantuvo elevada con una tasa de 37,9, lo baja en su ubicación a nivel nacional y lo lleva al puesto 10, por detrás de Monagas (46,5) el cual pasa a ocupar el séptimo lugar y Anzoátegui (41,2) la novena posición. Los estados Carabobo (46,5) y Vargas (45,4), quienes en los años pasados habían tenido una figuración menor, este año pasaron a ocupar las posiciones 6 y 8 del ranking nacional.
25. En la ocurrencia de los homicidios, hay un sesgo hacia la región oriental del país que puede observarse de manera bastante clara en el Mapa, destacándose entre los estados con mayor incidencia Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Sucre y Anzoátegui. Se mantienen Distrito Capital, Miranda y Aragua, que han sido históricamente violentos, y se incorporan los estados llaneros Apure y Guárico, mostrando los cambios que se están presentando en el delito y las luchas entre las bandas por el control de las rentas ilícitas y en especial de la ruta de la droga.
26. Las tasas de muertes violentas por resistencia a la autoridad tienen una expresión territorial diferente, pues el centro de gravedad se desplaza hacia el centro-norte del país, siendo los estados con mayor incidencia Aragua, Miranda, Carabobo y Distrito Capital, y permaneciendo en la zona oriental Sucre y Anzoátegui.
27. Las muertes en averiguación tienen un patrón diferente que, puede entenderse, como complementario de la resistencia a la autoridad, pues llama la atención que los estados Delta Amacuro y Bolívar, que están ubicados entre los más violentos por los homicidios por delincuentes, fueron los dos estados donde hubo menos tasas de muertes por resistencia a la autoridad y aparecen ahora como las dos entidades territoriales en las cuales se dio la mayor tasa de muertes en averiguación del país. Llama igualmente la atención que otros estados que tienen tasas medias en homicidios, como Mérida y Guárico, aparezcan con tasas importantes de averiguaciones de muerte, Mérida con 17,6 y Guárico con 15,8 por cada cien mil habitantes. Los otros estados relevantes son los del eje centro-norte costero que concentran todos los tipos de violencia: Distrito Capital, Vargas, Miranda, Carabobo.
28. Aunque no es posible establecer con certeza el lugar territorial de las muertes implicadas en las desapariciones, por la no existencia de un cadáver, el lugar de origen de la denuncia de la desaparición puede darnos una referencia del espacio donde puede ubicarse el fallecimiento o la ocurrencia de la violencia. La mayor cantidad de desapariciones tuvo lugar en la zona central del país, Distrito Capital, Vargas, Miranda, Aragua y en el estado Amazonas, donde los casos son pocos, pero la tasa es alta por el tamaño de su población, en cualquier caso, por su vastedad territorial, la presencia de variados grupos armados no estatales, y la poca presencia del Estado, los datos abren muchas incógnitas sobre lo que en realidad está ocurriendo en ese estado más allá de las pocas zonas urbanas allí existentes. Nuevamente, tres de los cuatro estados del oriente y sur del país, Bolívar, Monagas y Anzoátegui, aparecen con tasas importantes de personas desaparecidas.
29. Cuando se observa la situación de violencia a la escala del municipio, se pueden encontrar variaciones importantes e ilustrativas del funcionamiento del crimen violento. De los cinco municipios más violentos del país, tres se encuentran en la zona minera del estado Bolívar y presentan tasas de muertes violentas excepcionalmente altas: el municipio El Callao con una tasa de 511; el municipio Sifontes con 189 y el municipio Roscio con 125 por cada cien mil habitantes. Los otros dos municipios corresponden a La Ceiba en el estado Trujillo y la Cañada de Urdaneta en el estado Zulia. En estos casos se corresponden a dinámica criminales diferentes. Entre los municipios ubicados en las posiciones quinta a la décima como los más violentos del país, tres están en el estado Aragua y son los municipios Zamora, Santos Michelena y José Rafael Revenga. Y aparece otro municipio del estado Zulia, Jesús Enrique Lossada, y uno en Carabobo, el municipio Diego Ibarra. Por lo cual, áreas específicas de algunos estados que, en su conjunto no estuvieron entre los más violentos, sí tienen una alta tasa de mortalidad de muertes violentas.
30. Al observar la distribución en el mapa nacional de los municipios más violentos, pueden trazarse los territorios de la criminalidad y, de manera especial, los espacios utilizados como las rutas del tránsito de la droga o de los minerales y que provocan una disputa letal entre las bandas criminales por su control y el aprovechamiento de las rentas derivadas.  Ése es el caso de los municipios conectados con el lago de Maracaibo, como el Jesús María Semprum del estado Zulia, que se ubica en la frontera con el Departamento del Norte de Santander de Colombia y por donde ingresa la droga al país, la cual es trasladada por los ríos hasta el sur del lago de Maracaibo y de allí se desplaza por vía lacustre hacia el puerto de La Ceiba en el estado Trujillo o hacia los municipios Cañada de Urdaneta y Santa Rita en las costas occidental y oriental del lago de Maracaibo. Algo similar puede encontrarse en el control del transporte por el río Orinoco de la droga que ingresa al país proveniente del departamento del Vichada de Colombia, y que ha convertido en violentos a los municipios ribereños desde Amazonas en los municipios Atures y Cedeño, pasando por los municipios Independencia y Francisco de Miranda de Anzoátegui, y el municipio Angostura del Orinoco de Bolívar, hasta avanzar hacia el Mar Caribe por los municipios Casacoima y Tucupita de Delta Amacuro. Esta misma ruta por el río Orinoco es usada también en el sentido inverso, aguas arriba, para contrabandear los minerales extraídos en la zona del Arco Minero hacia Colombia. La ruta del centro del país puede leerse partiendo desde el río Orinoco, pero desplazándose desde el sur hacia el norte, encontrando las expresiones más violentas en los municipios Julián Mellado y Juan Germán Roscio de Guárico, y en el municipio Zamora del estado Aragua, desde donde se diversifican las rutas hacia puertos y aeropuertos. Dos ejemplos más pueden mostrar esa conexión de las rutas de salida de la droga y la violencia municipal. Una es la esquina costera donde confluyen los municipios Silva del estado Falcón, Veroes de Yaracuy y Juan José Mora de Carabobo, y desde donde se maneja el negocio vinculado a la salida de la droga por la península de Paraguaná o por Puerto Cabello. El otro lo representan dos municipios ubicados hacia los extremos de la península de Paria: el Cruz Salmerón Acosta al oeste y el municipio Valdez al este, y que constituyen la puerta de salida en la frontera norte del país para las islas del Caribe y Europa. Un caso aislado es el municipio Páez del estado Apure, en el cual se dieron los enfrentamientos armados entre los grupos guerrilleros que controlan la zona y el ejército venezolano, pues este municipio no solo es aliviadero de la guerrilla colombiana, sino un lugar para la ubicación de las pistas de aterrizaje clandestinas y las salidas de avionetas cargadas de droga hacia Centroamérica y el Caribe.
31. La situación del Distrito Capital, que en el año 2021 resultó la entidad con mayor tasa de muertes violentas, es particular, pues si bien como unidad geopolítica conforma un municipio, la manera de analizar las diferencias en las expresiones de violencia es observando las parroquias, las cuales pueden incluso tener una población muy superior a la de algunos municipios del país. La parroquia Coche presentó una tasa de 188 muertes violentas, lo que la convierte en la parroquia más violenta de Caracas. En otra zona de la ciudad, las parroquias El Paraíso y La Vega, densamente pobladas, tuvieron unas tasas de 131 y 108; estas parroquias fueron el escenario de los enfrentamientos violentos entre las bandas que dominan la zona y los cuerpos de seguridad. En la parroquia San Agustín la tasa fue de 162, San Juan 105 y El Junquito 99; esas parroquias son una muestra de los altos niveles de violencia alcanzados en la zona oeste de la capital. Esto contrasta con los otros municipios que conforman la zona este del Área Metropolitana de la ciudad de Caracas y que pertenecen al estado Miranda, pues presentan tasas muy inferiores, inclusive el municipio Sucre, que es la parroquia Petare, y que ha sido un área tradicionalmente violenta, tuvo una tasa de 98,5, muy alta, pero menos que las parroquias antes mencionadas del Distrito Capital. Como también ocurre con el resto de los municipios ubicados al este y sureste de la ciudad, donde se registraron tasas menores: Chacao con 56, Baruta con 39; y El Hatillo con 26.

La seguridad y la libertad

32. La sociedad venezolana se encuentra dividida en sus preferencias entre las demandas por una mayor seguridad y los deseos de libertad. En la encuesta que realizamos en el mes de septiembre de este año le preguntamos a los entrevistados que asumiendo que ambos valores son importantes, si tuviese que elegir entre ellos, ¿cuál escogería? Los resultados fueron de una casi exacta división en dos grupos: un 50,2% escogió la libertad y un 49,8% se inclinó por la seguridad. La escogencia no fue similar entre los grupos sociales: los hombres se inclinaron un poco más por la libertad (57%) y las mujeres por la seguridad (56%); los trabajadores más por la libertad (55%) y los jubilados y pensionados por la seguridad (59%).
33. Lo que sí resultó muy evidente es el deseo de cambio progresivo en la sociedad. Preguntados sobre si pensaban que se debía cambiar el modo entero como la sociedad estaba organizada, si debía mejorarse poco a poco a través de reformas o si debía ser defendida con firmeza contra todas las fuerzas subversivas, el 60% de los encuestados escogió la opción de mejorarla poco a poco con reformas. Un 18% apoyaba un cambio radical y el 21% mantenerla como está.

Contexto internacional

34. Al finalizar el 2021 y con una tasa de 40,9 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubicará junto con Honduras (con una tasa de 40) como los países más violentos de América Latina. Nuestras estimaciones indican que los seguirán México con una tasa de 29, Brasil con 25 y Colombia con 24 fallecidos por cada cien mil habitantes. El Distrito Capital de Caracas, con una tasa de 77,9, duplicará la tasa de Cali, la ciudad más violenta de Colombia, y será siete veces más violenta que Bogotá y Medellín.

Palabras finales

Al cerrar el año 2021 es posible apreciar que tenemos otro país, con rasgos y consecuencias diferentes de las que tuvimos en el pasado. Se observa que el retraimiento del Estado y el incumplimiento de algunas de sus más importantes obligaciones como garante de derechos humanos, está teniendo consecuencias muy penosas en la calidad de vida de las personas, en la convivencia social y en la debida atención a las víctimas de violencia y de la vulneración de los derechos humanos.

Las cifras de violencia que anualmente ofrecemos las diez universidades nacionales que integramos el OVV, son datos numéricos, estadísticas, tasas, pero cada una de ellas se refiere a situaciones lesivas y muy dolorosas en las familias y las personas que las sufren.

Cada muerte violenta, cada lesión o cada daño tiene el rostro de seres humanos, de familias cuya historia cambió para siempre. La reparación del daño y la mitigación de las consecuencias es un derecho humano, y su desatención tiene graves consecuencias en la convivencia social.

La mayoría de la población del país continúa sometida al miedo, la inseguridad y a una precariedad de recursos, que resultan inaceptables, porque son violaciones a la dignidad y los derechos de las personas. 

La falta de atención en la seguridad personal, la educación, salud y protección a la niñez, la juventud y los adultos mayores, y su creciente privatización, se han convertido en una forma perversa de exclusión social. Las privaciones sociales continuas y las reiteradas vulneraciones de derechos, compromete nuestro destino social.

La Constitución y las leyes nacionales, así como los tratados internacionales que ha suscrito la República, exigen que el Estado venezolano respete y sea garante de la protección y vigencia de los derechos humanos.

La sociedad venezolana ha dado muestras asombrosas de resiliencia, lo ha demostrado con los enormes esfuerzos que realizan las familias y las personas para sobrevivir en un contexto tan adverso. En este 2021, así como hemos encontrado violencia y sufrimiento, también hemos podido observar muestras nobles de solidaridad y de resistencia.

En estas circunstancias, lo que cada uno de nosotros hace con su activismo ciudadano en su pequeño espacio, será un aporte relevante en la exigencia del respeto a los derechos y la construcción de una sociedad solidaria. Lo que cotidianamente hacemos siembra esperanzas y fortalece los espacios para la democracia y la libertad.

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