Entrevistas CTP

Por: Hugo Prieto
Fotos: Dagne Cobo
Domingo, 20 de Septiembre de 2015 a las 6:16 a.m.

​Para el especialista en criminología cuando el ciudadano se convierte en enemigo, perdemos todos.

Keymer Ávila: Si sacas el Ejército a la calle estás matando al modelo policial

El Gobierno nacional ha convertido la inseguridad en un tema de menudeo y de “chigüiritos”

Se apela a la emocionalidad y se justifica el discurso bélico. En el país hay un consenso alrededor de la mano dura. Los militares no pueden encargarse de la seguridad ciudadana. Sería muy revolucionario que cada quien se ocupe de lo suyo.

Últimas Noticias se soltó el moño. El pasado martes 15 de septiembre, al reseñar el balance de la OLP, tituló en su portada: “Abatidos 106 choros en dos meses”. A Keymer Ávila, Investigador del Instituto de Ciencias Penales y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la respuesta de las autoridades le recuerda la consigna que convirtió a Alfredo Peña en alcalde metropolitano. “Plomo al hampa”.

Venezuela regresa, después de una elipsis que se evapora como una estrella fugaz, al terreno de la antipolítica. Rentismo petrolero y mano dura. Sobre estas dos propuestas hay consenso, tanto en el gobierno como en la oposición. “Sólo falta que aparezca un iluminado a caballo que resuelva todos los problemas”, agrega Ávila.

La normativa, que se había creado a partir de 2006 para construir una institucionalidad garantista de los Derechos Humanos, “está en peligro”. Ávila se graduó de abogado con honores (Magna cum Laude) en la Universidad Central de Venezuela y realizó una maestría en Criminología y Sociología Jurídico Penal en la Universidad de Barcelona (Cataluña).

Políticas sociales y control, ambas inclusive

—¿Qué mensaje hay detrás del titular de Últimas Noticias?

—106 choros… ¡Choros! Un titular infame a estas alturas, en la que algunos sectores se vanaglorian de que en el país ha habido grandes avances sociales. Es una señal muy preocupante. No se distingue de los titulares de medios oficialistas u opositores, entre otras cosas, porque hay una especie de consenso autoritario. No vas a ver a los opinólogos de la oposición cuestionando la OLP o ese tipo de titulares, porque en el fondo están de acuerdo con eso, porque los muertos son los nadie, la gente que no tienen dolientes.

Allí hay dos elementos que se tienen que analizar. Primero, la calificación de delincuentes. En Venezuela existe la presunción de inocencia y la calificación de delincuente no la hace ni el policía, ni se hace en la calle. Lo otro es que cuando utilizas el término “abatido”, se entiende que hay una confrontación, un enfrentamiento. ¿Eso realmente fue así? Según el balance, palabras del propio ministro, hubo 106 personas fallecidas y la intervención de 50.463 funcionarios, pareciera que no hubo un enfrentamiento muy simétrico allí, pareciera que no hubo una actuación proporcional. Sería importante que se investigaran estas muertes y si realmente estas personas estaban en flagrancia o eran delincuentes.

—Este tipo de operativos no son una novedad

—No. Yo estuve revisando algunas cosas. En 1965 se implementó el Operativo Oriente; en 1970, la Operación Vanguardia; en 1981, el Plan Unión, que luego tuvo diversos nombres que fueron cuestionados por Rosa del Olmo, investigadora del Instituto de Ciencias Penales en los años 80.

—Durante la IV República aplicaron la Ley de Vagos y Maleantes, mediante la cual se puso en funcionamiento “El Hampoducto”, cuyo destino era la cárcel de El Dorado. ¿Qué estamos construyendo ahora? ¿Una tubería que desemboca en el cementerio?

—Es la misma racionalidad. Sería interesante contar con datos para establecer una comparación. Ya en los años 80 se calificaba a estas personas como delincuentes y se presuponía que era un enfrentamiento y con esto se legitimaba el asesinato. Luego, como eran delincuentes, están bien muertos. Pasa totalmente lo contrario cuando se habla de los funcionarios policiales. Es decir, cuando matan a un policía se presupone que fueron víctimas del hampa, mientras cumplían sus funciones. Pero yo hice una investigación que arrojó que más del 70% de los policías asesinados estaban en la calle, en horario fuera de servicio.

Desde los medios hay una legitimación de este tipo de acciones, que te lo venden como una gran novedad, como una panacea, como la receta mágica y no lo es. Es más de lo mismo. En cierta medida, hay una continuidad, más bien, de estas políticas.

Consenso y despolarización

—Si la lógica es similar, ¿Cuál es la política criminal de este gobierno? ¿El gobierno tiró la toalla con la reforma policial?

—En Venezuela, el gobierno de Chávez reivindicó una agenda de inclusión social, que para mí es la más importante. Pero el hecho de que tú te preocupes por la política social, no quiere decir que tengas que descuidar los espacios propios de control, los espacios donde debería haber una mínima convivencia, ¿Por qué? Porque para eso está el Estado, para proteger al más vulnerable, en una situación de desigualdad de poder. ¿Qué pasó? El gobierno se encargó, principalmente, de lo social, y descuidó los espacios propios de control.

En 2006, en un contexto de campaña electoral similar al de este año, reventaron casos emblemáticos: el asesinato de los hermanos Faddoul, el del empresario Sindoni, la masacre de Kennedy y ese tema lo agarró la oposición para movilizar y la inseguridad se posicionó en los primeros lugares de la agenda pública. ¿Qué hizo el gobierno para responder en el terreno de las percepciones, en el campo mediático? Se canalizaron las demandas a través de una propuesta, la reforma policial, ¿por qué? Porque en los casos mencionados estaban involucrados policías.

—Se hizo una convocatoria en la que participaron diversos sectores sociales del país, pero esa reforma se quedó en el camino, entre otras cosas, porque hay una estructura policial y un estamento militar que no cree en el consenso, que tiene otra lógica, la disciplina, la obediencia.

—Esa convocatoria fue muy inteligente por parte del gobierno, porque buscaba crear consenso y despolarizar. Yo creo en ese modelo para crear políticas públicas, un modelo donde participen diversos factores, que se recopile información y con base a esos datos concretos, tú elaboras la política, pero no porque se te ocurrió o porque haya un iluminado.

Ese diagnóstico culminó con la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía, que es tremenda ley. Se crea el Consejo General de Policía, que era el guardián de este nuevo modelo, pero que en mi opinión tiene un cierre técnico, aún así se establecieron normativas que en el diseño nos convierten en un país de avanzada. Era el comienzo de una nueva institucionalidad. ¿Cuál ha sido el problema? La implementación. ¿Por qué? Porque el aparato policial, el aparato militar tienen ambos, en cierta manera, intereses corporativos. Se autonomizan y tienen una agenda propia. Por eso es importante tener un control político, con “p” mayúscula de estas instituciones. Y no lo contrario, que los policías y militares lleven la política y ése es uno de los peligros que tenemos actualmente.

—A la luz del día lo que hemos visto son dos cosas: las OLP, que se parecen mucho al Plan Unión, y un saldo de muertes que, además, se anuncia con bombos y platillos, en un gobierno que habla de alianza cívico militar y en medio de una militarización mucho más acentuada que en la gestión de Chávez.

—Es importante distinguir entre lo que es la seguridad ciudadana y lo que es la seguridad de la nación. Esta última tiene que ver con lo que es la soberanía y cuidar las fronteras y el órgano encargado son los militares, que están entrenados para eso, de acuerdo a una lógica bélica —amigo, enemigo— que obedece a su trabajo: a los enemigos se les aniquila.

Es una racionalidad distinta a situaciones de seguridad ciudadana, donde los conflictos se dan entre civiles y donde los órganos encargados de dirimirlos, también son de naturaleza civil. La expresión máxima de ese conflicto es la comisión de un delito. Quien lo comete, tiene que pagar. Se le procesa y va preso. Son dos racionalidades distintas, que no pueden confundirse, porque cuando se confunden, el enemigo pasa a ser cualquiera y un enemigo no tiene derechos, porque no es una categoría jurídica, sino una categoría bélica.

Cuando el ciudadano se convierte en enemigo, terminamos perdiendo todos. ¿Qué preocupa de este titular y de este tipo de discurso? Que se termina legitimando el discurso bélico. A la gente le parece bueno que los maten, bien bueno que los maten, porque aquí también funcionan los discursos morales, del bien y del mal y claro, yo soy de los buenos.

Crear leyes no significa ejecutarlas

—¿Usted cree que el estamento militar quiso asumir la reforma policial?

—Yo creo que sería algo muy revolucionario que cada quien haga lo que le corresponde.

—Usted mencionó los intereses corporativos y la agenda propia que caracteriza tanto a los cuerpos policiales como al estamento militar, cabía esperar que hubiera resistencia, que fueran a oponerse y, lamentablemente, que iban a ganar.

—Inicialmente, hubo una voluntad política. Se hizo esa convocatoria. Se promulgó la ley, que es un mandato político. Se dictaron unas normativas. Pero han pasado muchas cosas y ha habido un problema de implementación, lo que desdice de la voluntad política, que pareciera que no se ha visto y cuando tu sacas el Ejército a la calle, allí estás matando al modelo, porque el modelo es predominantemente civil.

Si por una situación excepcional necesitas sacar el Ejército a la calle y ellos cumplen funciones de policía, pues tienen que someterse a la normativa prevista (Ley Orgánica del Servicio de Policía). No pueden implementar agenda propia. Tienen que subordinarse a las normativas del nuevo modelo, pero como decía Foucault, una cosa es el discurso jurídico y otra cosa es el poder real.

—Pero eso no es lo que ha pasado. Ni de principio a fin.

—Creo que tuvo un buen empuje. Todavía tiene vigencia. Pero lo que está ocurriendo actualmente, y entiendo tú planteamiento, no nos da muchas herramientas para ser optimistas con el devenir de todo el esfuerzo que se hizo con el nuevo modelo policial. Está en riesgo, está en riesgo con operativos como la OLP, está en riesgo cuando sacas a los militares a cumplir funciones de seguridad ciudadana.

—¿Cuál es el componente electoral de la OLP?

—Total. Margaret Thatcher (en Inglaterra) y Ronald Reagan (en Estados Unidos), llegaron al poder con un discurso de ley y orden, de mano dura. De plomo al hampa, que lo tuvo Alfredo Peña (ex alcalde metropolitano) en su momento. Era una versión tropicalizada… ¡Que se pudran en la cárcel! Y se iba a traer a Bratton, el jefe de policía de Giuliani (ex alcalde de Nueva York). Ellos tienen una especie de combo, de cajita feliz, securitaria. Eso funciona en Manhattan, que es una cuadrícula rectangular, ¿pero en nuestros barios? No iba a durar ni media hora.

El tema de la inseguridad es muy rentable desde el punto de vista electoral, porque mueve emociones. En la seguridad hay dos componentes. Una cosa son las percepciones y otra el fenómeno real. Pero estos componentes son independientes. En Venezuela tenemos una tasa de 62 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según la OMS, más de 10 es una epidemia. Tenemos una base real para decir que las cosas no van bien. Pero el discurso se centra en las percepciones, porque es más fácil meter preso o matar a un chigüirito, como dicen en el barrio, que despolarizar y crear políticas públicas nacionales.

—Los políticos de izquierda se roban tesis de la derecha y viceversa. Si ves, por ejemplo, las propuestas de Álvaro Uribe con respecto a las parejas del mismo sexo, parece un tipo de avanzada. ¿Por qué el presidente Maduro no puede hacer algo similar?

—Porque no se trata de izquierdas o de derechas, sino del ejercicio del poder. Y ahí tanto la izquierda como la derecha se desvanecen. Por eso el titular de Últimas Noticias. Por eso los opinólogos de derecha no hablan de la OLP, se trata de un tema popular. El apoyo, según las encuestas, es de 85%.

El problema no es si la seguridad es rentable electoralmente, sino el tipo de institucionalidad que estás creando o estás dejando de crear. Y lo otro es qué tipo de sociedad estás construyendo. Lanzaron una etiqueta en twiter OLP con todos los hierros la misma semana en que se difundió el video de las ejecuciones extrajudiciales en Maracay. A los policías los procesaron, porque el hecho se hizo público, pero una cosa va perfectamente con la otra. ¿Pero qué ocurre con los 106 choros abatidos en dos meses? ¿Los cuatro ejecutados en Maracay están en esa cuenta, o no?

En 56 años de democracia, hemos tenido 40 ministros del Interior. Hay responsabilidad, tanto en la IV como en la V. Esos tipos no duran ni un año y medio en el cargo. La única continuidad que existe es la discontinuidad. No hay política, no hay seguimiento. Sin un acuerdo mínimo de institucionalidad, que trascienda a quien está en el poder, vamos a seguir fregados y cada vez peor.

No se está creando institucionalidad

—Hay varios temas, entre otros los Derechos Humanos, que son objeto de reserva legal, de acuerdo con la Constitución Bolivariana. Sin embargo, aquí entran en el paquete de la Ley Habilitante. ¿Qué es esto, una violación a la Constitución o se cercenan las funciones de la AN?

—El problema es político. El gobierno ha tenido el control de la Asamblea Nacional por muchos años y pareciera que no confía en sus propios cuadros. Incluso, la oposición boicoteó las elecciones parlamentarias de 2005. Le hizo un gran daño al gobierno y a ella misma. A todos. ¿Por qué? Porque la AN es el gran foro político. Y en la diversidad, en los contrastes, como dice el slogan de Contrapunto, es donde salen las cosas buenas.

Yo no voy a hablar con la gente que piensa como yo, a caernos a coba entre nosotros. Tiene que haber un contraste y el foro político por excelencia es la AN y por eso es que se le reservan leyes que puedan vulnerar ciertos derechos, entre otros los que tienen que ver con la materia penal. Eso es una tradición en los países democráticos. ¿Y si tienes la mayoría en la AN por qué no das el debate? ¡Ah, no confías en tus diputados!

—¿No será que el chavismo le dijo adiós a la progresividad de las leyes?

—Pero con eso se hacen daño ellos mismos, porque no están construyendo institucionalidad. Esta materia se trabaja con un aparato de propaganda, porque estás en el campo de lo simbólico, transmitiendo la sensación de que se está haciendo algo. Al final estás haciendo leyes autoritarias, prisión para todo y disminución de beneficios y de ese modo terminas colapsando el sistema. ¿Por qué? Porque terminas metiendo preso a mucha gente, recargas de trabajo a los fiscales, a los tribunales y el colador de todo esto es el sistema penal, cuya realidad ya conocemos. Poco o nada se ocupa de los homicidios. Prisión para todos los chigüiritos, como si fuera la gran receta.

—Seguramente ya habrá unos cuantos bachaqueros tras las rejas.

—Lamentablemente, hay una opacidad con las cifras. Es una cuestión de menudeo. Están yendo contra el más débil. Se pasó de un discurso donde había un enemigo todopoderoso, que era el imperio, y eso te ennoblece, digamos, en la lógica de David y Goliat, a otro donde el enemigo es el chigüirito que está haciendo la cola, y eso te envilece.

Se está propiciando una lucha intraclase. Si ves a un bachaquero, cáele encima. Un bachaquero es tu vecino, es el migrante. Ah, pero al capitán del tanquero Negra Hipólita, que declaraba 10.000 barriles de diesel, pero se llevaba 60.000, a ese no le dicen bachaquero. Y algo similar podría decirse del director de Salud que desvió miles de medicamentos.

—Comienzan a verse las caras de los involucrados en el contrabando de extracción: funcionarios o familiares de funcionarios del propio gobierno.

—En agosto metieron presos a unos 50 guardias nacionales. Destituyeron a más de 100 politáchira por esa misma situación, pero es un tema estructural. ¿Quiénes son los responsables de la frontera? La frontera está de moda. Pero tanto el gobierno venezolano como el gobierno colombiano han tenido un gran desprecio, un total descuido. Eso es tierra de nadie. Y ahí siempre se ha manejado la ilegalidad. ¿Quiénes son los responsables de cuidar la frontera? Los militares, de un país y de otro. Ahora todo el mundo está rasgándose las vestiduras.

Todo esto es campaña

—¿Cree que va haber elecciones el 6 de diciembre?

—Sí, por eso están tan esforzados en la campaña. Todo esto que se está haciendo es campaña.

—En Venezuela hay un consenso generalizado, tanto de las fuerzas políticas como de la sociedad en general, alrededor de la represión, pero se ha demostrado que esto no resuelve el problema de la seguridad ciudadana. ¿Qué hacer entonces?

—El sistema penal es como un péndulo, que se mueve entre las ausencias y los excesos. Lo que se necesita es que esté en el justo medio. ¿Qué es el justo medio? Una aplicación de la autoridad institucionalizada y permanente, en el marco de la legalidad. La crítica misma es útil. No dar por sentado verdades absolutas. En nombre de la verdad se ha matado a mucha gente.

Creo que hay que dudar de todo el que diga que tiene una receta mágica. Y en eso los dos factores políticos son responsables. Estamos esperando a un iluminado, que venga a caballo, a resolver todos los problemas. Si llego y mato a 100 personas en un barrio en dos meses, es la receta mágica. No. Aquí hay que prevenir. Hay que controlar y hay que reprimir.

—Andrés Antillano afirma que las OLP están taladrando y fracturando la base social del chavismo. ¿Comparte ese criterio?

—Totalmente. El chavismo nació como una gran esperanza en los sectores menos favorecidos, en los barrios, ¿Quiénes son los destinatarios de las OLP en términos de víctimas? Ellos mismos. Lo que pasó en la Panamericana. Es un barrio chavista. Son sectores chavistas a los que les tumbaron la casa. Más de 200 familias. Y aún así siguen siendo chavistas, que tienen engañado al Presidente, que fueron los militares.

Si atacas sistemáticamente a estos sectores, llegará el momento en que se van a rebelar. La OLP no va a llegar al Country Club ni a los sectores de clase media.

—Afortunadamente, y lo digo porque si la idea es victimizar al otro, al menos habrá unos sectores sociales fuera del radar de las OLP.

—Así es, así es.

—Regresamos a la antipolítica, que venga el jinete con las soluciones mágicas, cualquier cosa es mejor que esto. Es un caldo de cultivo para que aparezca otro Chávez.

—Sí, sí. Y puede ser un Chávez de derecha. La OLP es una expresión de la antipolítica, totalmente. La polarización nos lleva a la antipolítica. La legitimación de estas acciones, en la que el Estado actúa de manera desbordada, es la antipolítica. La lógica bélica (amigo, enemigo) es la antipolítica. Creo que en 1989 hubo un quiebre institucional muy brutal. Hubo cientos o miles de muertos, según varias fuentes. Y de ese quiebre no nos hemos recuperado.

Yo soy fanático de Mafalda. 1989 es “el empezose del acabose”. Y ese empezose ha sido progresivo y hoy estamos en el empezose del año 89. El peligro está en creer que va a venir un iluminado a resolver nuestros problemas, ya sea de izquierda o de derecha.

Fuente:

https://web.archive.org/web/20151001072137/https://contrapunto.com/noticia/keymer-avila-si-sacas-el-ejercito-a-la-calle-estas-matando-al-modelo-policial/