Acceso a la Justicia
Hace más de un mes, el pasado 9 de abril, las autoridades anunciaron la detención de seis agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), por su presunta participación en el asesinato, dos días antes, de Daniel Lezama, en un restaurante en Carúpano, estado Sucre, y por pretender hacer creer que la víctima era un delincuente que quiso resistirse a la autoridad.
Pese a que el director del cuerpo al que están adscritos los indiciados, comisario Douglas Rico, se apresuró a calificar el hecho como una «mala práctica policial» en la que incurrieron unas «manzanas podridas», lo cierto es que este tipo de lamentables situaciones se producen en el país con una escalofriante frecuencia. Así lo revela el informe de Acceso a la Justicia La administración de justicia penal en Venezuela, en el cual se asegura que los organismos de seguridad «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden».
Para sustentar esta aseveración, en la investigación se citan los datos publicados entre 2016 y 2021 por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), los cuales arrojan que 30.088 venezolanos fueron asesinados por agentes policiales y efectivos militares en presuntos enfrentamientos a la autoridad.
En el reporte se sostiene que estos escalofriantes números podrían explicar por qué la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación sobre Venezuela. Se afirma en el texto que «las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido durante el Gobierno de Maduro son solo uno de los tantos delitos que prevé el Estatuto de Roma».
Los hallazgos de esta investigación están en sintonía con los contenidos en el informe que Acceso a la Justicia publicó en 2020, El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019), en el que se concluía que los venezolanos no solo estaban a merced del hampa sino de quienes supuestamente deben protegerlos.
Sin rastro ni idea
En este nuevo estudio se denuncia que las policías se están haciendo cada vez más ineficientes; como prueba de ello se destaca que el número de homicidios en averiguación no para de crecer.
Así, 2021 cerró con 4.003 homicidios en averiguación, mientras que un año antes fueron 3.507, según contabilizó el OVV. ¿Qué significa ello? Que en estos casos no se han identificado a los presuntos autores de las muertes ni tampoco se han esclarecido las causas de las mismas.
Estas cifras ponen en tela de juicio la efectividad del CICPC, sobre todo porque este tiene la responsabilidad constitucional y legal de hallar a los responsables de los delitos que ocurren en el país. En el reporte se deja entrever que esto podría ser consecuencia de las reformas legales que el chavismo ha aprobado en los últimos años y las cuales han «otorgado mayor autonomía y discrecionalidad al CICPC en la conducción de la investigación penal, en detrimento de la autoridad del MP».
Asimismo, en el informe se recuerda que este organismo figura entre los más señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los datos manejados por organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Proiuris.
La militarización es el problema
Acceso a la Justicia concluyó en su investigación que la militarización es una de las causas por las cuales los cuerpos policiales se han convertido en una amenaza para los ciudadanos, en especial aquellos que habitan en las zonas populares.
En el reporte se afirma lo siguiente:
«si “la racionalidad bélica” con la que se guían los militares se aplica a la lucha contra el crimen, puede haber consecuencias fatales, y esto es lo que en efecto ha ocurrido en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la policía, son responsables de más muertes».
También se recuerda que 80% de quienes han ocupado el cargo de Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) desde 1999 han sido generales o almirantes activos o en situación de retiro.
Además, desde 2014 el Gobierno de Nicolás Maduro ha venido aprobando normas legales en las que se le da a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) más potestades en materia de seguridad ciudadana. Veintisiete contabilizó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, y entre ellas destaca la resolución n.° 8610 que el ministro de Defensa dictó en enero de 2015. A través de esta normativa se autorizó a los militares a intervenir en reuniones y manifestaciones públicas usando armas de fuego en casos extremos, algo expresamente prohibido en la Constitución.
Estas medidas no solo representan una desviación de lo establecido en la carta magna y en las leyes, sino que contradicen lo establecido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha advertido sobre el uso de los militares en temas de seguridad al recordar que la historia del continente está plagada de casos en los que esta opción «ha traído como consecuencia graves crímenes y violaciones a los derechos humanos».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Con el informe La administración de justicia penal en Venezuela no solo se confirma que las policías en Venezuela se han convertido en una amenaza para los derechos de los ciudadanos, sino que de paso cada vez son menos capaces de cumplir su labor de velar por la ley y hallar a sus infractores.
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