El Nacional
Luis de Jesús
Agosto 20, 2022
Las autoridades de Venezuela han distribuido las funciones del “escuadrón de la muerte” entre otros organismos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana, policías estadales, municipales e incluso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Roberto Briceño León, presidente del Observatorio Venezolano de Violencia, y el abogado penalista Luis Izquiel, señalaron a El Nacional que el epicentro de los procedimientos irregulares que dio paso a la actuación de la FAES fue la Operación Liberación del Pueblo, que Nicolás Maduro lanzó en 2015.
La Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el temido grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales, ha salido silenciosamente de escena desde mediados del año pasado. Pero la eventual desaparición del “escuadrón de la muerte”, como también se le conoce, no ha garantizado que en Venezuela no ocurran violaciones a los derechos humanos en los procedimientos policiales.
Las autoridades, concuerdan expertos, simplemente han distribuido sus funciones entre otros organismos que han entrado en el juego. En las calles de Caracas, y en otras zonas del país, se observan oficiales y vehículos rotulados con siglas que quizá pocas personas logran identificar. Aunque con una actitud moderada, más que los funcionarios de la FAES, que con frecuencia lucían sin ningún tipo de decoro sus armas en cualquier parte.
“Los operativos, las acciones y las ejecuciones extrajudiciales que llevaba a cabo la FAES las retomaron otros organismos de policías con una cantidad inmensa de nombres, creados a nivel estatal y en cada una de las dependencias”, declaró a El Nacional el sociólogo Roberto Briceño-León, presidente del Observatorio Venezolano de Violencia.
Parte de la tarea, indicó el investigador, también se ha transferido a oficiales de menor rango del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Total silencio del gobierno sobre la FAES
Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, habló el 17 de marzo durante la presentación oral de su informe actualizado sobre Venezuela de una restructuración de la Policía Nacional Bolivariana y de la disolución de la FAES. Las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, hasta la fecha, no han confirmado esa información.
El Nacional intentó sin éxito establecer comunicación con Elio Estrada, comandante general de la Policía Nacional Bolivariana, y con José Miguel Domínguez, el último director conocido de la FAES, para tener sus declaraciones sobre el tema. Se desconoce, entonces, la situación actual del “escuadrón de la muerte”.
Bachelet, quien tiene cooperación técnica con las autoridades venezolanas, recomendó expresamente al régimen en el 2019 la disolución del comando ante la documentación de posibles ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de las víctimas reportadas eran jóvenes que residían en sectores populares del país. Pero Maduro no le dio importancia a las opiniones de la alta comisionada y, en cambio, felicitó a los oficiales de la FAES por, supuestamente, defender a los ciudadanos, y les ofreció todo su apoyo.
“Fue un desplante que después desapareció. Cambiaron, pero no hay un reconocimiento de que le quieren (el gobierno de Nicolás Maduro) hacer caso (a Bachelet). Es un cambio de postura silencioso”, afirmó Briceño-León.
El abogado penalista Luis Izquiel, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela, consideró en conversación con El Nacional, que Bachelet hizo la afirmación de forma irresponsable. “Quizás algunos funcionarios queden como FAES en algunos territorios como Caracas, pero eso está por verse. Lo cierto es que si no cambian la forma de actuar, seguirán cometiendo ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos, quizás esta vez con otras siglas”, dijo.
“Lavar la imagen” del gobierno
El presidente del Observatorio Venezolano de Violencia aseguró que con esos cambios que se han aplicado progresivamente no se pretende “lavar la imagen” de la FAES sino la del gobierno de Maduro, que está bajo la presión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Misión Independiente Internacional de Determinación de los Hechos y de la Corte Penal Internacional, que lo investiga por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
José Miguel Domínguez estaba al frente de la FAES desde 2019 y así se identificaba en sus redes sociales. El 17 de julio pasado lo designaron al frente de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, una dependencia recién creada de la Policía Nacional Bolivariana que está conformada por las mismas divisiones que formaban parte de la FAES.
Entre ellas, aparecen la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (OUTE), la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), la División de Inteligencia Estratégica (DIE), la División de Investigación Penal (DIP) y la División de Anti Extorsión y Secuestro (DAES). Estos son algunos de los componentes que tomaron relevancia en el último año.
Disminución de las ejecuciones extrajudiciales
Briceño-León señaló que a medida de que han ocurrido los cambios se ha registrado una disminución de las ejecuciones extrajudiciales y de las muertes calificadas en los reportes oficiales como “resistencia a la autoridad”. El investigador agregó que el país también pasó de una represión masiva a una represión selectiva, lo que implicó modificaciones en la acción policial.
Recordó que líderes de la izquierda latinoamericana —incluido Gustavo Petro durante la campaña presidencial en Colombia— reconocieron que en Venezuela había un gobierno violatorio de los derechos humanos. Los señalamientos no provenían únicamente de los países que desconocen a Maduro como presidente o que no comparten su ideal político.
“Las opiniones han tenido peso y eso ha incidido en el gobierno, que quiere cambiar su imagen en todas las instancias; hacer cambios que no son suficientes, que no muestran una sociedad totalmente distinta, pero que significan mucho”, dijo el sociólogo.
Otros factores que incidieron en la reducción de las irregularidades, señaló, fueron el bajo número de protestas en Venezuela que llevó a una situación relativamente controlada y la ola migratoria que arrastró a un porcentaje de jóvenes involucrados en hechos violentos que, aunque mínimo, tenía repercusión en los índices delictivos del país.
Proceso de formación de la FAES comenzó en 2015
Izquiel y Briceño-León recordaron que el proceso de formación de la FAES comenzó en el año 2015, cuando Maduro puso en marcha la Operación Liberación del Pueblo. En ese entonces, se denunciaron graves abusos policiales contra la sociedad civil y que un número importante de víctimas de los operativos policiales y militares no estaba vinculado con la delincuencia.
“Intentaron cambiarla un poco, le pusieron después Operación Liberación Humanitaria del Pueblo, pero siguieron (violando los derechos humanos). Intentaron luego cambiarle el rostro, porque hasta en su propia gente creó conflictos, y así evolucionaron. Crearon la FAES y, a partir del informe de Bachelet (2019), comenzaron a disolver la actuación violenta y la violencia del Estado entre distintos organismos”, dijo Roberto Briceño-León.
Aseguró que, en un primer momento, las autoridades de Venezuela pretendieron darle protagonismo político y comunicacional a la Operación Liberación del Pueblo y, posteriormente, a la FAES.
“Los funcionarios encargados de las OLP se dedicaban a notificar la cantidad de personas que habían dado de baja. Luego se creó a la FAES como un esfuerzo de mostrar el rostro duro y represivo del gobierno ante las críticas por la inseguridad. Pero también ante las manifestaciones de la oposición y las limitaciones políticas. Intentaron mostrar un rostro duro y agresivo”, expuso el investigador.
Esconder a la FAES
Pero ahora, con la repartición de las funciones del “escuadrón de la muerte” entre distintas divisiones de la Policía Nacional Bolivariana y otros organismos, el gobierno chavista quiere evitar un cerco en su contra y que se identifiquen claramente los organismos. “Lo contrario a lo que querían: que comunicacionalmente quede que no es un organismo, sino que son muchos. Lograr esconder un poco algunas acciones”, añadió.
El chavismo procura, además, favorecer algunos procesos, como los que llevan la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas. Esas instancias, expresó Briceño-León, toman en cuenta los hechos de violencia ocurridos, pero también consideran la disposición del Estado para dar respuestas a esos casos.
“Lo que se está intentando con algunos de estos procedimientos es mostrar que se está haciendo algo. De allí la promoción que se le da a algunas de esas acciones y a las personas que detienen. Buscan mostrar a las instancias internacionales la disposición del Estado a que esto cambie”, analizó.
“Es una manera de responder al llamado de Bachelet sin reconocerlo porque reconocerlo sería reconocer la fuerza del alto comisionado. Políticamente no quieren reconocerlo, pero, al mismo, tiempo no pueden ignorarlo porque estarían en dificultades”, afirmó el presidente del Observatorio Venezolano de Violencia.
Al final, destacó el sociólogo, el régimen venezolano pretende crear cierta legitimidad y “dejar de ser un Estado paria” en el mundo. Para eso, está buscando distintos modos de lograrlo sin que signifiquen verdaderamente un cambio, afirmó Briceño-León, miembro vitalicio de la Academia de Ciencias de América Latina.
Lidera la “resistencia a la autoridad”
El Observatorio Venezolano de Violencia, pese a documentar un descenso en el número de procedimientos irregulares a cargo de policías, señaló que las muertes ocurridas por presunta resistencia a la autoridad superan a los homicidios sucedidos en el contexto de la delincuencia o hampa común.
En los inicios de la Operación Liberación del Pueblo la cifra de homicidios por delincuencia común superaba el número de muertes por resistencia a la autoridad, de acuerdo con las investigaciones. Luego, entre los años 2016 y 2019, los homicidios por delincuencia común disminuyeron, pero se mantuvieron las muertes por resistencia a la autoridad, legal o no.
Briceño-León indicó que en 2020 las muertes a manos de los oficiales superaron los homicidios por criminalidad común, lo que generó un desbalance y una composición distinta a lo interno en cuanto a los asesinatos violentos. Eso indica, agregó, un accionar muy intenso de la policía.
La FAES ya aparece poco en los registros
Señaló que la FAES aparece actualmente muy poco en los registros policiales. Desde el año pasado, agregó, ha habido un aumento de la participación de policías estatales y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El organismo científico se ubica como el responsable de la mayor letalidad.
“Al final es la misma política violenta del Estado, lo que cambia es el organismo”, dijo.
La participación del Cicpc en los procedimientos —analizó Briceño-León— se debería a que tiene mayor trayectoria y cumple una función de investigación científica. Aunque a lo largo del tiempo se le han asignado funciones represivas, dijo el sociólogo, tiene mayor credibilidad y los procedimientos quedan “cubiertos en un manto de mayor legalidad”, si se compara su actuación con las de otros cuerpos que se crearon de forma coyuntural.
Aseguró, sin embargo, que los hechos en donde se violaron los derechos humanos, y en los que estaría involucrada la Fuerza de Acciones Especiales, no desaparecerán. A nivel internacional, explicó, las leyes exigen una investigación independiente y un juicio y castigo de los responsables, que tiene proceder de forma creíble. “No simplemente agarrar unos chivos expiatorios y dejarlos ahí”, manifestó.
“Una política de Estado”
En su opinión, el gobierno de Maduro intenta que se responsabilicen a individuos y no al Estado por las irregularidades.
“Ese es el juego que intenta llevar. Lo que ha existido es una política de Estado, por eso es que en Venezuela no es que ha existido abusos de policías, individuos, sino una política de Estado, que es violatoria de derechos humanos. Es allí donde están intentando, de alguna manera, mejorar la imagen”, agregó.
Expresó que los organismos internacionales lo que buscan es que las situaciones en los países mejoren. “Las condenas pueden existir, pero lo que quieren al final es que mejoren las situaciones; apuntan continuamente también a ese propósito, que es la protección hacia la ciudadanía y la no ocurrencia de nuevas violaciones a los derechos humanos”, manifestó.
Izquiel expresó que espera que con la disolución de la FAES no continúe lo que calificó como política de exterminio, pero con siglas diferentes.
La letalidad policial: cifras
2019
En un contexto de destrucción económica, de pérdida de capital humano por la migración, de deterioro del Estado de derecho y de incremento de la desigualdad, el Observatorio Venezolano de Violencia registró en 2019 al menos 16.506 muertes, de las cuales 5.286 ocurrieron por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial.
El observatorio indicó que en su mayoría son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por el uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales.
2020
Venezuela cerró el 2020, de acuerdo con el observatorio, con un estimado de 11.891 fallecidos. Este año, 4.153 homicidios los cometieron delincuentes y se contabilizaron 4.231 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad.
Los resultados, resaltó el OVV, muestran una importante disminución en el número y en la tasa de muertes violentas en comparación con el año 2019.
Explicó que en los homicidios cometidos por delincuentes el descenso fue de 37%. Y, en resistencia a la autoridad, el descenso fue de 20%, siendo la menor de todas las reducciones.
“La letalidad policial se sostuvo como práctica en todo el territorio nacional, mostrándose una diversidad en los lugares de ocurrencia y en los organismos oficiales ejecutores. Este año, y por primera vez en la historia, las muertes ocasionadas por los cuerpos policiales y catalogadas como resistencia a la autoridad son superiores, en términos absolutos y en las tasas, a los asesinatos que cometieron los delincuentes”, expuso.
Precisó que la mitad de las víctimas cayeron en acciones de la Policía Nacional Bolivariana (82% de las víctimas las ocasionó la FAES) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Señaló que en 12% se debieron a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y en 20% a policías estatales.
2021
El informe del Observatorio Venezolano de Violencia correspondiente al 2021 señala que hubo al menos 11.081 personas fallecidas por causas violentas. De ese estimado, se contabilizaron 2.332 muertes por resistencia a la autoridad.
“Las muertes por resistencia a la autoridad se mantienen en unas cifras muy altas, y el año concluye con un promedio de 6,3 personas fallecidas cada día del año por la acción de los cuerpos que seguridad”, indicó.
En ese informe, el observatorio señaló por primera vez la diversificación de los organismos de seguridad que llevan a cabo las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Las actuaciones que se concentraban en la FAES comenzaron a pasar a funcionarios de otras dependencias, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, policías estadales o municipales.
2022
La organización no gubernamental publicó el 16 de agosto un informe correspondiente al primer semestre del 2022, que reveló que en los primeros seis meses del año hubo 2.497 homicidios y otras formas de violencia.
Incluyen 620 homicidios intencionales y 330 muertes por intervención policial.
El Observatorio expuso que el Cicpc lidera la lista de organismos involucrados en los asesinatos durante los procedimientos con 88 del total de las víctimas.
Le siguen las policías estatales, responsables de 57 muertes. Y, en menor cantidad, se mencionan las intervenciones Policía Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
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