Prensa OVV Lara
En el barrio La Paz de la parroquia Ana Soto (antes Juan de Villegas) del municipio Iribarren de Lara, el 29 de febrero, hubo un hecho de criminalización de una manifestación pública y pacífica, en el cual grupos irregulares -llamados por los medios regionales como “colectivos armados”- atacaron con armas de fuego a ciudadanos, dirigentes y líderes políticos, y al Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
La actividad estaba planificada para que fuera una caminata en la cual participarían los representantes de la sociedad civil y miembros de los partidos políticos de oposición, cuando grupos organizados y motorizados dispararon y lanzaron piedras y botellas contra los participantes, para luego robarlos y golpearlos.
“Este hecho es un claro acto de represión criminal a la protesta, en el que muchos larenses se vieron afectados en el ejercicio de sus derechos políticos y en la iniciativa de manifestar el descontento hacia sus gobernantes. A lo largo de esta actividad las personas presentes no fueron protegidas por las fuerzas policiales del Estado; los ciudadanos se encontraron indefensos ante grupos irregulares que agredieron, robaron y maltrataron a diferentes mujeres y hombres de la entidad”, señaló el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara).
Meléndez, quien también es docente e investigador de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), explicó que lo sucedido derriba la versión que tiene el gobierno nacional sobre su política de “garantía de paz”, y denota el aumento de la estrategia de mano dura. “Las autoridades regionales y nacionales han declarado que la actual política de seguridad protege a la ciudadanía. Las muertes por resistencia a la autoridad se justifican con la idea de ‘orden’ y ‘paz’ ante las acciones de presuntos delincuentes y presuntas organizaciones criminales que actúan en esos sectores populares. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué el gobierno no actuó según su responsabilidad y evitó lo sucedido ¿Por qué no detuvo a la mayoría de personas que dispararon, robaron y lesionaron a las mujeres, hombres, adultos mayores y jóvenes que ejercían su derecho a manifestar públicamente? ¿Acaso esto no es un acto delictivo?”, señaló el especialista.
El profesor universitario también señaló lo siguiente: “Vimos lo que desde el 2013 se ha agudizado en Lara, grupos irregulares cometiendo delitos en manifestaciones pacíficas sin ningún tipo de impedimento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. La presencia de estos grupos parapoliciales ocurre, fundamentalmente, cuando estas actividades se desarrollan en momentos de alta tensión en el país”.
“Recordemos que la manifestación pública y pacífica forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las personas pueden intercambiar ideas y solicitar la reivindicación social como forma de expresión. Además, constituye una manera de diálogo entre gobernantes y gobernados, ejercicio del poder político con el que cuenta la gente para participar. Este derecho está incluido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 68”.
El OVV Lara en datos
El barrio La Paz forma parte de la parroquia donde más se registró violencia policial en el estado Lara. Durante el 2019 hubo el mayor número de muertes violentas que tuvieron como móvil “resistencia a la autoridad” (70 por cada 100 mil/hab.).