La actuación de los colectivos armados en distintos ámbitos de violencia en Caracas fue notoria en el año 2020. En este sentido, es importante seguir poniendo la lupa en los distintos procesos en los que siguen apareciendo como entidades sociales para favorecer a la “revolución” y verse, a la vez, beneficiados al seguir manteniendo a los mandatarios del régimen en el poder. El colectivo es una agrupación de personas con un objetivo político, que acompaña al llamado “gobierno revolucionario”; es un brazo armado de la sociedad civil que se constituyó en una base de apoyo, primero del extinto presidente Chávez, y lo sigue siendo del mandatario Nicolás Maduro y de otras figuras oficialistas. Líderes de oposición los llaman “parapoliciales”, la ex fiscal general Luisa Ortega los definió como “grupos civiles armados al margen de la ley”; la mayoría son ex policías, y simplemente en las calles se les conoce como colectivos.
Los colectivos han cobrado un papel protagónico durante el clima de confrontación y de conflicto político entre gobierno y oposición que se manifiesta en las calles, sofocando y controlando con armas las protestas pacíficas antigubernamentales. Sus acciones fueron evidenciadas durante la ola de protestas en 2014 y 2017 en Caracas, cuando estas agrupaciones participaron activamente para reprimir o asediar a la disidencia en esos momentos convulsivos que dejaron más de 130 muertos.
Algunas zonas como el 23 de Enero, en el municipio Libertador, están controladas con armas e impunidad por estos grupos, lo que ha sido en varias oportunidades motivo de denuncias de vecinos y ONG para frenar la amenaza que representan estos grupos en ese sector. En 2018, la muerte de un líder de uno de los colectivos -que formó parte del asedio a una casa donde se encontraba Oscar Pérez y su grupo, asesinados en el operativo realizado en El Junquito, en enero de 2018- confirma una vieja denuncia que hacen sectores de la oposición política que tiene que ver con la presencia de colectivos en los operativos y las acciones especiales que realizan los cuerpos de seguridad del Estado, e incluso llegan a tener credenciales policiales.
En el reciente acto electoral de 2020, fue evidente su actuación, entre otros grupos afines al gobierno, de presionar a las personas en los barrios para asistir y elegir a la actual Asamblea Nacional (AN) oficialista. Asimismo, colectivos motorizados afectos al oficialismo impidieron, el 12 de diciembre, la instalación de los puntos de la Consulta Popular opositora, sobre todo en el centro de la ciudad, agrediendo en algunos sitios a los voluntarios encargados de la organización, de acuerdo con las declaraciones del Coordinador del Frente Amplio de Caracas. Así también, el 12 de febrero de 2021, colectivos disfrazados de supuestos reporteros intentaron agredir al líder opositor Juan Guaidó y a su equipo, al salir del acto celebrado por el Día de la Juventud en la Plaza Bolívar de Chacao.
La intimidación y amedrentamiento de estos grupos colectivos motorizados se mantuvieron durante el año 2020 en las protestas reivindicativas intensificadas en las calles de Caracas a pesar de la pandemia. Éstos son llamados por la misma policía o la Guardia Nacional para dispersar, causando temor con su sola presencia en los sitios de concentración y en marchas de los representantes del sector salud y educación, de trabajadores informales en algunos mercados, así como en las comunidades cuando éstas trancan calles y avenidas por las constantes fallas de los servicios públicos y escasez de gasolina.
Entre otras acciones violentas de estos grupos armados en el Área Metropolitana de Caracas, solicitadas por instancias de alto nivel de gobierno, se destacan la toma de las sedes de partidos políticos de oposición, la confiscación de inmuebles y bienes de ONG defensoras de derechos humanos, como Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad.
Una práctica recurrente en los últimos dos años –y, en particular, en los primeros dos meses de 2021- de algunos colectivos ha sido estar al frente de las tomas de espacios privados, alentadas y respaldadas por autoridades y en favor a la “revolución”. Estos colectivos armados son reforzados desde la vicepresidencia de la AN oficialista, que se propuso la confiscación de los bienes y tierras que estuviesen en desuso, aludiendo a la migración que ha habido en el país, y cuyos dueños están en el extranjero. Estos grupos, con apoyo gubernamental para realizar este tipo de ocupaciones ilegales, reciben pagos, ya que los lugares tomados son alquilados u obtienen pagos (vacunas) de los dueños, lo que indica que estas acciones persiguen objetivos económicos y políticos, y responden a una política del gobierno. Operan ingresando a la propiedad privada a la fuerza,rompiendo cerraduras de edificios, a veces sometiendo a la vigilancia.
De acuerdo con denuncias del Frente en Defensa del Norte de Caracas, los colectivos han participado en 53 tomas o invasiones de edificaciones en Caracas entre 2019 y 2020, y según las estimaciones realizadas por esta organización, 40 de éstas ocurrieron durante la cuarentena. El 57% fueron de industrias y comercios, y el resto de residencias. Además, dicha organización indica que hasta ahora hay un total de170 edificaciones tomadas, solo en el Distrito Capital.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Región Capital (OVV Región Capital)