Daniel Blanco
“La PM era la única Policía que llegaba a donde no entraba nadie”, dice el criminólogo Luis Izquiel
Una de las características de las megabandas que actúan en esos sectores es su cuantioso arsenal de armas. Hay quienes plantean que estos territorios de algunos barrios capitalinos deben ser militarizados.
El término se propagó como la pólvora luego que el exdiputado Freddy Bernal publicara una serie de tuits, donde manifestaba su posición frente a la violencia en las barriadas caraqueñas.
Los mensajes de Bernal en las redes se dieron a horas de la muerte Yonaiker Morillo y su padre, Larry Morillo, funcionario de la Policía Municipal de Libertador. El doble homicidio ocurrió la noche del jueves en el barrio Los Sin Techo, ubicado en El Cementerio.
Precisamente este martes, el exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, apoyó la propuesta de Bernal: “La policía militar está preparada para actuar en los barrios. Yo estoy de acuerdo, como dijo Freddy Bernal, en su presencia en las zonas peligrosas”.
“Entrar a un barrio no significa que se acabará con la violencia”, agregó, en referencia al debate abierto en los últimos días sobre la presencia de los uniformados militares en las zonas populares del país.
¿Corredor de la Muerte?. Muchos no tenían claro a qué se refería Bernal y menos de que se trataba de una degeneración de las llamadas “Zonas de Paz”. El término no es usado comúnmente entre funcionarios policiales pero tiene tiempo en circulación. Su significado refiere a la parte alta de varios barrios que se conectan entre El Cementerio, El Valle y La Cota 905. Es en esas calles, callejones, veredas y trochas donde -según fuentes policiales-las bandas del sector ejercen control total sobre de la población, planifican sus crímenes, ordenan ataques contra policías, “enfrían” a víctimas de secuestro, ocultan vehículos robados, coordinan la defensa del barrio, imponen toques de queda, cobran dinero de extorsiones y trasladan a sus rivales para descuartizarlos o carbonizarlos, según el caso.
En febrero de 2015, en entrevista exclusiva con Contrapunto, José Vicente Rangel Ávalos negó la existencia de las Zonas de Paz, aunque reconoció que ha sido el líder de los diálogos entre el Gobierno y las bandas delictivas para incentivar su desmantelamiento.
Fueron concebidas como un espacio libre de funcionarios policiales para que las bandas se desmovilizaran y se produjera un desarme voluntario, pero esto no pasó. Los territorios en cuestión terminaron siendo espacios ocupados por criminales para esconderse de las autoridades. En Caracas, las Zonas de Paz fueron establecidas en El Cementerio, La Cota 905 y El Valle, las actuales zonas conocidas ahora como “Corredores de la Muerte”.
En 2015, el Gobierno intentó recuperar el control en las Zonas de Paz con incursiones y despliegues policiales masivos, llamados: Operación Libertad del Pueblo.
Foto: Carlos Ramirez.
Foto: Daniel Blanco
Luis Izquiel, abogado criminalista, opina que las OLP, lejos de debilitar a los grupos criminales, los fortalecieron. Las bandas de La Cota 905, El Cementerio y El Valle se encontraban esparcidas en sus barrios ubicados dentro de las Zonas de Paz.
Fuertemente armados, pero con capacidad limitada, con la llegada de las OLP, los delincuentes se replegaron en masa hasta los sectores profundos de las Zonas de Paz para evitar la presencia policial intermitente en las parte baja de los barrios, aseguran los cuerpos de seguridad.
El Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, profesor de Criminología en Pre y Postgrado de la UCV, Keymer Ávila, le comentó a Contrapunto que “con la OLP se ha iniciado una guerra irregular que lo que trae es más inseguridad para todos. No se trata ni siquiera de un simple escenario situacional de enfrentamiento entre policías y delincuentes; más bien se trataría, por una parte, de la cacería de civiles, y por la otra, de la emboscada contra miembros de las fuerzas de seguridad. En un círculo vicioso en el que la violencia estatal reproduce y potencia la violencia social y delictiva, retroalimentándose ambas entre sí”,
Las cifras, extraoficiales, no son alentadoras. “Pasamos de una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2010, cuando se inaugura el DIBISE, a 62 homicidios por cada 100.000 en el año 2014 (la cifra oficial, para algunos bastante conservadora, después del Patria Segura). Pero el panorama en 2015 y para el 2016 resulta todavía más trágico con la OLP. Sistemáticamente se dice que somos el país más violento del mundo en la actualidad”, dijo la reconocida investigadora Verónica Zubillaga, en entrevista a Contrapunto.
Izquiel afirma que la eliminación de la Policía Metropolitana en el 2007 convirtió la parte alta de los barrios en zonas sin ley. “Más allá de los vicios y desviaciones, la PM era la única Policía que llegaba a donde no entraba nadie”.
¿Quién es quién en los “Corredores de la Muerte”?
Material cedido por fuentes policiales
El control de los “Corredores de la Muerte” está a cargo de los “carros”; una suerte de “gobierno” en argot criminal.
El “carro” es el núcleo de la megabanda, una organización mucho mayor, que surge cuando dos o tres bandas pequeñas se fusionan y asimilan a grupos delictivos más pequeños, creando así una base de 50 integrantes, y un ejército de delincuentes afiliados al “carro” que puede superar ese número. La banda de “El Buñuelo” (abatido), por ejemplo, es una alianza de las antiguas bandas: “La Chivera”, “Los Alpes”, “Los Barloventeños”, “Primero de Mayo”, “Los Manolitos”, “Los Sin Ley”, “Los Chiches”, “Los Plateados” y “Los Sin Techo”
Los “principales” son los líderes negativos del sector. Llamarlos “pranes” los deja al descubierto a las personas ajenas a la zona. El “principal” es la autoridad máxima en el “carro”. Imparte órdenes, participa directamente en los homicidios de víctimas de secuestros, hampones rivales o funcionarios policiales. El “principal” cuenta con apoyo de la población local, rara vez deja la parte alta del barrio.
El “segundo” ejerce como mano derecha y hombre de confianza del “principal”. Se encarga de la protección directa del líder negativo, la planificación y logística de los crímenes, tiene una cuota de poder dentro de la estructura criminal y participa – de manera limitada – en la toma de decisiones. En algunos casos, el “segundo” asume el control directo del grupo delictivo en caso de la muerte del “principal”.
La base de la organización delictiva son los “luceros”, un grupo de choque compuesto por entre 50 y 80 delincuentes oriundos de la zona, al mando del líder negativo e involucrado directamente en la eliminación de rivales, ejecución de secuestros, protección de los cabecillas y ataques a comisiones policiales.
El lumpen de la banda lo ocupan los “gariteros”, jóvenes emplazados en puestos de observación ubicados en los techos del barrio y encargados de la vigilancia del sector. El garitero monitorea el movimiento en el sector, da reportes situacionales, establece alcabalas, aborda peatones sospechosos y alerta cuando se produce el ingreso de funcionarios policiales a la zona.
Los “gariteros” suelen ser el primer cordón de “seguridad” para repeler incursiones de bandas rivales y organismos de seguridad del Estado. La lista de abatidos en las OLP es engrosada por los “gariteros”, usados por sus propias bandas como contención y señuelo.
Su salario inicial son sustancias estupefacientes, con el paso del tiempo obtiene “cartel” –estatus en el argot criminal– y dinero. Los “gariteros” que se quedan dormidos durante su guardia u omiten reportar una irregularidad son asesinados en el acto.
Existen protocolos de seguridad establecidos por los “luceros”. Toques de queda al alzar son anunciados en la zona a través de servicios de mensajería móvil –Whatsapp, BBM– para medir el poder de la banda y la obediencia de la población. Los cambios de luces y toque de corneta son obligatorios a jeepseros y mototaxistas del sector. Fallar el cambio de luces o realizarlo en el lugar incorrecto se traduce en un susto, un mal rato, una paliza o el robo del vehículo.
Cuando se teme una incursión policial significativa, los delincuentes organizan a parte de la comunidad para protestar contra supuestos casos de abuso policial y entorpecer las labores de inteligencia en la zona. Las voceras del grupo que sale a manifestar suelen ser madres o parejas de los delincuentes. El grupo de manifestantes se nutre con habitantes de la zona que son pagados, manipulados, seducidos o amenazados por los “principales”.
Respaldar versiones policiales o desmentir casos de abuso policial se paga con el desalojo del barrio o la muerte.
Alicia Cristina Maza, de 64 años de edad y Linda Karina Maza, de 32, fueron asesinadas el sábado 26 de septiembre de 2015. Madre e hija habían señalado ante los medios de comunicación a varios azotes de la Cota 905 como los verdaderos responsables de un incendio en la zona. La comunidad responsabilizaba a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, Cicpc, por el incendio.
A pesar de estar al tanto del monitoreo de las radiofrecuencias por las fuerzas de seguridad, los “gariteros” y “luceros” se comunican entre ellos usando radios de onda corta. Es por ese medio que se notifica la actividad sospechosa de algún vecino, se ordena interceptarlo y por último actuar contra el “amenaza” o dejarlo ir.
El peor aspecto de las megabandas de los llamados “Corredores de la Muerte” es, sin duda alguna, su arsenal. “Una banda de 100 hombres armados con fusiles supera en capacidad a cualquier Policía municipal, estadal o nacional”, asegura Luis Izquiel. El criminólogo explica que el 13 de febrero de 2011 se publicó la resolución 17530 en la cual el Ministerio de la Defensa limitó a las policías municipales y estadales el uso de escopetas, por lo que sólo puede haber dos por cada 10 funcionarios. Las armas de alta potencia quedaron restringidas al uso militar y el único calibre autorizado para los policías es el 9mm.
La resolución dejó en clara desventaja a los funcionarios principales frente a la delincuentes que poseen un arsenal compuesto por fusiles, pistolas automáticas y granadas.
La Glock 18 es una variante de la Glock 17 con selector de tiro que le permite disparar en modo automático. En los últimos dos años se ha convertido en la herramienta de trabajo de las megabandas. Los delincuentes suelen pintarlas de colores llamativos y de modificarlas con cargadores de alta capacidad de 32 balas – “Cocosette” – o cargadores de tambor con capacidad para 50, 70 y hasta 100 balas – “Caracol”.
El AR-15 junto con el Ak-103 y el FAL son las armas largas más comunes. Han quedado registradas en videos filtrados por funcionarios de inteligencia a la prensa así como en las redes sociales de los delincuentes, donde son exhibidos como símbolo de prestigio. Las granadas y los fusiles son de uso exclusivo para “luceros” y “principales”.
Caracas: Corredor de la Muerte
El rango de acción de las megabandas no se limita a El Cementerio, La Cota 905 o El Valle. Los “Corredores de la Muerte” son sólo la parada final para las víctimas que las bandas se dedican a captar en toda Caracas. Las víctimas normalmente son escogidas al azar, cualquiera que ofrezca una ventana de oportunidad califica como víctima de secuestro, extorsión, robo de vehículo u homicidio.
De esto habló el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, dos días después de los sucesos del Cementerio, donde varios Polichacao prestaron apoyo.
El consumo de droga previo a los crímenes hace errático y extremadamente violento el comportamiento de los antisociales durante la acción delictiva.
El 18 de enero de 2015, el exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana Daniel Suárez y su esposa fueron quemados frente a sus hijas en la Autopista Regional del Centro. La pareja había sido secuestrada ese día en El Paraíso cerca de la Cota 905 pero fue asesinada por no disponer de dólares para pagar su propio rescate.
Los dólares se convirtieron en la moneda oficial de los “Corredores de la Muerte”. Bárbara Espinoza de 19 años, Astrid Torres, de 18 y un adolescente de 16 fueron interceptados la madrugada del 8 de noviembre de 2015, en la vía hacia El Marqués, en el municipio Sucre. El trío de jóvenes fue sorprendido por los maleantes que los siguió desde la discoteca Holic, en Las Mercedes. Desde allí iniciaron las comunicaciones con sus parientes para solicitarles una fuerte suma de dinero en dólares.
A los padres de dos de los secuestrados les exigieron entre 50 mil y 70 mil dólares a cambio de los jóvenes. La liberación se produjo una vez que los secuestradores advirtieron que Espinoza era hijastra del Comisario Ramón Silva Torca, director de Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Venezuela. Las divisas obtenidas a través de secuestros y extorsiones son usadas por los “principales” para comprar armas y droga al mayor.
Las bandas de los “Corredores de la Muerte” tienden a llenar vacíos logísticos y operativos con violencia. Cuando un secuestro no rinde los resultados esperados, la próxima víctima es torturada o asesinada. Ambos casos de secuestro marcaron un precedente, ahora no se perdona a los hijos de los policías.
El 6 de marzo fue asesinado un adolescente de 17 años en La Cota 905, su crimen, ser hijo de un policía. El menor de edad tenía problemas en la zona y los delincuentes lo interceptaron para amonestarlo. Uno de los hampones identificó al joven como hijo de Douglas Rodríguez, Supervisor Jefe de Policaracas y firmó su sentencia de muerte. La víctima fue traslada hasta un “Corredor de la Muerte” en el sector Las Quintas donde fue acribillado, mutilado y carbonizado.
Los grupos criminales que hacen vida en “Corredores de la Muerte” han consolidado su poder, estructura criminal y red de inteligencia entre los habitantes El Cementerio, El Valle y La Cota 905 a través del dinero o las amenazas. La parte alta de los barrios son fortalezas desde donde se planifican, ordenan y ejecutan acciones delictivas.
Fuentes dentro de los Organismos de Seguridad del Estado (OSE) consideran que los despliegues multitudinarios repetitivos con fines políticos, permiten a los delincuentes estudiar el movimiento de los organismos de seguridad y planificar estrategias de defensa – garitas, campos de tiros, ubicación de explosivos, movimiento de caletas– de ellos.
Funcionarios policiales y habitantes de la zona concuerdan con Luis Izquiel. La respuesta para acabar con los “Corredores de la Muerte” debería basarse en una toma policial simultánea de todos los sectores, con unidades de élite a la cabeza y una presencia policial continua en las veredas y callejones de la parte alta de los sectores populares. Los operativos a medias tintas – como las OLP – sólo eliminan al primer cordón de seguridad de la banda y rara vez saca de circulación a los “principales”, quienes escapan por los corredores.