TalCual Digital
Luisa Quintero y Zulvyn Díaz
23 Septiembre, 2023
Las denuncias de extorsiones y robos de carros planeados y ejecutados por reclusos de la cárcel de Tocorón se remontan en redes sociales al menos desde 2015. Millones de dólares ingresaban a las arcas del Tren de Aragua cada año, pero ahora se le resta el cobro de la «causa» a los presos, una renta fija para Héctor «Niño» Guerrero y sus aliados.
La intervención policial del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, plantea una serie de interrogantes que van desde el estado de los presos y el futuro de este recinto hasta el paradero de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero». La recomposición territorial y delictiva del Tren de Aragua es otra pregunta sin respuesta.
Jeremy McDermott, director de Insight Crime, comenta que las rentas de las actividades delictivas del Tren de Aragua se calculan en millones de dólares, pero es difícil precisar un monto debido a la variedad de «negocios» que maneja el «Niño Guerrero» y sus aliados.
En esto coincide el doctor en Ciencias Sociales Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia. El sociólogo también destaca que el Tren de Aragua pierde una fuente importante de ingresos a través del cobro de la «causa» -el pago semanal para vivir en la cárcel-, pero mantendrán las redes de extorsión y podrán fortalecerse.
Alerta, además, que puede registrarse un incremento de delitos en otros lugares. «En un primer lugar, delitos de tipo depredador como robos, asaltos o secuestros».
Se habla de cobros a los presos comunes de 14 dólares a la semana, un monto mayor si era pagado en bolívares. El permiso para tener un teléfono celular estaba fijado en 10 dólares y los de una fiesta especial en 20 dólares. Si se calcula solo el cobro a los 1.800 reclusos que fueron trasladados a otras cárceles, según informaron las autoridades a periodistas de Aragua, a las arcas del Tren ingresaban poco más de 25.000 dólares a la semana.
Al menos 10 años de actividades mantenía el «Niño Guerrero» con su gobierno de la cárcel y hacia afuera, mientras purgaba una condena de 17 años por varios asesinatos, múltiples robos a residencias, porte de armas, tráfico de drogas y su fuga de Tocorón en 2012.
«Ellos tienen dominio de la zona porque comenzaron a trabajar en distintas poblaciones y barrios de Maracay y tenían personas que estaban fuera de la cárcel como parte del Tren de Aragua y otra gente que podía salir de las cárceles y dedicarse a las funciones de extorsión y control de la zona», explica Briceño León.
Esta expansión también permitió el «intercambio» y los acuerdos con colectivos de las zonas de Aragua. Insight Crime enfatiza la existencia de una gobernanza híbrida, en la que esta megabanda impuso su orden en poblaciones cercanas al penal de Tocorón (San Vicente, Tocorón y San Francisco de Asís) bajo la anuencia de las autoridades estatales y nacionales.
El Tren de Aragua incluso logró el manejo de subsidios que otorga la administración de Nicolás Maduro (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) a través del control de consejos comunales, su infiltración en estructuras partidistas como las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) y el apoyo de políticos por medio de la Fundación JK, que maneja Kenferson Sevilla, miembro de la organización bajo el alias de «el Flipper».
Fechorías del Tren de Aragua
A través de los años, las actividades delictivas de la banda criminal Tren de Aragua dentro del territorio nacional se han ido diversificando tanto en las acciones como en el cobro de las extorsiones, según sea el caso.
Estas pasaron de extorsión y secuestro, que fueron de los primeros delitos registrados y denunciados en redes sociales y medios de comunicación por parte de las víctimas o sus familiares, a crímenes de talla internacional, entre los que destacan trata de personas para la explotación sexual (incluido de menores de edad), sicariato, tortura, tráfico de migrantes, lavado de dinero, robos, secuestros, tráfico ilegal de oro y narcotráfico. Las acciones delictivas se han expandido a Colombia, Perú y Chile, países en los que se han conformado nuevas células delictivas.
A través de redes sociales se han registrado numerosas denuncias, algunas de ellas señalan a funcionarios policiales y efectivos de la guardia Nacional como “cómplices” de estos hechos delictivos.
En 2015, una mujer fue despojada de su vehículo marca Toyota Terios cerca de un centro comercial en Cagua, estado Aragua. Media hora después, la mujer recibió una llamada de un “número desconocido” en la que le informaron que tenía 24 horas para recuperarla y que debería cancelar un monto en el centro penitenciario de Tocorón. “No vayas a denunciar porque te matamos. Sabemos de tu familia”, fue el mensaje con el concluyó la llamada.
La segunda llamada la recibió 25 horas después de la primera y el sujeto al otro lado del teléfono le preguntó si tenía el dinero, al tiempo que le dio las especificaciones para ingresar al centro de reclusión al día siguiente.
«Metes el dinero en efectivo en un bolso. Te vas a la plaza que está al frente y ahí te vas a parar al lado del kiosco. Cero policías y acompañantes. Ponte una franela blanca y espera que te van a buscar».
Tras ingresar al centro penitenciario, fue requisada por funcionarios de la Guardia Nacional y posteriormente fue recibida por un sujeto que ya sabía sus datos personales, hizo la transacción y una semana después recuperó su vehículo.
Los relatos de las denuncias de las víctimas -ocurridas en distintas fechas- coinciden en el modus operandi, sin que las autoridades pertinentes hicieran algún pronunciamiento al respecto.
El 12 de agosto de 2018, una usuaria de las redes sociales escribió «a mi prima le robaron el carro, recibió una llamada y eran unos presos de Tocorón pidiendo dinero por el carro, al llegar a la entrada de la cárcel la policía era quien recibía el dinero y de paso tuvo que hacer cola para pagar porque había como 15 personas con el mismo problema».
A mi prima le robaron el carro, recibió una llamada y eran unos presos de Tocoron pidiendo dinero por el carro, al llegar a la entrada de la cárcel la policía era quien recibía el dinero y de paso tuvo que hacer cola para pagar porque habían como 15 personas con el mismo problema https://t.co/Rebv5jN0AR
— caraqueñita (@dayanannunes) August 13, 2018
«A mi sobrino le robaron el carro, tuvo que ir a Tocorón a pagar 300 mil que te parese y hablan que aquí nadie traiciona y nadie se rinde», se lee en una publicación de Twitter (ahora X) con fecha de 10 abril de 2016.
Por su parte, un hombre identificado como León Ortiz, residente de Cagua en Aragua, denunció el 8 de diciembre de 2019, a través de su cuenta Twitter, el pago de una vacuna a un funcionario de la Guardia Nacional para la recuperación de un vehículo de su propiedad.
«Soy de Cagua edo. Aragua y tuve que ir al penal de Tocoron y pagar vacuna por mi carro, y al llegar la propia GN me dijo «usted a que viene si es visita haga esta cola si es a pagar vacuna haga esta», y así tengo muchas vivencias (…)».
A una amiga le robaron su carro en La Victoria, pidieron rescate, convino con los choros en llevarlo al penal de Tocorón; dicho monto fue entregado a un GN que estaba en la puerta. Su carro estaba en la Ciudad Socialista La Mora. No es nuevo, de eso hace 6 años.
— Aida Josefina (@aidapgarrido) September 21, 2023
Sin fronteras
El desalojo de la base de operaciones del Tren de Aragua supone una recomposición de la megabanda. El director de Insight Crime considera que puede ser rápida e incluso podría realizarse fuera de las fronteras venezolanas.
Según investigaciones periodísticas, el Tren de Aragua no solo ejerce su poder en los estados centrales del país (Aragua, Carabobo, Guárico y Cojedes), sino que se extendió a otras regiones y países debido al alcance de sus actividades delictivas y las alianzas con otras organizaciones criminales.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ha identificado la presencia del Tren de Aragua en estados fronterizos como Táchira, Sucre y la frontera con Brasil, entre Santa Elena de Uairén y Boa Vista. En Sudamérica se hablan de células de este grupo en Chile, Colombia, Bolivia y Perú.
Roberto Briceño León, director del OVV, explica que el control del Tren en estos estados se maneja a través del sometimiento de bandas locales o acuerdos. Refiere que existe una alianza para controlar esa zona fronteriza de Brasil junto al Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización criminal más grande de ese país.
«Creo que ellos buscarán recomponerse dentro de las fronteras. Tocorón les significaba mucho porque era su fortaleza, era su castillo, no era una cárcel. Podían actuar, controlar, defenderse y les permitía vida social, familiar y de diversión como ha sido ampliamente reportado», afirma.
La búsqueda de una nueva fortaleza podría dejar expuestos a sus integrantes, pero todo dependerá de la capacidad de reorganización que puedan tener. «Si es cierto el volumen de capital que manejan pueden reorganizarse, pero recomponer esas redes no es algo sencillo o inmediato», señala el director del OVV.
Recuerda que en la criminalidad la desaparición de un grupo no implica la desaparición del negocio, «lo que implica es la desaparición de los actores que usufructúan de esas rentas, pero en la medida que existan esos negocios otros lo ocuparán».
Esto podría derivar en choques o enfrentamientos con otras bandas que ya controlan ciertas porciones de territorio, pero el director del OVV advierte que el Tren de Aragua ha sido hábil para lograr negociaciones y evitar los costos con otros grupos delictivos, concentrando sus pérdidas en los problemas que ya mantiene con las instancias del Estado o la sociedad en general.
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