Efecto Cocuyo
Vanessa Moreno Losada
21 febrero, 2016
Así como la palabra “abatido”, de uso frecuente entre uniformados militares, se filtró en la jerga policial; palabras como “bunker”, “informante” y “garitero” llegaron a las filas de la delincuencia organizada.
Desde 2014 el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detectó una nueva forma de organización delictiva que copia el modelo militar, según reveló una fuente a Efecto Cocuyo que labora en el organismo investigativo desde hace 10 años y tiene un rango medio dentro del ente, también fue confirmada por un exmilitar de la Armada.
En 2015, Últimas Noticias informó que un general de brigada del Ejército era la “llave” (nombre que le asignan las bandas criminales al funcionario que les filtra información) de José Tovar Colina, alias “El Picure”.
Solo en 2016, la Fiscalía informó que cinco militares de “alto rango” de la Aviación y dos oficiales retirados del Ejército y GNB serían enjuiciados por permitir el paso de aviones que transportaban droga al país. Se conoció de un sargento que ayudó a una banda a robar 21 fusiles de sede militar en Aragua, a cambio de quedarse con parte del arsenal.
Un mayor del Ejército fue detenido con 500 kilos de cocaína en Mérida que transportaba en un vehículo Steyer de uso militar junto a otros seis hombres que se hacían pasar por funcionarios castrenses y un teniente fue descubierto con 500 panelas de marihuana en Zulia.
Después de que un sargento y un capitán del Ejército fueran arrestados por estafar con la asignación de carros de Venezuela Productiva, según un artículo de Runrun.es, el Ministerio de la Defensa emitió un comunicado en el que prohibía a sus filas difundir informaciones sobre detenciones de los miembros de las Fuerzas Armadas.
“¿Todo esto qué nos hace presumir? Que efectivamente existen funcionarios militares cooperando con la delincuencia”, manifestó el funcionario del Cicpc, que prefirió resguardarse bajo anonimato.
Por su parte, la directora de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (Ovedese), Rocío San Miguel, explicó que los modelos de subordinación y disciplina son empleados tanto por ejércitos regulares como irregulares para garantizar su efectividad.
“Es parte del aprendizaje natural, pues la disciplina es necesaria para instrumentar el poder de fuego”, comentó la especialista y explicó que la criminalidad ha permeado a los cuerpos de seguridad del Estado, entre otras cosas, por el recorte del período de formación de los funcionarios civiles y castrenses.
“Cada efectivo tiene destrezas adquiridas en la formación militar o policial que pueden adaptarlas a un nuevo desempeño en el mundo hamponil. El proceso de criminalidad es trasversal en todo el país. Ha permeado la instituciones, entre ellas las FFAA”, explicó y apuntó que es importante el permanente control democrático ejercido desde la Asamblea Nacional sobre los órganos de seguridad ciudadana y las FFAA.
De acuerdo con el Observatorio de Delito Organizado, son diez megabandas que controlan zonas claves del país como: Aragua, Guárico, Zulia, Miranda, Anzoátegui, Zulia y Bolívar. Aunque se articularon hace más de diez años, fue en 2015 cuando se les denominó de esa forma.
“Estas bandas tienen una red de influencia de más 200 actores criminales. Lo que los hace particulares es la organización superior que les permite el acceso a armas de fuego de grado militar, como los fusiles automáticos de ataque AK-47 y R-15 y granadas fragmentarias”, reseña la alerta emitida por el Observatorio en julio del año 2015.
Antecedentes
Con la implementación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana (Dibise) en 2010 se dio inicio a la militarización de las calles en Venezuela. El presidente Hugo Chávez informó a la nación que puntos de control serían comandados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); es decir, que militares de la Fuerza Armada saldrían de los cuarteles para combatir la delincuencia.
En menos de un año, dos menores de edad y tres adultos murieron por las balas de los guardias; y pese a las reiteradas denuncias de asociaciones civiles, el despliegue militar en la seguridad ciudadana se profundizó en los años siguientes.
Activaron el Plan Patria Segura, colocaron uniformados verdes en hospitales y supermercados y designaron a generales como directores de policías civiles. En las cárceles los detenidos hacen orden cerrado y entonan cánticos militares; mientras que los funcionarios del Cicpc, PNB y Sebin dan “de baja” a los “delincuentes” en la Operación Liberación y Protección al Pueblo (OLP).
Desde julio de 2015 hasta enero de 2016 el parte de la “guerra gris,” que se combate con efectivos de las OLP, iba en 400 muertes por resistencia a la autoridad, aproximadamente. Después de múltiples críticas a esta nueva política de seguridad por parte de las ONG de derechos humanos, la Fiscalía prometió investigar los hechos en los que fallecieron 245 personas el año pasado en estos procedimientos policiales.
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