Prensa OVV Táchira
Migrantes venezolanos, provenientes de diversos países de América Latina, se han visto en la imperiosa necesidad de retornar a su país, dada la problemática global que ha generado la pandemia del COVID-19, cuyas principales afectaciones han sido la pérdida de sus empleos en las naciones donde residían, el desalojo de las viviendas por parte de sus arrendatarios, la falta de alimentos y la poca o nula garantía de poder satisfacer sus necesidades básicas en dichos países.
El Táchira, al ser un estado de frontera, ha sido el principal escenario para el retorno de sus connacionales, a través del puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio y Francisco Paula Santander en Ureña, situación que se presenta desde el día 5 de abril, de acuerdo a las declaraciones emitidas por la gobernadora de la entidad. No obstante, las condiciones han sido las más desfavorables, pues el personal de salud encargado no cuenta con la dotación apropiada de equipos e insumos médicos, poniendo en riesgo sus vidas y también las de la población que retorna al país, al ser posibles blancos de contagio.
Aunado a ello, la cantidad de migrantes venezolanos es cada vez superior y el margen de atención en la frontera es reducido, pues no existen suficientes lugares aptos para su permanencia. Aun cuando se amplió la cantidad de municipios receptores y los “refugios”, siendo, principalmente, infraestructuras educativas, éstas carecen, desde todo punto de vista, de condiciones óptimas para albergar seres humanos.
A juicio de Anna María Rondón Trejo, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira), “este contexto podría ser el ambiente propicio para que se susciten situaciones de violencia generalizada en los “refugios”, a partir de la frustración producto del hacinamiento, hambre, confinamiento obligado y la discriminación por parte de las comunidades de acogida”. La situación, además, genera preocupación en los habitantes de la frontera, quienes se oponen a estas políticas por temor a, por un lado, que se pueda expandir el virus en la comunidad y en todo el estado, y, por otro, la posibilidad de que se generen hurtos y robos por parte de quienes no ven satisfechas sus necesidades básicas a través del Estado venezolano, concluyó la experta.