Prensa OVV Región Capital
La delincuencia continúa en ascenso en el Área Metropolitana de Caracas. El Observatorio Venezolano de Violencia, Región Capital en su monitoreo de prensa correspondiente a la primera quincena de mayo reporta que durante el segundo fin de semana del mes que transcurre fueron ingresados 15 cadáveres en la morgue de Bello Monte, cantidad que eleva a 213 los cuerpos llevados a esa dependencia en mayo, según cifras publicadas por el diario El Nacional.
Entre los casos más sonados, en lo que va del mes, está la muerte de uno de los delincuentes más buscados en todo el país, José Antonio Tovar, alias “El Picure”, quien fue muerto en enfrentamiento con organismos de seguridad del estado Guárico y cuya banda tenía influencia en varias ciudades del país, incluyendo Caracas.
Otro caso ha sido el de Gabriel Vizcaya, de 5 años, quien falleció debido al impacto de la onda expansiva de una granada en el barrio El Observatorio, en el 23 de enero, hecho en el cual resultaron heridas seis personas que estaban cerca del lugar del estallido, entre ellas la madre del menor.
Muchos de los crímenes se llevan a cabo en las denominadas “zonas de paz”, las cuales nacieron en septiembre de 2013 con la finalidad de que “todos los movimientos sociales, colectivos, comunidades organizadas y personas, tengan voz sobre las acciones que el Gobierno Bolivariano adelanta en materia de seguridad ciudadana”. Irónicamente, quien “resguarda la seguridad” en todas las zonas de paz, no es propiamente la comunidad sino las bandas delictivas que operan en todas y cada una de ellas, según señala el diario Tal Cual. Esta situación afecta a las familias de zonas populares residentes en estas zonas, ya que los grupos delictivos imponen toques de queda, y la vida cotidiana se restringe por el terror de salir a las calles.
El diario El Nacional informó esta semana, la recomendación del Foro Venezolano de Investigación Criminal, y en un documento elaborado propone eliminar “de inmediato esa absurda designación de las zonas de paz para dar un verdadero y claro mensaje a esos grupos irregulares a fin de controlar y restituir el orden interno”.
El mismo medio de comunicación reporta que el conflicto entre bandas delictivas impulsa, entre otros problemas, la deserción y pérdida de clases en los planteles. “Los jóvenes han perdido entre 18 y 29 horas de clases, que son difíciles de recuperar, por la violencia que impera en el barrio.” Muchas familias se ven en medio de la línea de fuego por lo que surge la necesidad de desplazarse de su barrio original a otro, debido a las amenazas que sufren sus miembros.
Una docente de la Escuela Básica Manuel Díaz Rodríguez en El Cementerio, informó a este diario, que desde el año pasado, entre dos y tres días a la semana, se ven obligados a despachar a sus alumnos una hora antes de lo previsto. “A veces sólo se dictan dos horas de actividades porque los tiroteos lo impiden”. Noelbis Aguilar, directora de escuelas de Fe y Alegría, en entrevista al Nacional, señala que hay 160 planteles ubicados en diversas regiones del país amenazados por la inseguridad.
“En estas escuelas se han reportado 5% de deserción escolar dado que los padres se deben mudar de sector por las advertencias de las bandas. También los delincuentes han obligado a los directores a suspender las actividades porque hay toque de queda o se van a enfrentar con una banda enemiga”. Las cifras que maneja El Nacional indican que 121 instituciones educativas, aproximadamente, se localizan en la Cota 905, El Cementerio y El Valle, azotadas por grupos delictivos.