Prensa OVV Sucre
“Dos funcionarios de la Policía estadal fueron los asesinos de Devinsón. Así lo confirmó el Fiscal que estuvo en la comunidad, junto a los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para recoger las pruebas y entrevistar a los testigos”, fueron las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación sucrenses por un familiar de la víctima ajusticiada el pasado 20 de noviembre.
El asesinato de Devinsón Manuel Pulido Aguilera, de 21 años, conmocionó a los vecinos de la zona popular de Caigüire, parroquia Valentín Valiente del municipio Sucre (Cumaná), quienes durante dos días no solo protagonizaron una protesta para exigir justicia en el lugar donde ocurrieron los hechos, sino que encabezaron el cierre de las principales calles de la capital sucrense.
Testigos indicaron a los medios de comunicación que la comisión policial se presentó alrededor de las 9:00 a.m. y sacó a la fuerza al joven de su casa ubicada en la calle Campo Alegre. Lo despojaron de sus pertenencias y acabaron con su vida, para luego asegurar que se trató de un enfrentamiento.
“Él era un hombre joven, un inocente, bachiller de la República y por eso la comunidad enardecida exigió justicia para lograr que los homicidas fueran procesados y que la comisión de funcionarios que participó en el crimen no evadiera su responsabilidad”, advirtió la familia.
Las protestas ciudadanas impidieron el tránsito vehicular en la conocida redoma de Caigüire y la Avenida Cacique Maragüey (Perimetral) de la capital sucrense, en horas del mediodía, y se extendieron hasta el día siguiente.
“No es la primera vez que una situación similar se presenta en Cumaná, luego de la acción policial. Con las protestas comunitarias que impiden el libre tránsito queda de manifiesto la falta de autoridad gubernamental en la ciudad primogénita del continente americano que cumplió 504 años de fundación el 27 de noviembre y cuyos habitantes no tienen garantía de seguridad ciudadana, ni en su propia casa”, indicó Jesús Subero, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).
Con sus señalamientos, Subero se refirió a hechos de violencia como el saqueo de comercios registrado en junio de 2016, cuando la ciudad de Cumaná fue tomada por colectivos motorizados encabezados por dirigentes del oficialismo, así como la alarma causada por hordas motorizadas que atemorizaron a ciudadanos y comerciantes de la capital sucrense en octubre de 2012, tras el asesinato de José Miguel Castañeda, alias “Cheo Proyectil”, registrada en Clarines, estado Anzoátegui, en medio de un presunto ajuste de cuentas.
“Ese tipo de manifestaciones demuestra que las autoridades no ejercen el control del territorio, ni garantizan la seguridad ciudadana; por el contrario, con los hechos de letalidad policial queda en evidencia que el objetivo de las políticas de Gobierno es continuar con las violaciones a los derechos humanos, sin importar el estado de derecho y de justicia”, añadió Subero.
Protesta y castigo
Quienes tampoco estuvieron seguros de que sus reclamos fueran escuchados por las autoridades, fueron los presos recluidos en el Internado Judicial de Cumaná, quienes iniciaron una huelga de hambre el 19 de noviembre para exigir el suministro de comida, visitas conyugales y celeridad procesal, pero solo recibieron como “castigo” el traslado de quienes hicieron el reclamo a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar.
Durante el mes de noviembre, también estuvieron en huelga de hambre más de 70 reclusos del Comando de la Guardia Nacional en Carúpano, municipio Bermúdez, para rechazar el hacinamiento, exigir celeridad procesal y atención médica.
“La respuesta que han obtenido los familiares de parte de las autoridades es que no hay transporte para llevarlos a tribunales”, indicó un familiar de los reclusos al reportero Cruz Guzmán, destacado en la población de Cariaco, municipio Ribero.
Persecución política
Por otra parte, a Luis Miguel Bastardo, responsable de activismo del partido político Voluntad Popular en el estado Sucre, “sujetos encapuchados sin identificación le colocaron un pañuelo en la boca con una sustancia química, los montaron en un camión cava y le lanzaron gas para drogarlo y asfixiarlo”, según lo denunció la dirigencia de la organización, a través de un comunicado publicado en redes sociales el 22 de noviembre.
Con ello, rechazaron “el secuestro, intimidación, hostigamiento, agresiones físicas y tortura psicológica”, pues en dos oportunidades le accionaron un arma descargada para “quebrantarlo” y conocer detalles de las próximas acciones políticas de la tolda.
Bastardo apareció en las adyacencias del Mercado municipal de Cumaná, con poco conocimiento de la realidad.
La organización rechazó las acciones que consideró como “parapoliciales”, responsabilizaron a las autoridades del Gobierno, tanto estadal como municipal, y recordaron que no es la primera vez que ocurren situaciones como éstas para someter a activistas de la organización política y miembros de diferentes gremios. Así también ocurrió en abril de 2018, cuando la dirigencia del magisterio en la entidad denunció que fueron golpeados tras participar en una manifestación ciudadana.
En un testimonio difundido a través de las redes sociales, Bastardo reconoció que vivió horas confusas, pero aseguró que no se esconderá ni se paralizará.
“Quienes elegimos el camino de construir democracia y liberar el país estamos sujetos a este tipo de acciones que nos comprometen a estar firmes y con más convicción para liberar a Venezuela del régimen que nos oprime”, dijo.