Prensa OVV Lara
Según la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Yacambú, se trata de una victimización extendida que les afecta en su bienestar emocional y psicológico, y además, limita sus oportunidades de desarrollo económico, personal y social, reforzando ciclos de violencia y desamparo.
Varias organizaciones de derechos humanos han documentado el aumento de detenciones arbitrarias, persecución y restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. La situación se agrava con la censura y autocensura en medios de comunicación y la intimidación a activistas y dirigentes políticos.
Esas mismas organizaciones han asegurado que este clima limita la participación ciudadana y socava los principios del Estado de derecho, dejando al descubierto la vulnerabilidad de los más pobres, sobre todo, las mujeres y los niños que acarrean parte de la carga de la represión en contra de sus familiares, víctimas de la violencia.
Entre los meses de agosto y septiembre circularon videos en diversas plataformas digitales que generaron conmoción entre la comunidad, ya que evidencian una forma de violencia secundaria a la que son sometidos los familiares de los privados de libertad tras las protestas políticas. En el estado Lara, resalta el relato de la madre de un joven de 14 años que fue detenido junto a su padre mientras se trasladaban en moto cerca de la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que fue incendiada durante unos disturbios en Carora, municipio Torres.
La madre del menor expresó que el hecho de que ambos se encontraran en las cercanías del incidente no es motivo suficiente para considerar al adolescente y a su padre como culpables de los actos violentos que tuvieron lugar el día 30 de julio.
Ese y otros casos han suscitado reacciones de organizaciones no gubernamentales que cuestionan la aplicación de la justicia y el debido proceso en situaciones de protestas por el descontento social. Grupos de derechos humanos han denunciado la detención de personas sin pruebas concretas, lo que constituye -según ellos- una violación de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución.
“En el registro de algunas onegés dedicadas a la defensa de los privados de libertad, está el testimonio de que son las mujeres las que asumen la responsabilidad de defensa y cuidado de sus familiares detenidos. Son ellas las que enfrentan obstáculos como las prácticas extorsivas de algunos funcionarios, incrementando el sufrimiento de las víctimas y sus familiares, y afectando particularmente a aquellas personas de bajos recursos”, explica un informe del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara).
Víctimas secundarias
Para María José Parada, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Yacambú, las mujeres con familiares encarcelados enfrentan las consecuencias de la violencia estructural y los roles de género tradicional que les asignó la responsabilidad del cuidado familiar. Estas y otras causas las convierten en víctimas secundarias de un sistema injusto. “Se trata de una victimización extendida que les afecta en su bienestar emocional y psicológico, y además, limita sus oportunidades de desarrollo económico, personal y social, reforzando ciclos de violencia y desamparo”, explicó.
La docente universitaria indicó que las mujeres han asumido la carga de los gastos económicos y el cuidado de los hijos de familiares detenidos, a menudo sin el respaldo de organismos estatales o sociales. “Esta situación no solo recrudece un ciclo de vulnerabilidad, sino que también refleja las desigualdades estructurales en nuestra sociedad. Muchas de estas mujeres se convierten en víctimas de una violencia extendida, empeorada por la desesperación y el abandono que enfrentan en su día a día”, dijo la jurista.
A su juicio, es fundamental que se creen redes de apoyo para el cuidado de personas privadas de libertad y sus familiares. “Organizaciones de este tipo hay en otros países, y, si se replican en Venezuela, podrían ofrecer no solo apoyo emocional, sino también asistencia económica, legal y profesional. La colaboración entre organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios puede ser clave para fortalecer este tipo de redes, asegurando que las mujeres reciban la ayuda necesaria para afrontar su situación”, aseveró la profesional del derecho.
Destacó Parada que la situación en Venezuela refleja la falta de respeto por el Estado de derecho, lo que ha sumido a gran parte de la población en una situación de indefensión. “La ausencia de garantías jurídicas y la sistemática violación de derechos humanos han generado un clima de miedo y desconfianza en las instituciones entre los ciudadanos. La impunidad prevalece en un contexto donde se debería salvaguardar el bienestar y seguridad de la sociedad. Este panorama socava la dignidad humana y limita las oportunidades de desarrollo y justicia, exacerbando la crisis social y económica que enfrenta el país”, puntualizó.