Además de sus riquezas minerales y naturales, la violencia imperante es uno de los elementos que ha impulsado la visibilización del estado Bolívar. Hasta ahora, cientos de muertes producto de masacres, desapariciones u otros crímenes dantescos son referidos con frecuencia a través de diversos portales informativos, tanto regionales como nacionales.
Y aunque, con lo misma recurrencia, suelen señalarse a bandas y grupos delictivos como victimarios principales; así como hombres en general, víctimas habituales; los medios de comunicación alertan sobre la escalada de violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes de la región, con el agravante de ser infringida por miembros de su núcleo familiar o entorno más cercano.
Pudiese pensarse que un marco jurídico especialísimo soportado en su interés superior y en la corresponsabilidad que involucra a Estado, familia y sociedad en el cuidado para su mejor desarrollo, sería suficiente para garantizar el amparo y protección de la infancia. No obstante, lo que se avizora es un grupo poblacional que día a día se vuelve especialmente vulnerable.
Si bien este tipo de situaciones ocurren desde siempre y en todas las sociedades, en un país sumergido en una Emergencia Humanitaria Compleja, aunado al decreto de Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, se exacerban las condiciones que conllevan a este tipo de afectaciones.
Corresponde mirar hacia todos esos hogares con niños dejados atrás o al cuidado de terceros mientras sus padres se van a pueblos mineros u otros países en búsqueda de mejoras económicas. Pasa, por un país con un sistema escolar público incosteable pues, lo devengado por las familias no resulta suficiente para adquirir ni útiles escolares ni uniformes. Se vive en mercados y avenidas donde resulta plausible ver a niños y adolescentes limpiando vidrios o pidiendo para comer. Se siente, en las lágrimas de víctimas de explotación o abuso sexual.
Durante el primer trimestre de este año, se contabilizaron al menos 23 niños huérfanos producto del femicidio de sus madres; de acuerdo a lo narrado por la prensa tres de estos presenciaron los hechos violentos. De igual manera, con base en el monitoreo de prensa para el mismo periodo, 20 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual.
Trascendieron dos denuncias que conmocionaron a la opinión pública de Ciudad Guayana, municipio Caroní: Un instructor de ciclismo de la escuela de ciclismo MTB Kids fue acusado de perpetrar actos lascivos contra dos adolescentes de 14 años. De acuerdo con lo denunciado por familiares, les enviaba mensajes con insinuaciones sexuales vía WhatsApp.
Aunque el agresor resultó detenido, a los pocos días fue puesto en libertad bajo régimen de presentación cada 30 días. En ese orden de ideas, las denuncias giran en torno a la ausencia de mecanismos confiables para obtener justicia. Es por eso que víctimas y sobrevivientes terminan acudiendo a medios de comunicación y redes sociales para labrar, por cuenta propia, su camino a la justicia que, en ocasiones, no culminan con el encarcelamiento de los agresores.
Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) es reiterado el llamado al Estado para que adopte políticas de tutela efectiva, no obstante, más allá de vacíos, durante su participación los órganos de administración de justicia -en ocasiones- incurren en violaciones que trascienden la revictimización, como por ejemplo la exposición e imputación publica hecha por la Fiscalía General de la República a un adolescente que tras ser difundido un video en el que agredía a un compañero fue denunciado por bullying.
Insistimos en la educación como instrumento para acercarnos a la posibilidad cierta de la verdad, tomar decisiones y emprender acciones con conocimiento de sus implicaciones.
Equipo de OVV Bolívar