El Informe anual 2021 del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Amazonas (OVVA), reportó una tasa de muertes violentas de 29,7 víctimas por cada cien mil habitantes, por debajo de la tasa nacional, ubicada en 40.9 pero aún tan elevada como para colocar a la entidad en el puesto número 13 entre todas las del país y sensibilizar a la sociedad regional en torno al fenómeno de la violencia.
El mayor peso en la tasa general proyectada por el OVV, recayó en las categorías de: muertes por averiguación con 11.3 y desapariciones con 10.7; mientras que las categorías de homicidios y muertes por resistencia a la autoridad se determinaron con tasas de 5.9 y 1.8 respectivamente. Sólo la tasa de desapariciones superó la cifra nacional que para esa categoría se ubicó en 6.0; para las restantes tres categorías, las tasas estadales fueron significativamente menores que las nacionales.
Hasta el año 2020, las desapariciones estuvieron incluidas en la categoría de muertes en averiguación; sin embargo, en virtud del peso relativo que adquirían, en el marco de un contexto socio económico y político cada vez más complejo, el Observatorio Venezolano de Violencia consideró pertinente darle a las desapariciones un tratamiento particular y específico en el análisis del fenómeno de la violencia y de su evolución en el país.
Por otro lado, si bien la violencia autoinflingida escapa al objetivo central de estudio del OVV, que se ubica en la violencia interpersonal, su ocurrencia si es registrada por los observatorios de prensa de cada entidad federal y alimenta la base de datos de la organización matriz. En este sentido, más que el número de víctimas, llaman la atención sus características etarias y culturales.
Tanto las desapariciones como la violencia autoinflingida ocurridas el pasado año en el estado Amazonas, constituyen elementos de especial interés y significado para la sociedad amazonense, por su magnitud, cualidades de las víctimas y presunción de autoría (en el caso de las desapariciones).
Reflexiones Generales
Las desapariciones forzadas de personas, han sido muy probablemente una práctica presente a través de la historia en cualquier región del planeta; constituyen un tema ampliamente tratado en la bibliografía especializada, cuya raíz está vinculada al poder en cualquiera de sus formas.
Como categoría de estudio de las ciencias sociales en América Latina, se suele remitir su visibilización a los años 60 y 70 del siglo pasado, particularmente en los países del sur del continente, gobernados por militares que accedieron al poder por la fuerza y que las utilizaron como herramienta de represión política, aunque también, con menor énfasis y magnitud, vienen siendo reportadas como prácticas de gobiernos “democráticos” en la historia reciente.
La evolución de las sociedades nacionales, condicionada por realidades sociales, económicas y políticas concretas, ha permitido que el fenómeno de las desapariciones amplíe el espectro de la responsabilidad de su autoría, desde la inicial hegemonía político – militar, hasta otros actores sociales, como los gobiernos electos y especialmente de la llamada delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilegales de gran impacto económico como el secuestro y la minería aurífera. En todo caso, siempre vinculadas al poder en su sentido amplio.
Las desapariciones forzadas conllevan efectos negativos múltiples para las familias y comunidades próximas a las víctimas y, en la medida en que se hacen más frecuentes y visibles impactan a sociedades enteras, sea quien sea el victimario, transmitiendo sentimientos asociados al temor, que pueden llevar a la paralización de la sociedad en la exigencia del cumplimiento de sus derechos.
Esta forma de represión, en ocasiones trasciende a los individuos y alcanza a amplias porciones de la sociedad, segregándolas y excluyéndolas del acceso a bienes y servicios esenciales, lo que podría entenderse como una forma de desaparición social, que suele afectar a los más pobres.
En referencia a la violencia autoinflingida y en concreto a su expresión más dramática: el suicidio, se observa, en particular en latino américa, una tendencia al crecimiento en el número de víctimas, probablemente asociada a la prolongada crisis socio económica, enmarcada en el paradigma del éxito individual a cualquier costo, que parece identificar al actual modelo civilizatorio.
El suicidio, cualquiera sea la causa que lo motive, también suele producir efectos negativos en la familia y el entorno de las víctimas, especialmente cuando estas son niños y adolescentes. En contextos culturales específicos, estos eventos pudieran potenciar su impacto, cuestionando la vigencia de valores arraigados ancestralmente.
Las reflexiones generales anteriores nos permiten abordar el significado de ambas categorías en el contexto del estado Amazonas.
Desapariciones en el contexto de la minería y suicidios de niños, niñas y adolescentes en el estado Amazonas
El estado Amazonas presenta entre sus características, una mayoritaria población indígena, distribuida en 19 pueblos, cada uno de ellos con sus particularidades culturales; algunos más numerosos y otros con tamaños poblacionales que comprometen su existencia futura; entre los primeros destacan los Yanomamis, los Uottuja, los Jiwis y los Yekuana, con poblaciones que van desde los cuatro mil individuos hasta alrededor de 12.000 en el caso de los Yanomamis.
En cada pueblo indígena y, al interior de ellos encontramos distintos niveles de vinculación con la población no indígena y consecuentemente diversos grados de aculturación, que se expresan en la adopción de valores no tradicionales y en la participación en actividades socio económicas características del mundo no indígena, incluyendo algunas enmarcadas en la ilegalidad. En ese contexto, los indígenas suelen ser el eslabón más vulnerable; sin embargo, los efectos de la crisis multidimensional, amplia la condición de vulnerabilidad a la población no indígena.
Para el objetivo de este escrito planteamos la coexistencia de tres escenarios favorables para el aumento del número de eventos calificados como desapariciones.
Un primer escenario muestra que cada día hay más indígenas practicando la minería aurífera y el tráfico de combustible y otros bienes, colocándolos así en ambientes caracterizados por la violencia interpersonal y la precariedad de las condiciones de vida.
Por otra parte, los indígenas que ocupan porciones del territorio donde se han instalado los intereses mineros y que se resisten a participar o ceder esos espacios, también se ven involucrados de manera no voluntaria, a situaciones de riesgo no convencionales desde su perspectiva cultural.
Por último, aunque no excluye otras posibilidades, en el marco de la profunda crisis económica, los y las jóvenes habitantes de los espacios urbanos, indígenas o no, se ven atraídos por la actividad minera o por otras actividades ilícitas, exponiéndose a realidades que los hacen susceptibles a convertirse en víctimas o victimarios.
Al introducir en el análisis, el hecho de que la actividad minera viene siendo controlada por grupos armados irregulares de origen extranjero, como ha venido siendo denunciado reiteradamente por distintas organizaciones de la sociedad civil y las propias organizaciones indígenas, incorpora un elemento más para la alarma social, en tanto las desapariciones en esos contextos resultan ser eventos frecuentes, tal como lo reportan documentos de seriedad no cuestionable.
Los argumentos anteriores procuran mostrar un marco de referencia que permita entender la magnitud de la tasa de desapariciones reportada por el observatorio y asomarnos a la complejidad de sus consecuencias futuras.
Si bien las desapariciones forzadas no son ajenas a la historia del mundo indígena de Amazonas, por ejemplo, durante los periodos de extracción de caucho silvestre y otros productos de la selva que se extendieron hasta la cuarta década del siglo pasado, en la región se vivió un largo periodo de paz, hasta la expansión de la minería de oro en la década de los años 90 y especialmente en los últimos años, cuando las desapariciones retornaron al espacio de la denuncia y sobre todo de la conversación informal.
La proyección estimada por el OVV hasta septiembre de 2021, arroja la ocurrencia de 18 desapariciones y aun cuando no contamos con información suficiente para caracterizar con precisión a las víctimas, la que está disponible permite inferir que la mayoría son jóvenes, procedentes de los tres escenarios planteados y que los eventos están vinculados mayoritariamente a la minería. Lo anterior se basa en las denuncias conocidas a través de los medios de comunicación y del conocimiento directo de algunos casos, que no son formalmente denunciados.
El rol de los grupos armados irregulares, parece inscribirse en el ámbito de los victimarios, al establecer las reglas de comportamiento y las sanciones por su incumplimiento en esos espacios.
Aun cuando pensamos que lo descrito no agota la causalidad de las desapariciones ocurridas en el estado Amazonas, también creemos que, de no producirse una intervención oficial efectiva en los territorios mineros, es posible que esta categoría de violencia se agudice en los próximos años.
Con respecto a la violencia auto inflingida en niños, niñas y adolescentes, queremos abordar los casos registrados de violencia autoinflingida causante de muerte, que involucran a niños y niñas indígenas, en tanto no parece ser este un evento que pudiéramos catalogar como “normal” en el panorama histórico de la violencia y, si un efecto de las circunstancias que rigen en la actualidad el contexto social, económico y cultural de la entidad.
Aun cuando no existen estadísticas oficiales, referidas a esta realidad concreta, que permitan establecer comparaciones, no parece haber antecedentes de la magnitud y características reportadas en 2021, según las fuentes consultadas por el observatorio de prensa y la experiencia personal.
EL OVV Amazonas registro seis casos de suicidios de niños, niñas y el de una joven de 22 años en los últimos días de diciembre. De ellos, cuatro se corresponden a varones, entre 12 y 15 años y, los dos restantes a una niña de 12 años y la joven de 22; en los casos de los niños, los eventos ocurrieron en comunidades indígenas de distintos pueblos: Yekuana, Jiwi y Baniva, mientras que en el caso de la niña de ascendencia Jiwi y la joven de origen Baniva, los sucesos se produjeron en barrios de la capital Puerto Ayacucho.
El suicidio tiene una base multifactorial, ya que se presenta como una solución permanente ante un intenso dolor emocional, mental y/o físico; puede ser el resultado de un acto impulsivo repentino o de una planificación cuidadosa, Los niños y adolescentes victimas el pasado año, fueron identificados por las fuentes con conductas de depresión y rebeldía como consecuencia de estar reprimidos en casa, todo ello asociado a los cambios de rutinas, generados por el confinamiento del Covid-19, otro factor de riesgo.
De acuerdo a las fuentes consultadas por el observatorio de prensa del OVV Amazonas, ninguno de los casos fue sometido a investigación judicial, por lo que las motivaciones no pudieron ser precisadas formalmente; sin embargo, de la información obtenida, se pudo inferir que tres de los sucesos fueron producto de relaciones intrafamiliares aparentemente mal gestionadas y uno obedeció a motivos pasionales.
Nuestra preocupación se circunscribe ante un fenómeno que no parece obedecer a pautas culturales tradicionales entre los pueblos indígenas. De la información obtenida se pudo conocer que la depresión, la falta de comunicación, las discusiones con sus progenitores y el entorno de hogares disfuncionales resultaron detonantes de los casos reportados.
La exploración efectuada entre las fuentes de información, muestran que atención psicológica a este grupo de edad es infrecuente y, cuando se hace, probablemente no se estén evaluando elementos que reflejan el cambio cultural, que todos los pueblos indígenas están experimentando en el marco de la emergencia humanitaria; por ejemplo, aquellos que se derivan de la migración a contextos urbanos desde las comunidades, o los vinculados a nuevas formas de gestión económica.
De lo anterior parece evidenciarse que la violencia estructural y multidimensional, que afecta a la mayoría de la población, tiene como víctimas más sensibles a los niños, niñas y adolescentes, con particular significación en los NNA indígenas.
Por último, puede afirmarse que el sector publico regional ha perdido capacidades para la atención de las necesidades básicas de la sociedad, especialmente en materia de salud y particularmente en los servicios de salud mental, dejando expuestos a los niños, niñas y jóvenes a mayores posibilidades de convertirse en víctimas de los fenómenos de violencia considerados, lo que debería estimular tanto la respuesta institucional como la exigencia de la sociedad en torno a la correcta materialización de sus derechos.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas)