El Nacional
Por Natalia Matamoros
Martes 10 de mayo de 2016
Los delincuentes ahora se dedican a controlar la extracción ilícita de oro porque les resulta más lucrativo.
La muerte de Jamilton Andrés Ulloa, alias el Topo, no implica el fin de los grupos armados que tienen el control de la extracción ilícita de oro en el estado Bolívar.
Allí al menos otros ocho pranes continúan con el negocio ilícito. De acuerdo con fuentes policiales, estos delincuentes se dedicaban anteriormente a otros delitos en Guayana, como el secuestro y homicidio, pero se emplearon en controlar la extracción ilícita de oro y a cobrarles vacuna a sus cobradores y comerciantes, debido a que este negocio les resulta más lucrativo.
En Tumeremo, en el sur de la entidad, aún queda la banda del Gordo, enemiga de la organización del Topo. Sus integrantes residen en el barrio Caratica y lideran otras cuatro minas de esa población. El pueblo de Las Claritas está bajo el dominio del Negro Juancho, quien impone toques de queda y extorsiona a los comerciantes de esa región. Con ese dinero hace obras sociales: arregla las patrullas de los cuerpos de seguridad y repara los ambulatorios.
En Guasipati todavía opera la organización del Husli. Su líder murió, pero sus familiares quedaron a la cabeza de la banda y controlan las minas de Cicapra, Campanero y Florinda. También el Capitán domina otros campamentos mineros en esa zona. El Gordo Bayón, dirigente sindical, que fue asesinado en Caracas a la salida de una reunión en el Palacio de Miraflores, controlaba dos minas en esa población.
Mientras que en El Callao operan el Toto y la organización del Chingo. Este último está detenido; sin embargo, dirige a la organización desde la cárcel. Fausto, el Ciego y el Sapito lideran la explotación ilícita en las minas de El Dorado, El Manteco y La Paragua, respectivamente.
Amenazado.
El diputado de la AN Américo de Grazia señaló que la orden del presidente Nicolás Maduro quien giró instrucciones para que lo investiguen sobre su presunta vinculación en la masacre de Tumeremo es una retaliación por el informe que hizo sobre cómo operan estos pranes en Bolívar. Afirmó que la masacre del 4 de marzo, en la que murieron 28 mineros, “fue premeditada y se trata de un crimen de Estado”. Denunció que el diputado del PSUV, Aldrin Torres, se había reunido con el Topo días antes de lo ocurrido en Tumeremo.
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