El estado Sucre, arraigado en las condiciones naturales de sus poblaciones pesqueras -como Araya y Chacopata en el municipio Cruz Salmerón Acosta, y Río Caribe en el municipio Arismendi- o agrícolas -en Cariaco, municipio Ribero; Cumanacoa en el municipio Montes y Casanay en Andrés Eloy Blanco-, se han caracterizado por sus producciones autóctonas, vinculadas a sus particularidades territoriales que, durante mucho tiempo, estuvieron alejadas de la ilegalidad y la violencia criminal.
Lamentablemente, en los últimos años se ha modificado esta realidad pacífica y fraternal, como consecuencia de no haberse ejecutado políticas públicas apropiadas para ejercer vigilancia y resguardo activo de la población, a fin de garantizar calidad de vida, tranquilidad y seguridad.
Estos factores, sumados a los deficientes mecanismos de protección general de las comunidades costeras y agrícolas, han propiciado la conformación de territorios factibles para la realización de actividades delictivas. Otro elemento a considerar es la condición costera fronteriza, que permite conexión con el Mar Caribe. Dicha posición es aprovechada por las organizaciones delincuenciales para la realización de operaciones de traslado de mercancías ilegales como drogas, oro y hasta tráfico de personas. En ese sentido, el narcotráfico usa como puente estratégico su conexión a las islas del Caribe, para luego trasladar su mercancía hacia los más cotizados mercados internacionales, como Estados Unidos y Europa.
La falta de vigilancia operativa y preventiva en las distintas poblaciones de Sucre, afecta de forma particular la península de Paria, por su condición costera fronteriza y de libre acceso al Mar Caribe, pues constituye un territorio apropiado para la realización de actividades propias de la delincuencia y el narcotráfico, organizaciones que desde hace mas de tres décadas ejecutan sus acciones y, por consiguiente, tienen un marcado dominio de la región oriental. Además, tienen como mecanismo de estructuración de este dominio, la conformación operativa de bandas criminales provenientes del centro del país, como es el caso del tren de Aragua y otras del sur del estado Bolívar, integradas por delincuentes de la zona minera que huyen de la justicia e instalan centros de operaciones en la entidad sucrense, sin dejar de lado las posibles alianzas que han concretado con delincuentes nativos de eje Pariano. Esta sumatoria constituye un grupo delincuencial organizado, el cual, de manera estratégica-operativa, ha logrado vandalizar la mayoría de las poblaciones de ubicación costera, como Güiria en el municipio Valdez, Irapa en Mariño, San Juan de Unare, San Juan de las Galdonas en Arismendi y Yaguaraparo en el municipio Cajigal. También tenemos poblaciones de condiciones agrícolas como Cariaco, Casanay, Cumanacoa, Muelle de Cariaco y Santa Fe, en las cuales se han constituido bandas delincuenciales que dominan sus espacios naturales e, incluso, el tránsito por sus carreteras.
La variedad y cantidad de sucesos violentos que se generan en estas poblaciones costeras y agrícolas ha propiciado la conformación de una triangulación criminal, en las que se generan sucesos violentos importantes, los cuales son registrados en los reportes del Observatorio de Venezolano de Violencia (OVV) en el estado Sucre, y a partir de los cuales hemos señalado, en foros y presentaciones, nuestra preocupación por esta situación.
Esta triangulación delictiva criminal tiene como ubicación referencial gran parte de las poblaciones ubicadas en las carreteras nacionales como la Troncal 9, que va desde Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui hasta Güiria en el municipio Valdez, y la Troncal 10, que viene desde Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar, atraviesa Monagas y llega a Sucre, para unirse a la Troncal 9 en la población de Cariaco, donde se reorienta su circulación hasta la población de Güiria – en el extremo este de la entidad sucrense-, espacio controlado por la acción delincuencial para ejecutar robos, extorsiones, saqueos, homicidios. Además, se genera la modalidad donde la delincuencia pone la pauta en la permisibilidad de la población para realizar sus desplazamientos marítimos y terrestres para el desarrollo comercial, según la decisión y discrecionalidad de los cabecillas de las organizaciones delictivas.
La posesión territorial costera fronteriza es rivalizada según el interés de las bandas delictivas para controlar los espacios operativos más estratégicos, lo que genera una constante lucha entre ellos para mantener sus espacios o para apropiarse de otros, siempre en procura de fortalecer su acción delincuencial terrestre y marítima. Esta situación genera constantes enfrentamientos armados de alto nivel y asesinatos, algunos de los cuales no son registrados de manera oficial en las morgues de los principales centros asistenciales de la entidad. Estas bandas cuentan con armas modernas y de largo alcance, superiores a las de los cuerpos de seguridad, además de equipos de comunicación como radios y teléfonos satelitales, que facilitan sus acciones por encima de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.
Vale destacar que la ocupación territorial de estas poblaciones tiene como eje de control la direccionalidad de los cabecillas de las organizaciones delictivas que, en algunos casos, decretan toques de queda para que la población no salga de sus casas después de las 7:00 de la noche. Situaciones como ésta han generado miedo en el pescador, que ha abandonado su faena para no perder su producción y hasta la vida en altamar. Igualmente, el agricultor ha abandonado el campo porque le roban su producción, el comerciante cierra su negocio para no ser víctima de extorsión o robo y la población siente que ha perdido su espacio de tranquilidad, vida autóctona y, por tanto, su territorialidad.
Esta situación ha generado el desplazamiento de los sucrenses de las poblaciones con mayor presencia delictiva violenta, como las parroquias San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas en el municipio Arismendi, hacia otras comunidades menos violentas.
Sobre la base de estas descripciones, la ocupación delincuencial desplaza la territorialidad de la población hacia otras jurisdicciones del estado Sucre y observamos con preocupación que se ha generado la pérdida de la seguridad y tranquilidad, en la forma de vida de la población.
Jesús Subero
Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre)