Prensa OVV Bolívar
La madrugada del 22 de diciembre de 2019, las instalaciones del Batallón 513 Mariano Montilla ubicado en Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, fueron tomadas por un grupo de pemones armados, liderados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De acuerdo con la información oficial, en la incursión sustrajeron 112 fusiles AK-103, municiones y tomaron como rehén a su comandante.
Posteriormente, en San Francisco de Yuruaní, asaltaron el puesto de la Policía del estado logrando hacerse de 9 pistolas 9 milímetros y 5 escopetas. En su recorrido, el grupo se encontró con un punto de control militar en donde se originó un enfrentamiento con funcionarios de la D623. Darwin Malagüera, ex miembro de la GNB, resultó herido y lo detuvieron. Un soldado resultó muerto, se recuperaron 82 fusiles AK-103, 60 granadas y 6 cajas de municiones.
Luego de las declaraciones del ex alcalde de Gran Sabana, en las que afirmaba que los sucesos del Batallón 513 Mariano Montilla se produjeron con el apoyo de 30 indígenas reservistas del Ejército, entre los días 22 y 30 de diciembre de 2019 se iniciaron operativos de captura en los que 13 indígenas de la comunidad Pemón, pertenecientes a la localidad de Kumarakapay, fueron detenidos.
La ONG Foro Penal indicó que los pemones fueron víctimas de desaparición forzada hasta el momento de su presentación ante tribunales y algunos de ellos, presuntamente, fueron torturados y aislados en varias ocasiones. Tras su presentación fueron imputados por los delitos de asociación para delinquir, conspiración contra la forma política, terrorismo y sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo. Inicialmente, se dictó medida privativa de libertad a ser cumplida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta. Sin embargo, el 12 de mayo de 2020 fueron trasladados a la cárcel del Rodeo II, sin notificación al tribunal.
A finales de diciembre de 2020, el juicio y las audiencias preliminares fueron objeto de diferimiento en varias oportunidades. En un comunicado publicado el 28 de diciembre, la comunidad pemona solicitó el cumplimiento de la orden judicial dictada por el tribunal cuarto de primera instancia en funciones de control, en la cual se ordenó, el 21 de noviembre, el traslado inmediato de Franco -uno de los detenidos- a un centro de salud. El pemón estaba enfermo, desde hacía 6 meses, luego de su traslado hasta El Rodeo II.
A pesar de todos los esfuerzos, Salvador Franco falleció el 3 de enero de 2021, a causa de un edema cerebral, shock séptico y otras reacciones producto de una tuberculosis no tratada, además de un cuadro de desnutrición que padecía desde hacía meses.
Tras su muerte, organizaciones no gubernamentales como Kapé Kapé y el Observatorio Nacional de Derechos Humanos exigieron el traslado del resto de los integrantes de la comunidad pemona, recluidos en El Rodeo II, a un centro cercano a su comunidad, además de condiciones mínimas como la atención médica. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Venezuela a “iniciar una investigación por estos hechos, con un enfoque interseccional por motivo de pertenencia al pueblo Pemón, y reitera que el Estado, como garante, tiene el deber de proteger los DD.HH. de todas las personas bajo su custodia”.
Luego de varios meses detenidos, el sábado 13 de febrero de 2021, los 12 pemones recluidos fueron excarcelados, bajo medidas cautelares.
Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) notamos con preocupación cómo durante todo este proceso fueron inobservados los principios del debido proceso y tutela judicial efectiva, además de lo estipulado específicamente como derechos fundamentales para los Pueblos y Comunidades Indígenas en nuestra Carta Magna.
En ese sentido, el llamado es a los entes del Estado a fin de que acaten y garanticen los protocolos y normativas existentes, y que poseen rango supraconstitucional, a fin de evitar que situaciones lamentables cómo estas ocurran en lo sucesivo.