Prensa OVV Guárico
La extorsión ha sido una práctica empleada por grupos criminales en al menos 7 de los 15 municipios del estado Guárico. Infante, concentró la mayor parte de los procedimientos, seguido por Roscio, Ribas, Miranda, Mellado, Zaraza y El Socorro.
La extorsión entendida como la “presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”, es una práctica empleada por grupos criminales en al menos 7 de los 15 municipios del estado Guárico.
Durante los primeros cinco meses del año, fueron conocidas a partir de las reseñas periodísticas en medios locales, 16 operaciones de inteligencia realizadas por las fuerzas de seguridad gubernamentales, que resultaron en la captura de 37 individuos: 26 hombres y 11 mujeres.
De los 7 municipios identificados, Infante, concentró la mayor parte de los procedimientos con seis operativos, seguido por Roscio con cuatro, Ribas con dos y una operación en cada uno de los municipios: Miranda, Mellado, Zaraza y El Socorro.
La mayoría de estas operaciones, fueron llevadas a cabo por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), aunque también fue mencionada en algunos casos la participación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Comando contra Hurto y Robo de Vehículos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía del estado Guárico (Poliguárico).
Uno de los casos que contó con más eco, ocurrió en enero, en el municipio Roscio, donde el CICPC capturó a tres individuos que extorsionaban al menos a cinco comerciantes de la capital del estado, exigiéndoles altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus familiares. Las extorsiones adquirieron notoriedad pública a raíz de la difusión en redes sociales de vídeos que mostraban a los antisociales efectuando disparos contra las residencias de las víctimas.
Otro de los procedimientos referidos, fue dirigido el pasado marzo, por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), dando como resultado la detención de cinco hombres y una mujer, y la recuperación de más de 100 reses, producto de presuntas prácticas extorsivas que eran mantenidas en una finca ubicada en el municipio Ribas.
En el municipio Zaraza, un hombre que presuntamente exigía a sus víctimas 12 mil dólares norteamericanos a cambio de no atentar contra miembros de su núcleo familiar, fue capturado en una operación encubierta autorizada por el Tribunal primero de control.
Recientemente, en mayo, la prensa local reseñó que, en otra operación encubierta, funcionarios del Conas, detuvieron a un hombre señalado de extorsionar a sus víctimas solicitando 10 mil dólares norteamericanos, a cambio de no hacerle daño a los integrantes de su núcleo familiar, en Tucupido, municipio Ribas.
Por su parte, el gobernador del estado Guárico, José Vásquez, informó en enero de 2024 a través de Unión Radio que el delito de extorsión disminuyó un 50% en 2023. Vásquez destacó que 93 sujetos fueron procesados por extorsión durante 2023. “Hemos incautado 64 armas de fuego, 14 explosivos y 49 extorsiones frustradas”, explicó el mandatario regional. Sin embargo, la persistencia de este delito y el alto subregistro sugieren que la extorsión sigue siendo un problema significativo en la región.
Las amenazas acompañadas de información personal detallada de los grupos familiares, fotos y videos de sus residencias y negocios, suelen persuadir a una elevada proporción de las víctimas a no efectuar las denuncias correspondientes, por lo que el subregistro de la victimización asociada a este delito es considerable.
El equipo del OVV Guárico, finalizó resaltando la importancia de diseñar estrategias dirigidas a minimizar el subregistro de las extorsiones, señalado en numerosas investigaciones como uno de los principales obstáculos que enfrentan las autoridades en su intento por combatir y castigar a los perpetradores. Los estudios también coinciden al insistir como pasos esenciales en la lucha contra este flagelo; la necesidad de evaluar la idoneidad de las respuestas de las autoridades ante las denuncias, así como la incorporación de espacios y mecanismos que ofrezcan protección y seguridad a las víctimas que, si se atreven a denunciar.