Prensa OVV Bolívar
El estado Bolívar superó en letalidad policial a 15 entidades del país, pues para el 2021 obtuvo una tasa de 8,0 muertes por intervención policial por cada 100 mil habitantes (100 m/h). Estos datos forman parte del Informe Anual de Violencia elaborado por el Observatorio venezolano de Violencia (OVV).
De acuerdo a ese mismo informe, los estados Bolívar y Delta Amacuro encabezaron, durante 2021, la lista de entidades con mayor tasa de muertes en averiguación y, en paralelo, hubo menos muertes a manos de cuerpos de seguridad.
Sin embargo, en lo que va de 2022, el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) ha contabilizado, a través de las reseñas de prensa, 17 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Los victimarios mayoritarios son funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En cuanto a las víctimas, cuyas muertes están en averiguación, forman parte de un patrón que no se le puede descartar ni separar de las ejecuciones, por presunta resistencia a la autoridad.
Recientemente, por ejemplo, tres mineros fueron ejecutados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante un presunto enfrentamiento armado en la mina El Cumi, en el municipio Piar, sur de Bolívar.
De acuerdo a las reseñas de prensa, cada víctima tenía un disparo en la parte derecha del pecho. Las razones del “enfrentamiento” se desconocen, y las muertes continúan en averiguación.
El actual secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar, califica estos ilícitos como “malas prácticas policiales”, y, asegura, que como parte del Plan Mano de Hierro, han sido arrestados cuatro funcionarios de la PEB, un funcionario del Servicio de Investigación Penal (Sipeb), el director general y el comisionado de la PEB y un funcionario de la Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva (Diep) en el municipio Caroní.
En opinión del equipo del OVV Bolívar, se valoran todas estas acciones pues se consideran el ápice necesario para iniciar la transformación y rescate de la moralidad y ética que deben tener como eje transversal las Instituciones de seguridad del Estado; para avanzar hacia un efectivo y real Estado de Derecho y Justicia Social.
Sin embargo -consideran- la práctica debe evidenciar que las autoridades deben impulsar aún más la depuración de sus fuerzas de seguridad. “Impera la necesidad de limpiar el perfil de los cuerpos de seguridad para que su actuación corresponda con el fin para el que fueron creados: servir y proteger a la nación y sus ciudadanos”.