El Nacional

25 de febrero de 2022

El Observatorio Venezolano de Violencia indicó que los tipos de delitos cometidos con mayor frecuencia contra este grupo de la sociedad fueron: homicidio intencional (349/31,3%), agresión (231/20,7%), violación sexual (202/10,1%), entre otros.

El Estado venezolano no protege de la violencia a los niños, niñas y adolescentes, reveló un informe nacional desarrollado por el Observatorio Venezolano de Violencia. La investigadora Olga Ávila señaló que encontraron que también hay una alta desatención a las familias que están en un estado de necesidad y pobreza, en medio de la crisis humanitaria del país.

Señaló que uno de esos casos es una adolescente huérfana de 16 años de edad en el estado Mérida. La menor está a cargo de su abuela, de 83, y se encuentra internada en un hospital con un cuadro de tuberculosis, desnutrición y depresión, reseñó Radio Fe y Alegría.

El Observatorio Venezolano de Violencia indicó que los tipos de delitos cometidos con mayor frecuencia contra los niños, niñas y adolescentes fueron: homicidio intencional (349/31,3%), agresión (231/20,7%), violación sexual (202/10,1%), entre otros.

Señaló que las entrevistas del estudio Mortalidad y otras formas de violencia contra la niñez y la juventud, que recoge casos de vulneración de derechos y violencia estructural, documenta hambre y muerte por falta de dotación de hospitales públicos. El sistema, afirmó, genera privaciones, desigualdad y vulneración de derechos y el Estado se ausenta incumpliendo sus obligaciones.

El observatorio aclaró que no existen registros públicos para el monitoreo de las situaciones de violencia y vulneración de derechos. Y recordó que el Estado omite su deber de garantizar con prioridad absoluta la protección inmediata e integral de la población y en especial de estos grupos sociales.

La violencia estructural, explicó el OVV, es un estado de necesidad en el que las personas no tienen posibilidades de acceder a recursos. Además, el sistema económico o político impide o genera fuertes restricciones para el acceso a alimentos, medicinas e insumos que garantizan un nivel de vida adecuado.

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