Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)
La violencia se ha apoderado del país. La criminalidad que antes se concentraba en unos municipios, ahora abarca a casi todo el país. De acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, puede afirmarse con claridad que una epidemia de violencia se expande por el territorio nacional.
El empobrecimiento se agudiza y cambia las formas del delito, incorpora nuevos actores, hay un nuevo tipo de delincuente, no profesional: son las personas empujadas al delito por hambre. También cambian las formas del delito pues los delincuentes, los ladrones profesionales, ya no buscan dinero, sino que roban bienes y comida.
Surge con fuerza el delito en las zonas rurales, allí hay comida. La cadena agroalimentaria es la victima de las nuevas formas de delito y violencia: hay extorsión de los productores y distribuidores de alimentos, pero también hay depredación, se asalta las fincas, y se roba el ganado o las cosechas, y se delinque con saña mostrando conductas primitivas, a veces por hambre, y en otras por acuerdos y negocios de la delincuencia organizada.
Las acciones extrajudiciales de la policía marcan un incremento de la letalidad de la acción policial. Las muertes de personas a manos de las autoridades policiales o militares bajo el argumento de que se resistieron a la autoridad aumentaron de una manera notable y preocupante, por la violencia en general que esto puede desencadenar y por el daño que esto causa a la institución policial.
El Observatorio Venezolano de Violencia
En este año 2018 nuestras fuentes de información se han ampliado y mejorado, y en la actualidad se analiza y procesa información en ocho estados con grupos de investigación de ocho universidades: en San Cristóbal con el Observatorio Social del Estado Táchira de la UCAT, en Cumaná con la Dirección de Cultura de la UDO, en Caracas con el Centro de Ciudades de la Gente de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UCV, en Barquisimeto con la Escuela de Desarrollo Humano de la UCLA; y en Ciudad Guayana con la Escuela de Derecho de la UCAB-Guayana. En tiempos recientes se han incorporado en Mérida un equipo de investigación del Instituto de Geografía, Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes; en Maracaibo se sumó el Centro de Investigación en Trabajo Social, de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y en 2018 en Maracay se ha integrado un nuevo equipo de investigación del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, sede Aragua de la Universidad de Carabobo, para ocuparse de la grave situación del estado Aragua.
Los resultados
La tasa pronosticada de 81,4 muertes violentas por cada cien mil habitantes para un total de 23.047 fallecidos, aunque extremadamente alta y muy lamentable, representa una leve reducción en relación al año anterior.
Venezuela, con una tasa de 81,4 continúa siendo el país más violento de América Latina, que de acuerdo a los pronósticos sobre los países más violentos de Centroamérica, duplicará la tasa esperada para Honduras este año (40 víctimas por 100 mil/h) y se ubicará por encima de la que tendrá El Salvador que se espera sea menor de 60 muertes por 100 mil/h.
En la composición de esta cifra encontramos: 10.422 homicidios, 7.523 cadáveres catalogados como fallecidos por resistencia a la autoridad y 5.102 casos de averiguaciones de muerte. Hay una disminución de las muertes violentas cometidas por los delincuentes y un incremento de las muertes violentas producto de la acción policial que son llamadas resistencia a la autoridad, pero que en una buena parte y con seguridad pueden ser clasificadas como ejecuciones extrajudiciales. En el 2018 cayeron 7.523 personas por la acción de los cuerpos policiales y militares, un incremento importante en relación al año anterior.
La cifra de muertes de averiguación es conservadora, si la comparamos con el resultado del estudio especial que mencionamos en la sección de metodología. Bajo el supuesto que la omisión verificada en las cinco parroquias durante el periodo de referencia del estudio mencionado es aplicable al país en el 2018, tendríamos un total de 7.357 muertes violentas no registradas en el mejor de los casos. Todo parece apuntar a que la cifra negra de homicidios es muy superior a la que hemos estimado en el pasado y en esta oportunidad. Sin embargo, hemos decidido conservar la misma metodología de los años anteriores para no alterar las comparaciones, y evitar cualquier duda o pretensión de manipulación de nuestra parte.
¿Cómo explicar la reducción?
1. Los efectos de la acción de exterminio policial: hay menos homicidas que cometen menos homicidios y las autoridades pueden argumentar que ese es un resultado de su acción. Ciertamente actuar con firmeza frente al delito es una demanda de la sociedad y ha sido un reclamo que por más de una década se ha hecho a los cuerpos de seguridad. Pero ser firme ante el delito no significa que quien es responsable del resguardo y protección de la ciudadanía asuma que la ley o el cargo le faculta para actuar con arbitrariedad, cometiendo graves delitos como ajusticiamientos, secuestros y abuso policial. Quien persigue el delito no puede hacerlo fuera de la ley, pues así no se garantiza justicia o legalidad sino que se debilita la institucionalidad, la sociedad se crea una imagen negativa de las fuerzas policiales y crece la violencia, incrementándose la mortalidad y el delito.
2. Un segundo elemento es la variación de las modalidades del delito: ante la escasez de efectivo y el empobrecimiento generalizado, muchas formas de delito se han vuelto poco rentables para los delincuentes. El delito funciona en una relación entre los beneficios que se pueden obtener por delinquir y los riesgos a los cuales se está sometido. Lo que por mucho tiempo fue una situación de alto beneficio y bajo costo, se han reducido los beneficios: los robos a bancos desaparecen porque no hay dinero efectivo para robar o los volúmenes que implicaría un botín substancioso son intransportables; los secuestros por su parte y por razones similares deben ser pagados en moneda extranjera y se reduce la población secuestrable. Los robos de vehículos disminuyen, pues hay menos vehículos en las calles, pues están parados por falta de repuestos o de la capacidad de sus dueños de financiar las necesarias reparaciones.
3. Un tercer componente es la emigración: en la fuerte emigración de venezolanos la gran mayoría son gente honesta que se ha visto obligada a buscar trabajo y un futuro mejor allende las fronteras, pero entre ellos han emigrado también muchos delincuentes. Unos porque no ven rentabilidad en sus acciones delictivas en Venezuela y deciden que es preferible por el mismo riesgo, obtener más beneficios en otros países; otros porque han visto una oportunidad de huir de los contextos violentos donde viven y tienen cuentas pendientes. Otros quizá buscando genuinamente poder rehacer su vida.
4. Un cuarto elemento son los cada vez más oscuros mecanismos de conteo y clasificación de las víctimas y del registro de muertes violentas en general: hay indicios sostenidos en el último año de un incremento en las dificultades de presentar denuncias o hacer averiguaciones para cualquier delito, y esto incluye los homicidios. Después de quince años de censura oficial hay evidencias que las cifras son cada vez menos transparentes.
Los resultados estadales
En todos los estados de la República la situación de violencia tiene condiciones de epidemia. El estado con menor tasa de muertes violentas, que es el estado Mérida, con una tasa de 24 por 100 mil/h, duplica el umbral establecido por la OMS para el nivel de epidemia; y el siguiente, que es Nueva Esparta, con una tasa de 30por 100 mil/h, triplica ese mismo umbral.
Las cinco entidades federales con mayor tasa de violencia en el año 2018 fueron: Aragua, con una tasa de 168 por 100 mil/h, permanece en el primer lugar como el estado más violento del país e incrementó su tasa en relación al año 2017. Le sigue Miranda, con una tasa de 124 por 100 mil/h. Luego Bolívar con 107 y Distrito Capital con 100 por 100 mil/h. Este año se incorporó a las cinco zonas más violentas el estado Sucre con una tasa de 97 por 100 mil/h.
Hay tres estados más cuyas tasas se encuentran por encima de la tasa nacional: Monagas, con 86 por 100 mil/h, y Guárico y Carabobo, cada una con 85 por 100 mil/h.
Es importante destacar que se ha dado un proceso de desplazamiento de la violencia hacia las zonas del interior del país, como las zonas centro-occidentales, que no se encontraban entre las más violentas del país, Barinas y Cojedes, todos con unas tasas de 74 por 100 mil/h, y Yaracuy Portuguesa, con una tasa de 70 por 100 mil/h.
El estado Amazonas, que en el año 2017 había aparecido entre los cinco estados más violentos, disminuyeron los casos reportados en el año 2018, y pasó a ocupar la posición 12, aunque con una tasa bastante elevada de 71 muertes violentas por 100 mil/h. El Delta Amacuro tuvo un leve incremento y pasó de una tasa de 69 por 100 mil/h en el 2017 a la tasa de 74 por 100 mil/h en el año 2018.
En cambio los dos estados fronterizos Zulia y Táchira, que habían sido históricamente más violentos, tuvieron en el año 2018 tasas menores y ocupan un rango inferior en la lista de los estados violentos: Zulia, con 63 por 100 mil/h, y Táchira, con 39 por 100 mil/h.
Un caso que llama la atención es el cambio de la situación de violencia entre los estados Táchira y Trujillo. Táchira había sido un estado violento y Trujillo había sido uno de los estados con menor violencia en el país, y para el año 2018 la situación se invierte y la tasa de muertes violentas en Trujillo (con 73 por 100 mil/h), casi duplica la del estado Táchira, que tuvo 39 muertes violentas por cada cien mil habitantes.
El estado Lara mantuvo estable su tasa de muertes violentas, sin prácticamente variación ni en la tasa (de 51 por 100 mil/h), ni en su posición como el número 20 en la lista de entidades federales.
Los resultados municipales
De 335 municipios que hay en el país en 296 la violencia está en niveles de epidemia, con tasas superiores a las 10 muertes violentas por 100m/h. El país está en una epidemia generalizada de violencia, que dejó de estar en las grandes ciudades y se extendió primero a las ciudades medianas y pequeñas y ahora alcanza a las zonas rurales. Hay 20 municipios con tasas superiores a las 200 muertes violentas por cada 100m/h, y 88 con tasas superiores a 100 muertes violentas por cada 100m/h.[1]
Los dos municipios más violentos del país se ubicaron en el estado Bolívar: el municipio más violento del país resultó ser El Callao, con una tasa de 620 homicidios por cada 100m/h, y el segundo fue el municipio Roscio, Guasipati, con una tasa de 458 muertes por 100 mil/h . Ambos municipios con una criminalidad vinculada a la actividad minera legal e ilegal, a los grupos armados y a la presencia de los llamados sindicatos, a los que se suma la actuación letal y violenta de los operativos policiales o militares en la zona
Le siguen en magnitud dos municipios del estado Aragua, el municipio Santos Michelena, con una tasa de 445 por 100 mil/h, donde se encuentra la población de las Tejerías y también la mina de níquel de Tiara. Y le sigue el municipio José Rafael Revenga, de la población de El Consejo. En ambos municipios las muertes ocasionadas por los delincuentes fueron similares a las víctimas que resultan de la actuación de los cuerpos policiales, anunciadas como muertes por resistencia a la autoridad.
En quinto lugar se ubicó en el estado Miranda y correspondió al municipio Acevedo, de la población de Caucagua, con una tasa de 341 fallecidos por cada 100m/h.
Y de manera muy sorprendente, los municipios que ocuparon los lugares sexto, séptimo y octavo de la clasificación, corresponden a tres municipios de la zona no montañosa del estado Trujillo. Los municipios Andrés Bello (316 por 100 mil/h) y Miranda (283 por 100 mil/h), los cuales están atravesados por la carretera Panamericana, y el tercero La Ceiba, con una tasa de 316 por 100 mil/h, que tiene acceso directo al Lago de Maracaibo por el puerto lacustre del mismo nombre.
De los 12 otros municipios que arrojaran tasas superiores a los 200 víctimas por 100 mil/h, cinco son del estado Miranda (Paz Castillo, Brion, Buroz, Andrés Bello y Páez), cuatro del estado Aragua (Urdaneta, Camatagua, Zamora y Francisco Linares Alcántara), dos de Sucre (Andrés Eloy Blanco y Valdez) y uno del estado Zulia (Santa Rita).
Situación de los estados de actividad del OVV
Aragua
El estado Aragua ha estado dominado en casi todo su territorio por la violencia delincuencial y la violencia policial. De los 18 municipios que conforman el estado, sólo uno tiene una tasa inferior a la nacional, el municipio Tovar (Colonia Tovar), todos lo demás tienen tasas muy altas, contándose seis con tasas superiores a las 200 víctimas por 100 mil/h y 16 con tasas superiores a los cien fallecidos por 100 mil/h por la violencia.
El Municipio con mayor incidencia criminal fue el Santos Michelena (Las Tejerías) que tuvo una de las tasas más altas del país (445 por 100 m/h). Este municipio está controlado por bandas delincuenciales que acechan y extorsionan la poca actividad industrial que permanece operativa y el comercio local, además se dedican a los robos en la Autopista Regional del Centro, y al control de la actividad minera en las Lomas del Níquel.
El segundo Municipio fue José Rafael Revenga en el cual se llevó a cabo durante todo el año enfrentamiento entre las bandas locales que buscaban el control del territorio para la extorsión y el robo de vehículos de pasajeros y carga, quienes generaron una ola de violencia en la zona, que culminó con la desaparición de sus líderes principales (Sayayin, el Libardo) por enfrentamientos entre ellos o por la acción policial, generando conflictos y reagrupamientos que llevaron a la conformación de una nueva banda, liderada por adolescentes entre 15 a 19 años, que muestran públicamente sus armas y sus acciones criminales y que se autodenominaron El Tren del Sur
En el sur del estado, los municipios Urdaneta (Barbacoas) y Camatagua está la presencia de las bandas que controlan el corredor que conecta los llanos con la zona central del país y que se han dedicado al abigeato o la extorsión de los productores ganaderos y de los vehículos de transporte de carne y alimentos. En esta zona hubo una fuerte acción policial, lo cual ha llevado a que, en municipios como Urdaneta, las victimas por resistencia a la autoridad fuesen cinco veces mayores que las víctimas ocasionadas por los delincuentes.
En el municipio Ezequiel Zamora, con una tasa de 220 muertes violentas por 100 mil/h, se encuentra la Penitenciaría de Tocorón y es un lugar de confluencia de carreteras que ha llevado a un amplio control territorial por las bandas vinculadas con los internos del penal. En poblaciones como Villa de Cura o Magdaleno, ejercen un control territorial severo los grupos vinculados al llamado Tren de Aragua.
Un caso distinto lo representa el municipio Francisco Linares Alcántara, que está integrado a la ciudad de Maracay y que es una zona de ingresos medios y bajos densamente poblada, siendo con 6.084 habitantes por kilómetro cuadrado el municipio de mayor densidad poblacional en el país en el censo del 2011 (Chacao tuvo 5.704 y Maracaibo 3.620). En este municipio las bandas criminales controlan los servicios, las vías de acceso y parecen mostrar mayor poder de fuego y sometimiento que el que ostentan los cuerpos de seguridad del Estado. Por lo cual las bandas delincuenciales llegan a substituir en sus funciones al propio gobierno. Con una tasa de 218 muertes violentas por 100 mil/h, completa el panorama de la diversidad del delito que ha hecho de Aragua el estado más violento del país.
Bolívar
En el estado Bolívar se presentan dos situaciones diferentes con la violencia. Una está vinculada a los municipios dedicados a la minería, los cuales tienen las más altas tasas de muertes violentas en el país: El Callao con una tasa de 620 muertes por 100 mil/h; Roscio (Guasipati), con una tasa de 458 muertes por 100 mil/h; y el Municipio Sifontes (Tumeremo), con 199 víctimas por 100 mil/h. En esta zona se suman las distintas formas de violencia y de ilegalidad: el control de las zonas por los llamados sindicatos y los pranes; la actuación violenta de los cuerpos militares en la zona y la presencia reciente de distintos grupos guerrilleros. A la actuación criminal de los grupos armados irregulares se suma una actuación de cuerpos policiales y militares como el FAES, con operativos y acciones violatorias de DDHH, lo que está evidenciando la ausencia del estado de derecho en todo ese territorio, y la privatización de la violencia, pues finalmente las funciones del Estado están siendo asumidas de manera arbitraria indistinta y privada por cualquiera de los grupos armados que allí actúan.
Una situación diferente lo representa la violencia que ocurre en las dos principales ciudades del estado, cuyos municipios tienen una tasa de muertes violentas superiores a la tasa nacional. En Ciudad Guayana, municipio Caroní, la tasa es de 97 muertes por100 mil/h y en Ciudad Bolívar, municipio Heres con una tasa de 86 víctimas por 100 mil/h. En este caso se trata de una situación similar a la que ocurre en el resto de ciudades importantes del país, el control territorial de las bandas dedicadas a los robos y secuestros, la aparición de los delitos por hambre, las ejecuciones extrajudiciales por los cuerpos de seguridad.
En el último año se ha acentuado la presencia de los grupos delincuenciales en las zonas rurales dedicadas a la ganadería y agricultura. Estas zonas, que históricamente se habían logrado mantener al margen de la violencia y el delito, se han visto sometidas tanto a la extorsión de los grupos criminales organizados, como a los hurtos y robos de las poblaciones aledañas o de los grupos delincuenciales locales.
Miranda
En el estado Miranda, de sus 21 municipios, 15 municipios tienen una tasa de muertes violentas superior a la tasa nacional; sólo 6 están por debajo de la media nacional y son tres de los ubicados en la zona este de Caracas (Chacao, Baruta, El Hatillo) y los localizados en las montañas de Miranda (Carrizal, Los Salias).
En el estado se presentan tres zonas con una situación de violencia y criminalidad alta y distinta, aunque no desconectadas entre sí. La primera es la criminalidad presente en los municipios de los valles del Tuy, los cuales han sido muy violentos en los últimos años, los municipios Paz Castillo (Santa Lucia); Independencia (Santa Teresa), Lander (Ocumare), Simón Bolívar (San Francisco de Yare), Urdaneta (Cua), Cristóbal Rojas (Charallave) por la presencia de grupos urbanos que se dedican al robo, secuestro y también la extorsión.
La segunda zona es la vinculada a la zona de la playa y la carretera hacia oriente del país, los municipios Brion (Higuerote), Buroz (Mamporal), Andrés Bello (San José de Barlovento) y Páez (Rio Chico), los cuales este año superaron en las tasas de muertes violentas a la mayoría de los municipios de los Valles del Tuy (salvo Paz Castillo), pues sus tasas se ubicaron por encima de las 200 víctimas por cada 100 mil/h. En esta zona se presenta una modalidad novedosa de bandas que tienen un asentamiento rural y salen a la carretera o a las zonas urbanas a delinquir, y luego se repliegan hacia las zonas boscosas de la región.
Una tercera zona es la propiamente urbana del estado, cuyo elemento fundamental es el municipio Sucre de Caracas, Petare, que tuvo una tasa de 112 fallecidos por 100 mil/h. Petare, junto a Mariches y otras parroquias del Municipio Sucre tiene una alta criminalidad, similar a la que evidencian las ciudades satélites de Guatire (municipio Zamora) con 146 muertes por 100 mil/h y Guarenas (municipio Plaza) con una tasa de 103 muertes por 100 mil/h.
El territorio más violento del estado fue el municipio Acevedo (Caucagua), con una tasa de 342 muertes por 100 mil/h y que ocupó el quinto lugar entre los municipios violentos del país. Este municipio se encuentra ubicado en el medio de las tres zonas antes mencionadas y de alguna manera en sus espacios se encuentran y enfrentan los distintos grupos delincuenciales que operan en el estado.
Distrito Capital
En el Distrito Capital se mantiene el patrón que ha dominado la situación de violencia, con los dos grandes territorios violentos, el municipio Libertador al Oeste con una tasa de 100 fallecidos por 100 mil/h y el Municipio Sucre (Petare) al este de la ciudad con 112 muertos por cada por 100 mil/h. En el medio de ambos, con tasas inferiores a la media nacional los municipios de Chacao (60 por 100 mil/h), El Hatillo (46 por 100 mil/h) y Baruta (28 por 100 mil/h).
Sucre
De los catorce municipios del estado Sucre sólo cuatro tienen una tasa por debajo de la media nacional. El estado Sucre ha tenido un incremento importante de la violencia en los últimos años y esto se encuentra relacionado con la expansión del crimen organizado hacia estas zonas para controlar el tráfico de droga hacia las islas y el mar Caribe. Adicionalmente, estos grupos se han dedicado al robo y la extorsión local, generando un control de amplios territorios y de las carreteras. Los pescadores artesanales han debido reducir sus horarios y zonas de pesca para evitar ser asaltados para robarles su dinero o los motores de sus lanchas en alta mar, y los grandes barcos han sido víctimas de robos una vez que las embarcaciones atracan en el puerto.
El municipio más violento del estado Sucre fue el Andrés Eloy Blanco cuya capital es Casanay, con una tasa de 214 muertes violentas por 100 mil/h. Este municipio tiene la particularidad de estar atravesado por carretera troncal 10 que comunica las costa del estado desde Cariaco y Casanay con Maturín, y luego continua hacia el estado Bolívar pasando por Ciudad Guayana para llegar hasta Santa Elena de Uairén en la frontera con Brasil, por lo tanto es una vía relevante para el control que ejerce el crimen organizado.
Los otros municipios de alta criminalidad están ubicados en la conexión de las penínsulas de Paria y Araya que se han convertido en territorios controlados por la delincuencia. El municipio Valdez (Guiria) con una tasa de 203 fallecidos por 100 mil/h. Y los municipios Cajigal (Yaguaraparo) y Mariño (Irapa) con 189 y 145 fallecidos por 100 mil/h respectivamente.
En este año se dieron situaciones de mucha violencia en el enfrentamiento entre las bandas dedicadas al tráfico de drogas que llevaron a masacres como las ocurridas en San Juan de las Galdonas y cuyas cifras no ha sido posible conocer adecuadamente. Este municipio Arismendi tuvo una tasa de 49 muertes por 100 mil/h, una cifra muy inferior a la de otros municipios como Ribero (Cariaco) o Cruz Salmerón (Araya) que tuvieron unas tasas de 82 y 80 muertes por 100 mil/h, una cifra similar a la media nacional.
La producción agrícola del estado también ha sufrido los embates del hambre y de la criminalidad y se acentuaron en este año los robos a los productores de café, cacao y caña de azúcar. Esto ha sido relevante en el municipio Montes (con una tasa de 106 fallecidos por 100 mil/h) y Cajigal (189 muertes por 100 mil/h).
Zulia
En el estado Zulia la violencia y la criminalidad está marcada por dos factores complementarios: por un lado la frontera con Colombia y, en particular con zonas de producción de cocaína del territorio colombiano y, por el otro, el lago de Maracaibo y la existencia de una multiplicidad de pequeños puertos de pescadores sobre el lago, y la existencia de ríos que comunican los dos países por sus rutas fluviales, donde además se encuentra una mano de obra experta en el manejo de embarcaciones por estos canales de comunicación fluvial o lacustre.
Es quizá esta circunstancia la que puede permitir comprender la situación de violencia en los municipios ubicados en la zona occidental de sur del Lago de Maracaibo y frontera con Colombia: el municipio Jesús María Semprúm (162 por 100 mil/h), por donde ingresa la droga, Catatumbo (81 por 100 mil/h) y Colón (113 por 100 mil/h) por donde es transportada hacia el lago. Y la alta criminalidad y tasas de homicidios de los municipios ubicados al otro lado del lago, como Santa Rita (213 por 100 mil/h), Baralt (165 por 100 mil/h) y Simón Bolívar 148 por 100 mil/h), los cuales reciben la droga y se encargan de su transporte, nuevamente por vía lacustre o por vía terrestre, a través de la carretera Panamericana hacia los puertos o aeropuertos legales o ilegales por donde sale del país.
Una situación diferente se encuentra en los municipios cercanos a la ciudad de Maracaibo, como la Cañada de Urdaneta (109 por 100 mil/h), y J.E. Losada (88 por 100 mil/h). Aunque no se excluye en esto municipios el involucramiento en el delito del tráfico de droga, su dinámica responde a una multiplicidad de factores más amplios como el contrabando de bienes, ganado y gasolina hacia Colombia para extraer una renta de los productos regulados y del diferencial cambiario.
Lara
El estado Lara se mantuvo estable en su tasa de homicidios entre los años 2017 y 2018, con una tasa de 51 muertes por 100 mil/h. De sus nueve municipios sólo uno tiene una tasa por encima de la media nacional.
Pero se observan cambios importantes: La violencia se acentúa en las zonas rurales, que se explica por la permanencia de bienes y activos de los productores que todavía se mantienen dando respuesta a las necesidades de alimentos en el país, pero se convierten en víctimas del crimen organizado dedicado a la extorsión con el cobro de rentas.
En el 2018 los casos de resistencia a la autoridad representaron el 14.6% del total de registros, es decir, un aumento de 20% en relación a 2017 y más de 45% en relación a 2016. La presencia de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) a partir del mes de julio en el estado Lara marcó un antes y un después con respecto a personas asesinadas por policías.
Aunque la mayoría de las muertes violentas del estado, cerca del 69%, ocurren en Barquisimeto, el municipio Iribarren con una tasa de 63 fallecidos por 100 mil/h., no es el municipio más violento del estado. El municipio más violento fue el Simón Planas, con una tasa de 127 fallecidos por 100 mil/h. Este municipio, cuya capital es Sarare, se vio en el año 2018 afectado por la acción de unas bandas delincuenciales que operan en la frontera con el estado Portuguesa y que se dedicaron al robo y extorsión de los productores rurales y de los trabajadores de las industrias procesadoras de alimentos y de licores ubicadas en la zona.
El incremento en esta zona es el resultado de los cambios en las oportunidades para el delito, que se ha movido hacia las zonas de producción y distribución agropecuaria donde es posible conseguir bienes que puedan proveer un beneficio que no se puede encontrar de otro modo por la carencia de efectivo.
Algo similar ha ocurrido en las ciudades del estado, donde han casi desaparecido los robos en el transporte público, pues las personas no llevan efectivo, y en su lugar se han incrementado los robos a las casas de los sectores medios y populares, donde roban los bienes electrónicos o los alimentos que hay en la despensa o la nevera.
Táchira
De los 29 municipios del estado Táchira, sólo 4 municipios tienen tasa de muertes violentas que están por encima de la media nacional. Los otros 25 tienen una tasa inferior, e inclusive hay municipios con tasas por debajo del umbral de epidemia.
De los cuatro municipios con tasas superiores a la media nacional, dos están ubicados en la frontera con Colombia, siendo el más violento el municipio García de Hevia, con una tasa de 121 fallecidos por 100 mil/h. En este municipio, cuya capital es La Fría, se encuentra un paso importante de la frontera desde Boca la Grita hacia Puerto Santander en Colombia. Es una zona con fuerte presencia de grupos paramilitares, y de la guerrilla colombiana, que convive con la presencia del ejército venezolano. En segundo lugar está el municipio Pedro María Ureña, con una tasa de 115 víctimas por 100 mil/h, y tiene una situación similar de cercanía del puente internacional de la frontera hacia Colombia, su cercanía con Cúcuta convierte esta zona como uno de los principales pasos fronterizos de salida de los emigrantes venezolanos. Los grupos armados que controlan estas zonas, en especial los “Paracos”, controlan también las más de 80 trochas, o pasos fronterizos ilegales, por las cuales pasa el contrabando de bienes y personas de un lado a otro de la frontera, la alta rentabilidad del control de estos pasos genera enfrentamientos continuos por el control de estos territorios y sus ganancias.
Los otros dos municipios más gravemente afectados por la violencia son Ayacucho y Antonio Rómulo Costa, aunque se encuentran ubicados en la ruta de la frontera, están dedicados a la producción ganadera y los productores deben pagar continuamente una extorsión que les imponen los grupos armados para permitirles trabajar y garantizarles su seguridad. En esta zona la violencia se mantiene por los continuos enfrentamientos ente los grupos armados por apoderarse de esta renta.
Mérida
El estado Mérida tiene la tasa de muertes violentas más baja del país para el año 2018 y así lo fue en el año anterior. De sus 23 municipios, en 16 se presentaron hechos violentos conocidos y sólo uno se encuentra con una tasa de muertes violentas que está por encima de la tasa nacional.
El fenómeno de la violencia en el estado Mérida está concentrado de manera particular en la llanura aluvial, donde se ubican los municipios Julio César Salas, Carracciolo Parra y Olmedo, Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora, que es un territorio cercano al lago de Maracaibo y donde se ubica la carretera Panamericana.
El municipio más violento de la entidad es el Julio Cesar Salas, con una tasa de 92 fallecidos por 100 mil/h. Este municipio se encuentra ubicado al noreste del estado y limita con el estado Trujillo, ubicándose en el mismo eje que los municipios más violentos del estado Trujillo (Andrés Bello, La Ceiba) y del estado Zulia (Baralt), con lo cual la dinámica criminal parece responder a las mismas fuerzas delictivas vinculadas al tráfico de droga en el sur del Lago de Maracaibo y la carretera Panamericana.
Una situación diferente se encuentra en los municipios montañosos, en la zona del Mocotíes, así como en la zona del páramo, donde otros factores sociales como el aislamiento y el machismo, las disputas por los linderos de los terrenos o el uso del agua, el exceso de alcohol o el consumo de droga pueden explicar la permanencia de la violencia local, donde además hay muy poca presencia de las fuerzas policiales, lo cual los hace más vulnerables, facilita el delito y propicia la impunidad.
Conclusión
La situación de violencia generalizada en el país y el control de amplias zonas del territorio por las bandas criminales y el delito, con sus costos en vidas, lesionados y miedo en las personas se ha mantenido en el año 2018. A pesar de la disminución de la tasa de muertes violentas, en Venezuela se mantiene una epidemia de violencia propiciada, tanto por la actuación de los criminales, como por la violencia del Estado.
Con una tasa de 81,4 fallecidos por cada cien mil habitantes, es bien probable que cuando se den a conocer las cifras del resto de países de la región, Venezuela se ubique como el país más violento de América Latina.
La violencia se ha generalizado por todo el país, lo que hace unos años era un fenómeno concentrado en las grandes ciudades, se fue generalizando hacia las ciudades medianas y pequeñas y ahora hacia las poblaciones rurales.
La violencia en Venezuela se ha ruralizado. La violencia, que otrora era un fenómeno urbano, se ha vuelto también rural, porque han aparecido un nuevo tipo de bandas delincuenciales, cuyos integrantes viven y operan desde las zonas boscosas o los pequeños caseríos del campo, desde donde salen a delinquir. Y también se ha ruralizado porque ante la crisis económica del país, la ausencia de dinero efectivo y la escasez de alimentos, la producción agroalimentaria se ha convertido en el nuevo botín de los delincuentes.
Además de los otros graves problemas que han sufrido los productores de alimentos por las expropiaciones y controles, y por la contracción general de la economía, ahora se le ha sumado la inseguridad y la violencia. Los robos, asaltos o saqueos a las unidades de producción, a las plantas procesadoras de la agroindustria, a los transportistas que trasladan los alimentos para distribuirlos por el país. La extorsión a los propietarios o los trabajadores por parte de las bandas organizadas bajo la amenaza de secuestro o muerte. El consecuente abandono por parte de los propietarios o gerentes de las unidades de producción por el temor a ser víctimas, y la necesidad de contratar formas privadas de protección para la protección del personal y bienes Todo ello ha repercutido en la estructura de costos y en la oferta de alimentos en el país. Por la inseguridad y la violencia también se producen y se distribuyen menos alimentos en el país.
Este proceso de ruralización de la violencia ha afectado también a las zonas donde habitan la población indígena, la cual se ha convertido en una nueva víctima de la violencia, tanto por la invasión de sus territorios ancestrales por bandas delincuenciales y grupos armados nacionales y extranjeros, como por la carencia de la protección que el Estado debe ofrecerles, así como por la promulgación de medidas gubernamentales que autorizan la explotación minera en amplios territorios del sur del país ocupados por estas poblaciones.
Los grandes movimientos poblacionales que ha vivido el país es están afectando la modalidades y oportunidades del crimen en el país. La salida masiva de emigrantes ha dejado espacios vacíos en sus territorios de origen que modifica las actividades del delito. El abandono de sus hogares de los emigrantes adultos los ha llevado a dejar atrás a niños y adultos mayores, quienes se convierten en vulnerables a la acción depredadora de las bandas, o susceptibles a los llamados para la incorporación, voluntaria o forzosa, de los niños y jóvenes a las bandas delincuenciales, las cuales empiezan actuar en algunos casos como familias substitutas. Los emigrantes a su vez son vulnerables a la acción del crimen organizado durante su recorrido o en sus lugares de llegada.
En ese contexto la única respuesta como política pública ha sido la actuación violenta por parte de los organismos de seguridad del gobierno, con un dramático incremento en las acciones extrajudiciales, lo cual representa un aumento de la acción represiva en su peor forma y no un incremento de la seguridad ciudadana, ni un fortalecimiento de la institucionalidad y de la imagen de respeto hacia los cuerpos de seguridad tan necesarias para devolver la paz al país.
Llamado Final
Con el diagnóstico que aquí hemos presentado sobre las diversas manifestaciones de la violencia, es evidente que ningún cambio de esta situación será posible sin que desde el Estado, las autoridades públicas asuman su responsabilidad de aprobar y poner en marcha políticas y planes de acción orientados a detener la criminalidad garantizando la vida, la paz social y el respeto a la dignidad y derechos de todas las personas.
Los equipos universitarios que conformamos el OVV cuestionamos las políticas y operaciones de seguridad violatorias de derechos humanos, que generan muertes, incrementan la violencia y no garantizan seguridad y protección de la ciudadanía. Reclamamos la prioridad de contar con instituciones y procedimientos policiales y judiciales fundamentados en principios de legalidad, justicia y garantía del debido proceso.
La sociedad venezolana ha sido profundamente afectada por el empobrecimiento, la diversificación de la violencia y el deterioro de la institucionalidad pública que debía ser garante de su protección y seguridad, no su amenaza o agente de vulneración de sus derechos. Ante el desamparo que resulta de la pérdida del Estado de Derecho y de las libertades públicas, es necesario profundizar nuestras convicciones democráticas, defender nuestros derechos ciudadanos y promover esos valores y comportamientos que históricamente nos han definido como pueblo solidario, ingenioso y promotor de justicia y libertad.
La violencia que hoy nos somete puede ser prevenida y controlada. No es una fatalidad irreversible. Desde las universidades públicas y privadas que conformamos el Observatorio Venezolano de Violencia, queremos reiterar nuestro apoyo a las acciones que contribuyan a la pacificación del país y enviar un mensaje de optimismo y esperanza a la población venezolana al afirmar que es posible el retorno a una vida social regida por normas y leyes, y no por la fuerza, las armas y la violencia.
Caracas, 27 diciembre 2018
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Notas:
[1] La tasa de muertes violentas por 100m/h se toma como un indicador de la intensidad de la mortalidad violenta en el municipio con independencia de su población proyectada para el 2018. De esta forma tiene sentido su empleo aun cuando la población del mismo sea menor de 100.000 habitantes