Prensa OVV Lara
En el último trimestre del año 2020, hubo más de 60 denuncias relacionadas con casos de extorsión en el estado Lara, según datos obtenidos de la División Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (CICPC) del estado por el diario “La Prensa”.
Para el primer semestre del año 2021, las denuncias por este tipo de delitos continuaron. La extorsión está asociada a estafas, robos, amenazas con explosivos a comerciantes y productores agropecuarios, hurtos y secuestros. La emergencia sanitaria por el Covid-19 no ha detenido la incidencia de estas agresiones.
El Observatorio de Prensa del OVV Lara, registró en el año 2021 varios casos de extorsión: en el mes de enero, se reseñó el amedrentamiento a comerciantes en el municipio Iribarren y a varios productores agropecuarios de los municipios Torres, Morán y Andrés Eloy Blanco. Fueron víctimas de extorsión por bandas organizadas que solicitaron dinero en moneda extranjera a cambio de no destruir los locales o asesinar a los animales de las fincas.
En febrero, fue detenido el jefe de la Brigada Territorial de Inteligencia (BTI) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), durante una entrega controlada de dinero, producto de una presunta extorsión. El funcionario tenía 14 años de servicio y estaba adscrito a las brigadas de la PNB que se comprendían entre FAES-BTI y ahora DIE. El hombre habría solicitado a su víctima 200 dólares en efectivo.
Para el mes de marzo, la prensa reseñó que en la vivienda de una funcionaria adscrita a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Cabudare, municipio Palavecino, le fue colocado un artefacto explosivo. Un hecho similar ocurrió en el sector Cruz Blanca del municipio Iribarren, específicamente en un concesionario de carros, causando daños a tres vehículos. Ésta es una forma de intimidar a los comerciantes que se rehúsan a pagar “vacunas” exigidas por los extorsionadores.
También en marzo, el diputado Guillermo Palacios denunció en la Fiscalía Superior del Ministerio Público que presuntamente un grupo de funcionarios de las FAES secuestraron en Guarico, municipio Morán, a un productor agropecuario. Al hombre lo amenazaron de muerte y le exigieron 20 mil dólares para no acusarlo de un delito y ser detenido.
En el mes de mayo, detuvieron a dos personas que se hacían pasar por funcionarios de seguridad del Estado. Uno de los casos ocurrió en el municipio Palavecino, donde una mujer con falsas credenciales del CICPC solicitaba dinero en dólares a las víctimas. El otro hecho fue en el municipio Iribarren, donde fue aprehendido un hombre que se hacía pasar por efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Miembros de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB lo capturaron y durante el procedimiento fueron incautados uniformes militares, un facsímil de fusil M-15, escopetas y varios paquetes de supuestas sustancias estupefacientes.
En el mes de junio, fueron aprehendidos los miembros de una banda dedicada a la venta ilícita de vacunas de Covid-19 en la sede del Hospital Dr. Egidio Montesinos, ubicado en El Tocuyo, municipio Morán. Los deteindos comercializaban el cupo para la colocación de la vacuna china Vero Cell. Según la información oficial, al menos cuatro de ellos eran trabajadores del reconocido centro de salud de la entidad y solicitaban a las víctimas montos en dólares para administrarles la dosis.
En el seno de los organismos del Estado hay que actuar
“Muchas veces la violencia y las extorsiones surgen desde el seno de los órganos encargados de administrar, velar y ejecutar la justicia en el país. Se trata de un problema complejo porque existe una descomposicón que abarca los aspectos socioeconómicos de los funcionarios policiales y de casi toda la administración pública”, explicó la abogado María Alejandra Mancebo, coordinadora de Programas y Proyectos de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Yacambú.
La experta jurídica explicó que las extorsiones casi siempre están dirigidas a personas con mayor poder adquisitivo. No obstante, en los últimos años, las denuncias demuestran que ese tipo de hechos le puede ocurrir a cualquier persona.
La docente universitaria explica que la corrupción ha ido en aumento en las últimas décadas en Venezuela. “Se trata de un flagelo que traspasa fronteras y que es visto en la actualidad como un delito transnacional. En el país los esfuerzos para atacar y reglamentar la corrupción no son suficientes”, considera.
Recordó la jurista que en el año 2003 entró en vigencia la Ley Contra la Corrupción, y que en 2014 fue reformada. No obstante, no logró su propósito y tampoco satisfizo las expectativas de la ciudadanía porque las penas impuestas a los imputados son cortas: van desde 3 meses a 6 años. Considera que son irrisorias para el impacto del daño causado.
Mancebo ve como preocupante que las extorsiones también las estén realizando algunos ex funcionarios, que saben cómo se articula el sistema y se benefician de esta situación. Dijo que hay un grupo de funcionarios activos que extorsionan y abusan, y hasta abogados con intereses oscuros que forman parte de ese círculo vicioso. “Allí se mezcla un contexto multifactorial que pareciera no tener salida”.
La profesora Mancebo afirmó que hay escasa preparación académica y de competencias por parte de los funcionarios públicos activos y ésa es también una de las causas del incremento de la corrupción en el país. “Desde hace dos años se observa que quienes ostentan los cargos de la administración pública son las personas menos preparadas desde el punto de vista moral y de sapiencia científica. Los que tienen la capacitación ya no están en la administración pública. Sería bueno saber si esa gente cuestionada es digna de representar esos cargos”.
Esta situación ha contribuido a crear desconfianza en la ciudadanía: “cada vez que ocurre una extorsión se está afectando a la administración pública. Se mina la integridad de sus representantes y en ocasiones se normaliza la extorsión y la corrupción”, dijo Mancebo.
La especialista lamentó que en el país se oculten las cifras delictivas oficiales desde hace varios años, lo cual se traduce en la imposibilidad de dimensionar en su justa escala el alcance del delito. “Muchas veces los casos de extorsión se vuleven efectivos para los delincuentes porque no requieren de rapto, ni de violencia física a una persona, solamente con amenazar directamente su vida o la de sus familiares y bienes generan resultados. La extorsión va más allá de afectar el patrimonio porque es intimidación y está siendo perpetrada por bandas organizadas, delincuencia común y funcionarios públicos”, finalizó María Alejandra Mancebo.