VPI TV
24 de febrero de 2022
El Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) presentaron los resultados de la investigación enfocada en la “Violencia estructural en la familia en la crisis humanitaria de Venezuela”.
El estudio tiene como fin evidenciar los distintos casos de violencia estructural por parte del Estado que han sumergido a familias de la nación en condiciones de pobreza extrema, propiciando situaciones de desnutrición, deserción escolar, abandono de los hijos, agresiones familiares, explotación sexual, trabajo infantil y casos de suicidio.
Olga Ávila, trabajadora social, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e investigadora del LACSO y el OVV; y Gloria Perdomo, profesora agregada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y coordinadora nacional del OVV, fueron las encargadas de dirigir el encuentro en el que se mostró la investigación cualitativa y cuantitativa, desarrollada entre agosto y noviembre de 2021.
Para el informe final, se realizaron 24 entrevistas a expertos, victimas, familiares de víctimas, funcionarios de instituciones del Estado y conocidos de situaciones de violencia.
En cuanto a la vulneración de derechos y violencia estructural, se concluyó en que la privación de servicios básicos (agua, gas doméstico, electricidad, transporte, entre otros) que genera un impacto negativo en la calidad de vida de las personas.
También se encontraron numerosos casos de violencia en diferentes estados de Venezuela, los cuales se clasificaron en diferentes categorías:
- Víctimas de violencia intrafamiliar y disfuncionalidad familiar
- Víctimas de violencia sexual o con riesgos a caer en red de explotación sexual
- Víctimas de violencia de género
En su mayoría, quienes sufrieron los abusos fueron niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ).
Los casos donde más se concentraron estos actos fueron: Zulia, Carabobo, Monagas, Bolívar, Lara, Aragua, Táchira, según casos reportados por prensa nacional luego que se consultaran 52 medios entre el 1 enero y el 31 de diciembre 2021.
Los tipos de delitos más destacados contra NNA, según Observatorio de prensa del OVV, fueron 782 homicidios intencionales y agresiones y violaciones sexuales.
Además, 314 mujeres fueron víctimas de violencia de género, destacando a los estados Carabobo, Bolívar, Zulia y Táchira con más casos.
Las representantes de las organizaciones mencionaron las obligaciones del Estado ante casos de violencia sexual y basada en género:
- Garantizar servicios y programas de notificación y de auxilio inmediato a las víctimas, garantizándoles la protección que requieren.
- Orientar a NNA y a sus familiares sobre programas y servicios disponibles para la protección de NNAJ en situaciones de violencia y vulneración de derechos.
- Garantizar el funcionamiento, en cada localidad del país, de los programas y servicios especializados en la protección de NNAJ.
- Desarrollo de programas de educación de DDHH y con enfoque de género para erradicación de prejuicio y patrones culturales que legitiman la violencia, desigualdad y violencia de NNAJ.
- Promover espacios de participación y formación de NNAJ para el conocimiento y defensa de sus derechos y el desarrollo de competencias de autocuidado, empoderamiento y prevención de violencia.
Ante le problemática, denunciaron que en Venezuela “no existen registros públicos que permitan el monitoreo público y regular de situaciones de violencia y vulneración de derechos contra la niñez“, y además el Estado omite su deber de garantizar con prioridad absoluta la protección inmediata e integral de la población que es víctima de violencia, derecho que se encuentra establecido en el art. 78 de la Constitución de la República.
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