Redacción 2001
2016-02-18
Faltaban cinco minutos para las once de la mañana y Maikel manejaba a la altura de Plaza Venezuela su motocicleta cuando, cercano a una popular arepera, uno de tres funcionarios de la PNB le indicó que se detuviera.
Tras solicitar su cédula y los papeles de su moto, uno de los agentes le exigió dinero para evitar multarlo, sin ninguna explicación. Le pidieron mil bolívares. “Me lo das y no ha pasado nada”, le dijo el funcionario al joven de 23 años que se gana la vida como mensajero particular. “No denuncies porque entre policías no se van a pisar la manguera”, agregó.
Tanto la popular “matraca policial” como otras irregularidades han sido cometidas por funcionarios cuya misión es velar por la seguridad de los ciudadanos. Los especialistas como Luis Godoy, ex Jefe de la División de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), y Luis Izquiel, criminólogo, aseguran que ha aumentado la incidencia de delitos cometidos por efectivos. La concurrencia ha despertado el debate sobre la necesidad de depurar los cuerpos policiales cuyo debate no es novedoso pero, en el tiempo, ha sido una propuesta que no ha concluido con resultados sobre los hechos.
Izquiel recordó, por ejemplo, que en el año 2009 hubo un proceso de transformación de la Policía Metropolitana para crear la Policía Nacional Bolivariana y “eliminar los vicios de la PM” pero resultó, a su juicio, un fracaso. “La PNB es el cuerpo policial que ha presentado mayores vicios”.
Izquiel resalta que lo ideal es que cada cuerpo policial cuente con una dirección que reciba las denuncias de los ciudadanos sobre faltas cometidas por funcionarios y les haga un seguimiento correspondiente a los agentes.
“El Estado no ha tomado medidas para prevenir esas situaciones, y tampoco ha habido un registro de policías destituido que impida que ese funcionario expulsado por cometer delitos sea reenganchado en otro cuerpo policial”, aseguró el criminólogo quien adelantó que en la Comisión Permanente de Política Interior de la AN se estudia el proyecto de ley de reforma policial en el que se expondrán, entre otros aspectos, la agilización del proceso para la depuración policial.
Godoy explicó que en la Ley de Policías hay trabas para determinar si un agente es responsable de algún delito y eso ha representado un obstáculo para la depuración. “O no lo puedes sancionar, lo destituyen o si no restituyen al funcionario por la inspectoría del trabajo u otros organismos”.
Homicidios
Durante la presentación de su Memoria y Cuenta, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que es preocupante el número de funcionarios que han incurrido en homicidios. Sin embargo, en el informe del Ministerio Público no se detalla la cifra de agentes policiales y también llamó a la depuración. Someramente solo asoma que hay en curso investigaciones contra 227 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, civiles y militares que cometieron extorsiones y secuestros.
“Hay enfrentamientos entre policías y maleantes que van a incrementar el número de personas que mueren a manos de funcionario; pero determinar cuántos agentes asesinan a personas por otros motivos”, aseguró Godoy, quien precisó que lo ideal en un Estado de Derecho el Ministerio Público determinará si en esas intervenciones hubo abusos y homicidios policiales en contra de personas inocentes.
En este sentido, Izquiel recordó en 2011 cuando Tareck El Aissami fue ministro de Interior y Justicia había dicho que 20% de los homicidios habrían sido ejecutados por policías. “Eso te da una idea de la gravedad del problema”, enfatizó Izquiel.
Godoy indicó que existen fallas que aún no han sido corregidas en los sistemas de ingresos de policías y asegura que gran parte de ellos carecen de formación académica sólida ni se les practica estudios psicológicos ni psiquiátricos previos ni de cualidades morales y condiciones familiares. “En muchos casos se privilegia la cantidad que la calidad”, resaltó.
Comentó que tampoco hay seguimiento de las actuaciones de los policías que incurren en hechos irregulares en el que, muchas veces, cuentan con la complicidad con otros funcionarios. A ello se suma que los ciudadanos no denuncian los delitos lo que contribuye al incremento de la impunidad.
El excomisario de la policía judicial explicó que diversos estudios y encuestas reflejan que 99% de los ciudadanos desean seguridad, pero la confianza en los cuerpos policiales se ha debilitado y, por consiguiente, se ha reforzado la impunidad. El Observatorio Venezolano de la Violencia estima que cerca de 80% de los venezolanos no confían en sus autoridades y se siente indefensa.
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