Efecto Cocuyo
Vanessa Moreno Losada | @morelosada24
27 marzo, 2016
Los policías venezolanos viven literalmente al lado de la delincuencia y algunos han sentido el poder que ésta ejerce cuando sus armas los obligan a buscar una nueva residencia. Ese es el caso de cuatro efectivos que esta semana fueron sorprendidos por delincuentes cuando se encontraban en sus viviendas.
Los cuatro hombres pertenecen a organismos de seguridad distintos: Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc), Policía Municipal de Libertador (Policaracas), Policía de Baruta y Policía Municipal de Páez. Es que el hampa no distingue uniformes.
El sábado 27 de marzo en la noche, un Polibaruta ingresó a la casa de su familia en el sector El Estanque de Coche, cuando vecinos le avisaron que delincuentes de la zona buscaban asesinarlo y quemarlo como represalia a su profesión.
El hombre tuvo que pedir apoyo a sus compañeros, pues los delincuentes habían rodeado la casa. La alarma se extendió a otros cuerpos policiales, y comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía de Miranda y Polibaruta se unieron para el rescate.
La situación no pasó a mayores, como sí ocurrió con un funcionario de Polipaéz, estado Miranda, el mismo sábado. Mientras el Polibaruta era rescatado, éste efectivo intentaba librarse de los delincuentes que robaron su vivienda y amenazaron a su familia en Río Chico. El agente no tuvo remedio que salir de su casa. Este caso fue reportado por varios efectivos, pero la directiva de la institución no tenía conocimiento del mismo.
Por compañeros del supervisor jefe de Policaracas, Larry Morillo, asesinado el 23 de marzo, se conoció que la familia de la víctima no ha podido regresar a la vivienda que habitaba hasta esa fecha en el barrio Los Sin Techos de El Cementerio. Delincuentes ingresaron al inmueble y sustrajeron todos los artefactos eléctricos. “No hay honor ni de guerra, ni de nada”, dijo uno de los allegados al funcionario a Efecto Cocuyo.
“La esposa, hija, madre y sobrinos del supervisor están esperando respuesta de los encargados de la Misión Vivienda para ver si los reubican. Ahora están en casa de un pariente porque no tienen dónde vivir”, contó otro compañero de Morillo.
Un día antes, un funcionario de la División Contra Robo de Vehículos del Cicpc tuvo que salir de su casa para evitar la muerte. Con siete miembros familiares a cuesta, el funcionario fue rescatado por la Brigada de Acciones Especiales (BAE) antes de que los 60 delincuentes armados con fusiles cumplieran la promesa de asesinarlo. Así lo afirmó uno de sus pares, quien tiene a 10 colegas desplazados por el hampa.
Tanto Río Chico, como El Cementerio y El Valle son conocidas como “Zonas de Paz”, lugares en los que el Gobierno intentó negociar con las bandas criminales para la entrega de las armas y su pacificación. El proyecto fracasó.
Vivir callado
El día que asesinaron a Larry Morillo un funcionario de su misma institución estaba cerca del sitio. Vio todo: la amenaza, el homicidio, las pesquisas, el robo; pero, no pudo auxiliarlo.
El hampa de Los Sin Techos lo tiene fichado y amenazado desde que en la Cota 905 mataron y quemaron a su hijo de 15 años de edad. “El funcionario sigue viviendo ahí porque no hay apoyo del Gobierno. Somos los hijos de nadie. El sueldo de un policía es de 12 mil bolívares mensual más bono de alimentación. No es fácil mudarse, aunque tengamos la muerte en la vuelta de la esquina”, explicó uno de los compañeros del Policaracas afectado.
Este uniformado ha visto a tres de sus compañeros sufrir por el desplazamiento que el hampa les impuso. Pero, Alejandra*, criminóloga graduada de la Universidad de Los Andes y con 12 años en el área policial, ha conocido de 50 casos de efectivos policiales y militares que han tenido que huir de sus hogares por la amenaza de las bandas delictivas.
“Hay algunos que lo han perdido todo porque no tienen otro sitio a dónde irse con todas sus cosas. A veces ni siquiera le dan chance de sacarlas, sino que les dicen que se vayan con lo que tienen encima. Luego no pueden volver, porque o ya se robaron todo o hay una nueva familia viviendo en su casa”, dijo Alejandra, quien también fue profesora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) y del Instituto Universitario de la Policía Metropolitana.
Asegura que esta situación no solo se vive en las conocidas “Zonas de Paz”, sino también en San Agustín, Antímano, Carapita, Las Adjuntas de Distrito Capital; Cúa, Charallave y Los Teques ( Miranda) y San Sebastián ( Aragua).
“Siempre se le dio prioridad a las personas de zonas populares para el beneficio de un apartamento de la Misión Vivienda, mientras que al policía se le fue relegando. De tal manera que se le dio casa a los que actualmente están matando a los funcionarios policiales”, explicó la especialista en materia policial sobre la asignación de nuevos hogares para los efectivos que vivan en zonas de riesgo.
Cree que el silencio del presidente Nicolás Maduro y del Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz promueve el descontento en los cuerpos policiales que se sienten desasistidos. Por esta razón, señala que el corazón policial se ha deshumanizado, pues los comentarios a favor de los linchamientos y los abatidos se vuelven más frecuentes.
Nota del redactor:
El nombre es ficticio a solicitud de la fuente que pidió anonimato para dar las declaraciones.
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